El fiscal de Corte dio su opinión de que se rechace un recurso de inconstitucionalidad presentado por GNLS contra la ley de Concursos con el cual había trabado el concurso al que se presentó la constructora brasileña OAS.

Esta última, había sido contratada para realizar tareas de construcción en la planta regasificadora y se le rescindió el contrato por diferencias técnicas en el desarrollo de la obra. Días después de la desvinculación comercial la filial uruguaya de OAS se había presentado a concurso de acreedores, afectada además por los coletazos del caso de corrupción de Petrobras en país y por la rescisión de contrato.

Además, ejecutivos de GNLS tienen una denuncia penal en su contra por estafa en Crimen Organizado efectuada por la empresa Costa Fortuna que había sido sub-contratada por OAS. En las últimas horas, GNLS presentó un recurso para que la denuncia salga de esa dependencia y pase a otra sede judicial.

El 17 de marzo, GNLS (consorcio local conformado por GDF-Suez y la compañía japonesa Marubeni, encargado de la construcción y puesta en marcha de la regasificadora) le rescindió el contrato a OAS (contratada para las obras de una escollera y dos muelles), aduciendo retrasos y diferencias técnicas.

Esa interrupción contractual se veía venir desde fines de 2014. OAS había contratado mucho más personal del que estaba pactado originalmente y en febrero decidió enviar a 150 trabajadores al seguro de paro. Allí comenzó una ocupación del sindicato de la construcción (Sunca) y las obras quedaron paralizadas. Luego de varias idas y venidas, se concretó la rescisión del contrato y allí ya se vislumbraba el otro final: la salida de GNLS del proyecto en Puntas de Sayago, algo que finalmente ocurrió a fines de septiembre. Previo a eso, GNLS le había ejecutado una garantía de US$ 126 millones, además de no pagarle un último certificado por avance de obra de US$ 16 millones.

El 6 de abril OAS se presentó a concurso voluntario de acreedores y las diferencias entre ambas empresas dejaron de ser técnicas y pasaron a la órbita judicial. Ante esa acción de la constructora brasileña, GNLS presentó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Concursos ante la Suprema Corte de Justicia. En el argumento se indicó que en el contrato entre ambas empresas existía una cláusula de arbitraje que queda sin efecto con el concurso de acreedores.

Ese artículo de la ley al que refiere el recurso expresa refiriéndose a la prohibición de promover nuevos juicios que "declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas".

El lunes 19 de octubre la Fiscalía de Corte comunicó a la Suprema Corte de Justicia que a GNLS no le asistía razón en el recurso de inconstitucionalidad presentado. Ahora, esa dependencia deberá resolver ya que la opinión de la Fiscalía no es vinculante.

En el documento —al que accedió El País— la Fiscalía sostiene que "no hay razonabilidad ni proporcionalidad ni finalidad válida para vedar a GNLS de poder acudir a un tribunal arbitral, tal como fuera pactado. No se justifica que los acreedores que hubieran iniciado proceso judicial o arbitral antes de la declaración de concurso se les permite continuar con sus actuaciones, y los que no lo hubiesen iniciado se les prohiba tal derecho. La desigualdad es evidente".

En otro de los argumentos para desestimar el recurso sostiene que "es correcto que existe una injerencia de normal legal en la relación contractual de las partes que, por ejemplo, han pactado el arbitraje como forma de resolución de los conflictos, pero ello es permisible en aras de intereses más generales y, además, garantizándose el acceso a la jurisdicción plena y la doble instancia en sede concursal".

Hace dos meses, la firma Costa Fortuna —constructora de estructuras de pilotaje para obras de gran porte— denunció penalmente por estafa a GNLS en Crimen Organizado.

Para la empresa, el consorcio "engañó", "jugó su partido, al límite más allá de la legalidad", montó "una estratagema" y una "maniobra meticulosa y sofisticada" con "el objetivo principal de obtener un provecho injusto de sumas millonarias en dólares".

Costa Fortuna fue una de las empresas contratadas por OAS para efectuar tareas en la planta regasificadora en Puntas de Sayago. La denuncia penal fue para varios ejecutivos de la constructora brasileña y GNLS al entender que fue engañada por ambas compañías con un perjuicio de aproximadamente US$ 10 millones.

Según supo El País, GNLS presentó recientemente una excepción de incompetencia ante Crimen Organizado con la intención que la demanda penal salga de esa sede judicial. El recurso fue elevado a la jueza Adriana de los Santos y la magistrada dio vista al fiscal Juan Gómez. El procedimiento marca que el fiscal debe dar su opinión a la jueza para que luego ella adopte la decisión final. En caso de aceptarse el petitorio de GNLS la demanda de Costa Fortuna saldrá de Crimen Organizado para pasar a otro juzgado.

Un recurso con opinión en su contra y otro que aún espera decisiónMAXIMILIANO MONTAUTTI