DECRETO

La empresa naviera MSC Uruguay afirmó que sigue “con atención y preocupación” la polémica en el puerto de Montevideo que surgió a raíz de un decreto -firmado por el presidente y todos sus ministros- a través del cual da prioridad para operar buques con contenedores a Terminal Cuenca del Plata (TCP), propiedad en 80% de la empresa Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP), lo que ocasionó el reclamo de su principal competidor, la empresa Montecon, que afirma que implicaría un monopolio.

En ese contexto, Roberto González, director ejecutivo de MSC Uruguay, dijo que la compañía “cree que la sana competencia es esencial para garantizar que el puerto siga siendo competitivo y productivo para el transporte de contenedores y continúe atrayendo a las líneas navieras globales que mueven las cargas de importación y exportación para la economía de Uruguay”.

MSC es una de las navieras más grandes del mundo en el rubro de transporte de contenedores y opera en Uruguay desde hace ya dos décadas.

González indicó que MSC “espera” que tanto el puerto de Montevideo como las autoridades nacionales “promuevan esos valores” como la competitividad, productividad y sana competencia, “en apoyo de su continuo éxito y desarrollo”.

El decreto firmado por el gobierno prácticamente elimina la competencia entre TCP, que opera la única terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo y Montecon, que opera en los muelles públicos multipropósito.

En este contexto, días atrás, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga dijo a El País que en caso de que el diálogo con las autoridades de gobierno no prospere y entre en vigencia el decreto “significaría seguramente el cierre de Montecon”.

¿Qué implica en concreto el decreto? El artículo 14º del reglamento establece que “la ANP deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito en caso de que la Terminal Especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas siguientes” a la resolución de la ANP.

En los hechos, esto lleva a que los buques con contenedores solo operen en casos excepcionales en los muelles públicos, cuando hoy el 60% de los embarques se realizan a través de Montecon y el 40% restante a través de TCP. Es decir la competencia que hoy existe, pasa a ser escasa.

El decreto firmado “viola la libertad de competencia del puerto de Montevideo, viola la ley de puertos” así como también “la libertad de elección de las líneas navieras para operar”, había señalado Olascoaga en esa instancia.

El argumento del gobierno -y que comparte TCP- es que la ley de puertos y un decreto reglamentario del año 1994 ya establece que se debe priorizar a la terminal especializada.