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Reforma jubilatoria: el desafío económico que se viene para la población envejecida uruguaya

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Representantes de la OIT destacaron la cobertura del sistema previsional uruguayo, en contraste con otros países de la región. Foto: AFP

ANÁLISIS

Expertos plantearon retos que impone la longevidad y cómo mejorar el sistema de cuidados de cara a la reforma jubilatoria que se analiza.

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La población económicamente activa en Uruguay decrece y las personas cada vez viven más años, lo que implica múltiples tensiones en términos de los sistemas de seguridad social no solo a nivel económico y financiero sino también porque aumenta la demanda de los cuidados que la población adulta necesita.

Este fue el tema abordado en la conferencia virtual “Desafíos de la longevidad” organizada por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), en la que su presidente, Rodolfo Saldain, enfatizó en que “hay desafíos importantes” en múltiples dimensiones asociados al envejecimiento de la población y habló sobre la necesidad de “cuidar cada niño y joven” porque “es uno de los patrimonios principales” que tiene el país.

A nivel global hay tres tendencias -y Uruguay no es la excepción- que explican el aumento de la demanda de servicios de atención y apoyo a la dependencia de los adultos mayores, según explicó el especialista de protección social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pablo Ibarrarán.

En primer lugar, el hecho de que entre el año 2020 y el 2050 aumentará un 50% la cantidad de personas dependientes (mayores de 65 años). Según datos del Banco de Previsión Social (BPS) expuestos por Ibarrarán, el porcentaje de mujeres mayores de 65 años pasará del 18% al 25%. Además, se debe tener en cuenta la tasa de dependencia de estas personas mayores de 60 años, que se ubica en un 12% aproximadamente y hasta un 25% en la población mayor de 80 años.

El presidente del BPS señaló que el déficit estará por debajo de los US$ 800 millones previstos. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

La segunda tendencia refiere a que el tamaño de los hogares se está reduciendo y la tercera refiere al aumento de la participación laboral de las mujeres, que en los últimos 30 años ha pasado de 48% a 60% del mercado de trabajo.

De acuerdo con el especialista del BID esto implica la confluencia de dos factores, por un lado un aumento significativo en la demanda de servicios de apoyo y cuidados, y por otro lado, una disminución en la oferta dado que quienes cuidan tradicionalmente de esta población son las mujeres.

Dado que en Uruguay un 3% de los adultos mayores vive en residencias, sumado a que el 82% de las personas de tercera edad son cuidadas por familiares en su domicilio -sin que esas tareas sean remuneradas- y teniendo en cuenta además que el 20% de los adultos mayores con dependencia no recibe cuidados, se enfatizó en la necesidad de implementar un óptimo sistema de cuidados.

Si bien el especialista del BID afirmó que Uruguay “ha avanzado mucho en esta agenda” en comparación con otros países de la región y que ya cuenta con una regulación e institucionalidad, dijo que aún tiene retos por delante.

Aumentar la eficiencia del gasto socio-sanitario es para Ibarrarán el principal potencial al implementar un sistema de cuidados y citó evidencia internacional que demuestra que en países con mayores cuidados al adulto mayor, se evita un mal uso de los servicios de la salud .

“Hoy el sector de salud en Uruguay está invirtiendo recursos en cuidados aunque no sea explícito, eso es importante contabilizarlo y explicitarlo”, señaló el experto.

Definir cómo se financia el sistema de cuidados es fundamental según el experto del BID, quien explicó las diferentes alternativas que existen. A su entender, lo ideal es que el sistema de cuidados sea único en cuanto a la calidad de los servicios prestados y no que las personas accedan a mejores prestadores que otros según su capacidad de ingreso.

Sobre este punto el presidente de la CESS consultó al especialista del BID sobre qué tan preferible es la modalidad de financiamiento que hoy rige en Uruguay (mediante la vía impositiva) en comparación con un sistema pre financiado por las contribuciones de las personas.

“No tenemos una posición firme”, indicó el especialista pero explicó que en momentos de crisis, el primer rubro en el que se suele disminuir el gasto es en el sistema de cuidados porque no es un sector tan consolidado como otros donde se protege más el gasto. “El financiamiento por impuestos generales tiene esa limitación” por lo que, “pareciera que hay mayor argumentación por tener sistemas que estén prepagados”, afirmó Ibarrarán.

Cola de jubilados en Uruguay. Foto: Archivo El País
Cola de jubilados en Uruguay. Foto: Archivo El País

Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, la economista y especialista en desigualdad de género en el mercado laboral, Soledad Salvador, afirmó que las mujeres financian el sistema de seguridad social con su trabajo no remunerado. “Ha habido avances pero hay un tema grave a atender que es que los cuidados siguen quedando depositados en las mujeres”, indicó Salvador.

Desde el BID también creen que es un tema de género dado que según los datos expuestos el 70% de las personas que cuidan a los adultos mayores son mujeres. En Uruguay, 8% de la población no trabaja porque precisa cuidar a personas de tercera edad, de ese total el 13% son mujeres y menos del 1% son hombres.

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