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A través de un decreto emitido en los últimos días del año recién finalizado, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de Emprendedurismo, que permite el financiamiento colectivo (crowdfunding) y habilita una nueva forma societaria -las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)-, entre otras disposiciones.

La ley de Promoción de Emprendimientos tiene como objetivo promover el desarrollo y la articulación del sistema emprendedor y fue un proyecto impulsado tras un acuerdo multipartidario por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y el legislador frenteamplista Walter De León.

Entre los aspectos contemplados por la ley está la creación de un nuevo tipo de empresas: las SAS, una forma jurídica que tiene como objetivo acortar los plazos y costos que al día de hoy implica constituir una empresa, especialmente para las de menor tamaño.

Según había explicado a El País el socio del estudio de abogados Scelza & Montano, Pedro Bellocq, que colaboró en el texto normativo, hoy crear una Sociedad Anónima (SA) tiene un costo aproximado de US$ 4.000, lo que significa “un importe inaccesible para muchos emprendedores”.

La nueva ley permite la implementación de un procedimiento de constitución de una empresa por medios digitales -a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic)-, lo que implicará una disminución de los costos de creación.

Según había manifestado Bellocq, el objetivo de la normativa es que cuando quede implementado el sistema, constituir una SAS cueste aproximadamente US$ 250 y pueda lograrse en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Por otro lado, la nueva normativa autoriza el sistema de financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding. Se trata del mecanismo más utilizado para el desarrollo de los emprendimientos a nivel mundial.

Este sistema de financiamiento permitirá que los emprendedores puedan conseguir el dinero que necesitan para su proyecto a partir de la participación de múltiples inversores a los que les deberán detallar una descripción del emprendimiento, así como la recompensa que ofrecerán. El Banco Central será el encargado de establecer los límites máximos de participación.