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La reforma jubilatoria que se viene ya provoca los primeros chispazos

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La delegación empresarial en el BPS sostuvo que "en los últimos años el diálogo social" en el directorio "se ha violentado". Foto: Fernando Ponzetto

JUBILACIONES

Los primeros planteos de cara a una reforma jubilatoria —en cuya necesidad coinciden todos los partidos— generan chispazos entre los actores involucrados.

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La coalición de gobierno que asumirá en seis semanas sabía de antemano que una de las duras batallas que tendrá que enfrentar y resolver es la reforma del sistema de seguridad social. Hay unanimidad en el arco político -no solo en los partidos que gobernarán sino también en el Frente Amplio- acerca de que se deben procesar cambios, pero no sobre los caminos a recorrer, y en los últimos días surgieron los primeros chispazos.

Hubo cruces con actores externos a la coalición por el estado del sistema y de las finanzas del Banco de Previsión Social (BPS), así como hay matices entre los socios sobre la reforma a impulsar: subir o no la edad de retiro, e incluir a todas las cajas en el debate.

La decisión ya tomada, según adelantó el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, es convocar a “una comisión de expertos para trabajar el tema”.

La última gran reforma del sistema en 1995 -entró en vigencia al año siguiente, creando el régimen de AFAP, entre otras modificaciones- también surgió de un ámbito técnico multipartidario, que contó con presencia además del Pit-Cnt, los jubilados y las organizaciones empresariales.

Según dijo en diálogo con El País Ariel Davrieux, en aquel entonces director de OPP, en 1994 “era claro que el sistema no estaba en condiciones de financiarse” y en diciembre tras ganar la elección, el nuevo gobierno convocó a la comisión. “Se trabajó durante el verano” y en febrero había un informe en mayoría que redactaron blancos y colorados (coalición de gobierno) junto al Nuevo Espacio, sin respaldo del Frente Amplio, el Pit-Cnt y los jubilados.

“Entre marzo y junio se elaboró el proyecto de ley, que tuvo un trámite rápido en el Parlamento y en septiembre ya estaba promulgado”, expresó Davrieux. Planteó que lograr hoy una agilidad similar sería ideal, pero “dependerá de la voluntad política de la coalición y en especial de la cabeza, el Partido Nacional”. A su vez, aclaró que si bien “era más urgente la reforma en aquel momento”, hoy son necesarios cambios.

Precisamente acerca del estado de situación de las finanzas del BPS surgieron los primeros cruces. Para Alfie el régimen “está absolutamente quebrado, y dice o me asisten o no puedo pagar, pero cuánto tiempo se lo va a asistir y cuánto es la cantidad de impuestos generales que hay que pasarle por año al BPS, es una cifra sideral y además Rentas Generales lo asiste”.

De acuerdo con información presentada el año pasado por el economista Gabriel Oddone, con datos del 2017 el Estado transfirió al BPS -contabilizando la asistencia financiera y los impuestos afectados- 4,9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también destinó 1,4% del Producto a la Caja Policial sumado a la Caja Militar, que pagan apenas el 10% de las jubilaciones.

BPS: "Se debe cumplir con todas las condiciones de derecho" para recibir asignación familiar.
Banco de Previsión Social. Foto: Archivo El País.

El director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a El País que “se reduce mucho el análisis hablando solo del déficit y generando la idea de que el sistema va a quebrar”. Respondió a Alfie que “cuando él fue ministro de Economía (2003-2005) todos los indicadores eran peores que hoy, la cobertura del sistema, la suficiencia de las pasividades así como la sostenibilidad financiera”.

Edad de retiro.

Ruiz cuestionó que “siempre aparezca la propuesta de postergar la edad de retiro” cuando se debate sobre la seguridad social. Es que Alfie dijo la semana pasada que desde su punto de vista “parece razonable aumentar la edad mínima jubilatoria y adecuarla a los demás países del mundo”.

Brasil aprobó hace poco un cambio legal que elevó la edad de retiro a 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, siendo esta última la edad de jubilación más alta de América Latina, mismo requisito que en Argentina, Costa Rica, México y Perú, según un informe de la BBC de julio pasado.

Jubilados en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto
Jubilados en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Hoy los requisitos para acceder a una jubilación -en el régimen general, aunque hay excepciones- son 30 años de trabajo y 60 años de edad, aunque en promedio los uruguayos se retiran con 63 años.

Álvaro Forteza, economista especializado en seguridad social y asesor en esa área del Partido Independiente, manifestó a El País que “es posible” hacer una reforma sin modificar la edad de retiro, porque “la importancia y el efecto que puede tener esa variable depende del diseño general del sistema”.

Esto en alusión a que se abren dos caminos: “una reforma paramétrica cambiando algunos valores como la edad de retiro o la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo base que cubre la jubilación); o una reforma estructural de diseño, yendo hacia un sistema actuarialmente justo donde la edad de retiro importa poco”.

La última de estas opciones es la que impulsan el Partido Independiente y el sector del Partido Colorado liderado por Ernesto Talvi. Tomando el modelo sueco, plantean adoptar un sistema de cuentas nocionales donde en valores contables cada trabajador va acumulando dinero durante su vida activa, monto que al momento del retiro se le suma un factor de revalorización (como la evolución del PIB o de salarios) para fijar una renta vitalicia tomando en cuenta la esperanza de vida.

Forteza dijo “no saber” si está opción triunfará, porque “no alcanza” con el respaldo de dos socios de la coalición.

Sobre subir la edad de retiro, Ruiz dijo que no conoce “estudios que midan el impacto (positivo) en las finanzas del BPS” de la medida, y que aunque legalmente se lleve a 65 años, puede ocurrir que “el mercado de trabajo no dé oportunidades” a gente de edad avanzada.

¿Incluir a todas las cajas?

Alfie sostuvo que el debate sobre la seguridad social debe incluir a las cajas paraestatales (Policial, Militar, Bancaria, Notarial y de Profesionales). “Seguramente no pueden haber sistemas que no tengan ninguna asistencia (del Estado), lo único que esa asistencia tiene que ser soportable a largo plazo”, planteó. Ruiz apoya la idea de dar un debate general e incluir también a las AFAP, que tienen una agenda de reformas a plantear al próximo gobierno, confirmó a El País la gerenta general de Unión Capital, María Dolores Benavente. Un previsible punto de conflicto es la Caja Militar, reformada parcialmente en 2019 con votos del Frente Amplio. “Desde lo técnico sin dudas” todas las cajas deben ser estudiadas, aunque “puede haber dudas de carácter político, si por incorporar a algún sector se traba todo”, dijo Forteza.

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