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Uruguaylidera el Índice Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 (Índice CCC) en su segunda edición) realizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks y también es primero en las tres subcategorías que lo componen “en algunos casos con una ventaja considerable sobre Chile, el segundo país mejor clasificado”, indicó el informe divulgado ayer.

Según el indicador, Uruguay obtuvo 7,78 puntos en 10 (Chile 6,57), siendo Democracia e Instituciones Políticas la subcategoría donde tuvo mayor puntaje con 8,12 unidades. En Sociedad Civil, Medios y Sector Privado tuvo 7,87 puntos y en Capacidad Legal tuvo 7,61.

Costa Rica con 6,43 puntos, Brasil con 5,52 y Perú con 5,47 unidades completan los primeros cinco. Venezuela fue el peor con 1,52 puntos en 10 posibles.

El Índice CCC “solo se enfoca en América Latina y, por lo tanto, no es posible comparar Uruguay con países fuera de la región”, no obstante “Uruguay demuestra algunas de las características clave que esperaríamos ver en las democracias desarrolladas fuera de América Latina con altos niveles de transparencia y tradiciones anticorrupción maduras y efectivas”, dijo a El País el coautor del informe Geert Aalbers, socio de Control Risks.

El otro coautor del reporte, el director senior de Política Roberto Simon dijo a El País que “en comparación con los otros 14 países analizados, Uruguay tiene una capacidad legal y una democracia más fuertes, así como una sociedad civil vibrante, y estos elementos son los pilares de un entorno anticorrupción efectivo. Uruguay también tiene algunas ventajas comparativas claras , siendo un país más pequeño y más desarrollado que el resto “.

Según el reporte, “el lavado de dinero ha sido históricamente una preocupación para Uruguay, uno de los principales centros financieros de América del Sur. Sin embargo, el Parlamento aprobó nuevos controles en 2018 y los datos disponibles también pusieron las capacidades de Uruguay contra el lavado de dinero por delante de los demás países”.

También se remarcó el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), según el analista asociado de Brasil y el Cono Sur de Control Risks, Gabriel Brasil.

“La Jutep es uno de los organismos anticorrupción más importantes de Uruguay. Históricamente ha presentado resultados sólidos y bien considerados en la promoción de políticas públicas para combatir la corrupción (incluidas medidas preventivas), así como iniciativas de cooperación internacional, que consideramos elementos importantes detrás de la capacidad de un país para combatir la corrupción”, señaló Brasil a El País.

En ese sentido, advirtió que “el impasse que siguió a la renuncia del expresidente de Jutep, Ricardo Gil es sin duda un revés, en cierta medida, para la lucha de Uruguay contra la corrupción”. El mandato de Gil terminaba en 2022, pero se fue el 30 de abril tras esperar sin éxito dos meses a que se integrara el organismo ante la renuncia de sus otros dos integrantes en enero y marzo.

Brasil afirmó que “lo hemos identificado como uno de los temas críticos a monitorear en los próximos meses. Las acusaciones de Gil (dijo que el sistema político no tiene voluntad de establecer controles serios) levantan una bandera roja y deben ser discutidas a fondo por las fuerzas políticas de todo el espectro político en Uruguay. Igualmente crítico es el hecho de que el gobierno aún no ha designado reemplazos permanentes para la junta de Jutep: este no es un momento en que Uruguay pueda darse el lujo de aflojar su control sobre la lucha contra la corrupción”.

“Dicho esto, no esperamos que esto represente riesgos de reversiones significativas para Uruguay, ya que la anticorrupción probablemente seguirá siendo un gran valor para la sociedad civil y, por lo tanto, limitará el margen para la intromisión sustancial de agentes políticos en instituciones como la Jutep, incluso si se realizan algunos cambios de gobierno en la organización”, agregó.