En 2009, en plena campaña interna del FA, el entonces precandidato José Mujica habló de eliminar el secreto bancario e incluirlo en una negociación con Argentina y Brasil. Desde el astorismo y la oposición le cayeron con todo. Ocho años después, el mundo fue en esa línea que se criticaba.

Desde 2018 Uruguay intercambiará información tributaria con otros países en forma automática, en lo que será el punto final (por ahora) de un proceso de adaptación e incorporación de normas vinculadas a la transparencia fiscal y antievasión, que coincide con un entorno global que desde hace una década presiona en ese sentido.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en una disertación días atrás, ubicó el punto de partida de este proceso en abril de 2009 cuando el país fue incluido en una "lista negra" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"A lo largo de ocho años el país ha avanzado hacia niveles de transparencia sabiendo que la opacidad fiscal no es una opción en el mundo de hoy, es un concepto antagónico con el desarrollo económico y social. Hoy esto es tan importante como hacer un buen acuerdo comercial o un buen tratado de promoción de inversiones, porque forma parte de la identidad del país cuando es observado desde el exterior", indicó el jerarca.

También destacó que en esos ocho años, Uruguay pasó de ser señalado como un paraíso fiscal a integrar el Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE y ser miembro del Comité de Asuntos Fiscales, además de que será sede el próximo año de la reunión del grupo sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria del organismo.

Tributaristas consultados por El País coincidieron con lo dicho por Astori aunque sumaron otros cambios normativos previos a 2009 que forman parte del proceso de transparencia de Uruguay.

Fabián Birnbaum, profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, dijo que "la preocupación de Uruguay por el cumplimiento de los estándares internacionales (de transparencia) siempre fue una cuestión de gran importancia". En ese sentido, recordó que el primer intento por promover una normativa referente a las sociedades holding fue en 1939, y en la discusión parlamentaria "se podía observar que el principal objetivo era promocionar a Uruguay como un centro de servicios financieros que pueda ser confiable para los inversores" tomando como referencia las estrategias de Bélgica, Holanda y Suiza.

El profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa, dijo a El País que "el comienzo de la transparencia y la prevención del lavado fue en 2004 cuando se dio la posibilidad a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) —que funciona dentro del Banco Central (BCU)— de intercambiar datos, ese fue el primer paso".

Luego llegó en 2007 la reforma tributaria que impulsó el Frente Amplio al llegar al gobierno, donde el país "adaptó su legislación a varios estándares internacionales y de cooperación", analizó Birnbaum.

Mientras que el profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza, destacó como impulso inicial hacia la transparencia la reforma organizativa de la Dirección General Impositiva (DGI), porque "sin una administración tributaria robusta las normas pueden quedar en la teoría".

Pese a estos esfuerzos locales, todos concordaron en que el gran envión vino del plano internacional como consecuencia de la crisis financiera global en 2008. "El G20 (grupo de las principales economías del mundo) ahondó en la presión para luchar contra la evasión, valiéndose para ello predominantemente de una organización técnica legitimada como es la OCDE", señaló Loaiza.

En la misma línea, Birnbaum indicó que los países desarrollados "se vieron forzados a exigir el cumplimiento del pago de impuestos por la tenencia de inversiones en el exterior, donde existían guarismos muy altos de evasión".

Poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control fueron los objetivos trazados por los líderes del G20. Tras un encuentro en Londres en abril de 2009, se publicó un reporte que dividió a los países en tres grupos: los que habían implantado sustancialmente los estándares internacionales de transparencia (lista blanca), los que se habían comprometido a implementar los cambios normativos en ese sentido (lista gris), y las jurisdicciones que no se comprometían a implementar los esquema globales antievasión (lista negra).

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Así se llegó a la inclusión de Uruguay en la lista negra de la OCDE y el resto es historia conocida: el país adoptó en ocho años una serie de cambios normativos (flexibilizaciones del secreto bancario, modificaciones en acciones al portador, entre otros) que lo llevaron a liderar en la región y aspirar a ser miembro de la OCDE.

Reforma Tributaria: eliminación de las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión), introducción del concepto de Establecimiento Permanente (EP), limitación a la deducción de gastos con "paraísos fiscales", incorporación de nuevas excepciones al levantamiento del secreto bancario y creación del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR).

Ley 18.718: introdujo el concepto de renta mundial para las rentas de capital mobiliario en el IRPF y nuevas excepciones para el levantamiento del secreto bancario.

Ley 18.930: creó un régimen para conocer titulares de las acciones al portador.

Convención Multilateral de Intercambio de Información: establece las bases para el intercambio entre los fiscos y múltiples opciones de colaboración contra la evasión.

Ley de Transparencia Fiscal: reglamenta que las instituciones financieras reporten al fisco cada año el saldo, promedio anual y rendimientos de los depósitos bancarios por encima de cierto límite. Obliga a identificar a beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en "paraísos fiscales".

Para Costa, a futuro la OCDE pondrá el foco "en los beneficiarios finales, para saber la estructura jurídica (de las sociedades)", y controlará que el intercambio automático de información tributaria sea efectivo. "Se irá a evaluar más la efectividad que los cambios normativos", sostuvo, y añadió que Uruguay "está mejor que varios países de la región en las normas para identificar al beneficiario final", producto de los cambios en la Ley de Transparencia Fiscal. Loaiza entiende que en los próximos años se "progresará en la interconexión automática y ágil de toda la información con un enfoque multilateral", aunque advirtió que esto esconde un desafío: "respetar los derechos de los contribuyentes, no sólo en cuanto a su privacidad, sino ante la eventual desprotección efectiva cuando existan conflictos entre administraciones tributarias". Asimismo, Loaiza advirtió que hay incertidumbre sobre el futuro "del proyecto de convergencia fiscal internacional ante el resurgimiento del llamado nacionalismo tributario", en especial luego de la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense. Al respecto, Costa dijo que el nuevo mandatario "en transparencia fiscal no va a cambiar nada" de la política actual de Estados Unidos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que formar parte del Centro de Desarrollo y del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE es "una etapa de aproximación a la membresía" que se "podría lograr en el próximo tiempo". El organismo multilateral actualmente cuenta con 34 integrantes plenos, siendo Chile el único representante de América del Sur. "Estamos cumpliendo con prácticamente todas las normas (de la OCDE). Creo que Uruguay está en condiciones de recibir la membresía", señaló Costa, y agregó que ese posicionamiento contribuiría a afianzar "la buena imagen del país" a nivel internacional. Mientras que Loaiza indicó que "es positivo" que Uruguay sea miembro pleno de la OCDE y que su ingreso "daría un marco de presión imprescindible para muchas reformas necesarias para el país en materia educativa, sindical, medioambiental y de gobierno de empresas públicas, entre otras". Pero aclaró que no será un proceso sencillo porque "hay muchos países que pretenden lo mismo y le llevan cierta ventaja" a Uruguay, al tiempo que remarcó que la mayor chance sería "sumarnos al proceso que está llevando Argentina" para ser parte de la entidad global. En 2015, el director del Centro para Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint Amans, dijo a El País: "Uruguay sería más que bienvenido como miembro de la OCDE".

MUJICA Y EL SECRETO BANCARIO