Según la Ursea

Lo que se pagó de más frente a la paridad de importación en ocho meses.

FABIÁN TISCORNIA

Entre enero y agosto los uruguayos pagaron un sobreprecio en los combustibles equivalente a US$ 191,8 millones. Esa es la diferencia entre el precio abonado en el surtidor versus el precio que se hubiera pagado si existiera libre importación de combustibles, según la metodología de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía (Ursea).

En Ancap se cuestionan algunos aspectos de esa metodología y se entiende que si se liberara la importación de combustibles, muy difícilmente habría interesados en competirle.

En enero-agosto de 2017 el sobreprecio había sido de US$ 331,1 millones, por lo que el mismo bajó 42,1% en igual período de este año.

En ocho meses de 2018, los uruguayos gastaron US$ 1.743,9 millones en nafta Super 95, nafta Premium 97 y gasoil. En cambio, si se hubieran importado esos tres combustibles, habrían pagado US$ 1.552,1 millones.

Estos datos surgen del análisis realizado por El País de los informes mensuales de la Ursea sobre precios de paridad de importación de los combustibles derivados del petróleo. Las cifras de consumo mensual de combustibles fueron tomadas de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Ursea señala en sus informes que "la determinación de los precios de paridad de importación en Uruguay, es un ejercicio teórico que consiste en calcular el precio en el mercado local de productos terminados de similar calidad a la de los producidos por Ancap, en la hipótesis de que los mismos puedan ser importados libremente. Estos pueden ser considerados como precios de referencia, que intentan reflejar la actividad de un importador y los costos de eficiencia teórica que eventualmente se tendrían que asumir en el caso de que la ley permitiera la importación (de los derivados y de los biocombustibles). En la estructura de costos de los PPI (Paridad de Precios de Importación) se consideran referencias que reflejan operaciones eficientes y competitivas (internacionales de ser necesario) adaptadas a las condiciones nacionales, que no necesariamente coinciden con los costos incurridos en transacciones concretas efectuadas en el país".

Estos datos se comparan con los precios máximos vigentes aprobados por el Poder Ejecutivo para comercializar estos productos en plaza. Ancap analiza una suba de los combustibles, ya que el precio del petróleo y el dólar han aumentado por encima de la referencia.

Lo cierto es que la brecha entre el precio del surtidor y el de paridad de importación se ha achicado.

El sobreprecio de los combustibles respecto al ejercicio teórico de importarlo es menor que el estimado. Esa brecha no hay que buscarla en los costos de la refinería de La Teja y si el Poder Ejecutivo decidiera liberar la importación de combustibles, Ancap tiene "cero problema" con ello y probablemente nadie se arriesgaría a ingresar al mercado a competirle, según señalaron ejecutivos de la empresa en junio en ocasión del segundo taller del ciclo informativo para periodistas que organiza el ente.

Los principales cuestionamientos de Ancap a la metodología de la Ursea son que el organismo regulador imputa un IVA menor que el que es y no toma en cuenta los gastos de administración y ventas que tendría el eventual importador.

El otro planteo que hizo el coordinador de la Gerencia General de Ancap, Nicolás Spinelli fue que "uno debería cuestionarse si otro agente puede capturar toda esa eficiencia" que plantea la Ursea en el comparativo.

Aún así, la medición de la Ursea es "un estándar para compararse", apuntó el gerente general de Ancap, Ignacio Horvath.

Ahora, si Ancap es casi igual de eficiente que un "importador teórico", ¿por qué tendría un problema en que el Poder Ejecutivo liberara la importación de combustibles?

"Desde mi perspectiva, cero problema", respondió Jara en esa ocasión. "Si hay alguien que ya está instalado (por Ancap) y lo puede hacer más barato", agregó.

Recordó además que "hay costos que tendría cualquier agente". Es que la mezcla de biocombustibles está establecida por ley y la norma señala que el proveedor debe ser nacional y el único proveedor es Alcoholes del Uruguay (ALUR), empresa cuya propiedad pertenece en su casi totalidad a Ancap.

En ese sentido, Jara reconoció que ALUR "comparado con un operador eficiente (por ejemplo de Argentina o Brasil), es un proveedor caro".

"Mientras esté la ley (que el proveedor de biocombustibles debe ser nacional) la tengo que cumplir. El costo puede ser menor, ALUR no es el proveedor más eficiente de biocombustibles, pero tiene otras externalidades que Ancap no analiza", agregó la presidenta de Ancap.

Con ese panorama, si se liberara la importación de combustibles (y se mantuvieran los parámetros de que el precio lo fija el Poder Ejecutivo y la mezcla de biocombustibles debe ser con un proveedor nacional), ¿vendría un competidor?

Por el tamaño pequeño del mercado uruguayo "acá no podría haber una gran refinería, ni otra terminal", respondió Jara. Un importador debería hacer inversiones (en terminales para recibir los combustibles y almacenamiento al menos), tendría que tener una estructura para gestionar ventas, entre otros, antes de ponerse a competir con Ancap y esos costos deberá cargarlos al precio final.

La Brecha se está cerrando

La brecha entre el precio en el surtidor y el de paridad de importación se ha venido reduciendo. El sobreprecio pagado en nafta Super 95 y Premium 97 es de 8,5% y 8,6% respectivamente en los ocho primeros meses del año. En el gasoil es mayor: 17,1%.

Para verlo en dinero, en el primer trimestre del año, el sobreprecio mensual era de US$ 33 millones en promedio, mientras que en los cinco meses siguientes fue de US$ 18,5 millones. El mes de menor sobreprecio fue junio con US$ 11,98 millones, mientras que marzo fue el de mayor diferencia: US$ 37,1 millones. El objetivo es reducir la brecha promedio entre el valor de los combustibles y la importación a 7% a fin del año. "Hay un trabajo importante y la brecha se cierra", había dicho a El País una fuente del ente.