SEGURIDAD SOCIAL

Esta semana el Banco de Previsión Social (BPS) empezó a completar su directorio con la asunción de las directoras Daniela Barindelli (Partido Colorado) y Araceli Desiderio (Cabildo Abierto), restando un integrante. Además, hay directores sociales -de trabajadores, empresarios y jubilados- que conforman una conducción variopinta del organismo.

Al asistir parte del directorio al Parlamento para dar su opinión sobre distintos aspectos de la ley de urgente consideración -que culminó ayer su votación en la Comisión especial de Diputados y se debatirá la próxima semana en el plenario- se formaron “dos bandos” respecto a la creación de una comisión de expertos que elaborará las bases de la reforma previsional, con el presidente por un lado y los directores sociales por otro. Además, hubo consenso entre estos últimos sobre los cambios en las reglas para la elección de representantes en el BPS.

“No estamos aquí trasmitiendo una posición de tipo institucional. No tenemos un análisis hecho sobre el articulado del cual se haya arribado a conclusiones por parte del directorio, sino que cada uno de los presentes podemos dar nuestra opinión a título personal”, explicó el presidente del BPS, Hugo Odizzio, al comenzar la comparecencia el lunes ante la Comisión de Diputados.

El capítulo principal por el que acudió el BPS al Parlamento es el que crea las bases de la futura reforma de la seguridad social, que el gobierno pretende concretar el año próximo.

La propuesta es formar una comisión de expertos de 15 miembros que en 90 días deberá elaborar un “diagnóstico preliminar” del régimen previsional y en otro plazo igual elevar al gobierno “un informe con recomendaciones”.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo días atrás que “el objetivo es que haya presencia de expertos que representen todo el arco de opiniones desde lo académico, social y político”. Al comparecer la semana pasada en el Parlamento, agregó: “no me parece que tengamos que corporativizar de manera expresa la integración de la comisión” y señaló que “no (participarán) representantes de algo”.

Esto fue en respuesta a las críticas del Frente Amplio por no convocar un diálogo, como en 2008 y 2012, donde sí tengan representación garantizada los sectores sociales.

Esa misma crítica fue replicada en la Comisión de Diputados por Ramón Ruíz, representante de los trabajadores e BPS, y Sixto Amaro, director por los jubilados. En una posición intermedia quedó la representante empresarial, Elvira Domínguez -quien pidió diálogo social pero respaldó el plan del gobierno-, y del otro lado defendiendo la comisión de expertos el presidente del BPS.

“Este mecanismo (la comisión de expertos) se ha aplicado en otros países y, por la forma prevista de funcionamiento, no coincide con otros sistemas implementados en los últimos 15 años como el diálogo en seguridad social. De todos modos, se prevé escuchar a todos los actores relacionados con el sistema de previsión social”, dijo Odizzio y adelantó que no tiene “reparos” con la propuesta.

Amaro afirmó que el definido “no es el mejor camino para procesar una discusión de esa magnitud”. Dijo que “no se explicita la participación” de los sectores sociales, entonces “corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo decidir de qué forma se les dará lugar”.

“Creemos que el mejor método para asegurar este tipo de proceso es el diálogo social amplio, participativo y sin restricciones”, señaló el director del BPS por los pasivos. Cuestionó que se hayan reducido “exageradamente los tiempos de discusión y de debate” -en el borrador de la ley de urgencia se daba hasta diciembre de 2021 a la comisión para actuar- y sostuvo que como la reforma “afectará el futuro de cientos de miles de compatriotas, debe contar con un amplio respaldo político y social”.

A su turno, Ruíz dijo compartir “la necesidad de procesar” una reforma previsional, pero ve “con preocupación que el camino elegido no es el diálogo social”, método que señaló promueve “en forma explícita la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

El representante de los trabajadores añadió: “Estos debates no deben quedar en manos de técnicos o especialistas, sino que deben procesarse por el conjunto de la sociedad, a través de un gran diálogo social. Este camino puede ser más lento, más trabajoso y puede implicar más negociaciones, y en caso de alcanzarse acuerdos, supondrá renuncias de todas las partes. De eso se trata la democracia, y esto es particularmente relevante en la seguridad social, que configura un gran pacto social presente y futuro”.

Domínguez expresó que analiza los artículos de la ley de urgencia tomando “como base dos conceptos”, por un lado “la importancia del diálogo social” y por otro “la sustentabilidad de la seguridad social”.

La directora por los empresarios citó al experto en temas previsionales Rodolfo Saldain: “el principal ingrediente para atenuar el riesgo social de los procesos de reforma es generar un amplio proceso de información y diálogo”. Dijo que espera que así ocurra durante el proceso que se encarará próximamente y que hace un análisis “desde una óptica positiva” de la propuesta del gobierno.

Tras esto, el diputado blanco Rodrigo Goñi preguntó a Amaro y Ruíz “cuáles fueron las propuestas que se concretaron” del diálogo social desarrollado en 2016. El presidente de la comisión le advirtió que la consulta “excede” a la convocatoria. Igualmente, Odizzio recordó que la instancia de 2008 dio lugar a la ley de flexibilización de las jubilaciones, “que se ha cuestionado no solo” desde los partidos que hoy forman la coalición de gobierno sino también por “el anterior equipo económico” que admitió la “subestimación de las proyecciones”. En función de esto, dijo que “el diálogo asegura la participación, pero no el resultado”.

¿Qué cambiará en la elección del BPS y por qué los directores sociales no lo apoyan?

En 2011 y 2016 se efectuaron elecciones para votar a los tres representantes en el directorio del BPS. Luego, hubo críticas del sistema político por el costo de la elección, su obligatoriedad, la existencia de muchos votos en blanco y que deba votarse habiendo solo un candidato. Así fue que en 2019 se aprobó una ley que modificó ciertos aspectos de la elección, que tuvo el apoyo de todos los partidos.

Odizzio recordó en el Parlamento que esa ley incorporó un requerimiento para quienes quieran presentarse: tener el aval del 1% de los habilitados a votar (unas 8.000 firmas). Un artículo de la ley de urgencia propone dejar esto sin efecto, porque “en realidad la representatividad de los directores sociales electos en forma directa la dan las urnas, no el hecho de agregar condiciones y exigencias para ser candidatos”, dijo. Los tres directores sociales rechazaron el cambio. “Creemos que la ley, tal como está, brinda garantías democráticas suficientes que no son para nada exageradas”, expresó Amaro. Se preguntó si es “demasiado pedir representar a una organización de alcance nacional con personería jurídica, al menos con tres años de antigüedad”, y sostuvo que esos requisitos “permiten asegurar que quienes pugnen por el lugar” pertenezcan a “una representación social real”.

Domínguez indicó que “volver al régimen anterior es un error, porque en esa modificación no solo participaron técnicos y los directores sociales”, sino 24 cámaras empresariales “que hoy avalan” la ley. Recordó que lo dispuesto “recién se va a aplicar en noviembre de 2021” en la próxima elección y habría que esperar “para saber si el régimen fue mejor o peor”.

Ruíz subrayó que “en el proyecto de urgente consideración, sin diálogo y sin consulta, se quiere volver para atrás”.