Preocupa suba de informalismo y contrabando en transacciones vía web.

Con el convencimiento que el informalismo y el contrabando tienen en el comercio electrónico un sitio de confort, autoridades —y también el sector privado— planean y realizan mayores controles a las compras por Internet.

La adquisición de mercadería —tanto en el extranjero como a nivel local— a través de la web se generalizó en los últimos tiempos. En esa nueva realidad se asiste a una suerte de mutación donde la venta de productos de contrabando o informal no solamente se realiza en puestos callejeros ubicados en avenidas o en ferias y crece cada vez más a través de Internet o las redes sociales.

Uno de los temas que formó parte de un evento organizado ayer por la Cámara de Comercio fue el fenómeno del informalismo y la competencia desleal que enfrentan los comerciantes. Allí, Anabel Frachia, socia del estudio de abogados Cervieri Monsuárez & Asociados, indicó que en el último año se verificó una disminución mínima en la venta de productos de contrabando a nivel callejero. "El informalismo se ha ido más al comercio online. Allí hay venta de productos de contrabando, falsificados, importaciones paralelas. Viene creciendo el informalismo en ese sentido y uno de los desafíos a futuro para el comercio formal es el online", sostuvo Frachia, quien además es integrante de la Cámara de Lucha Contra la Piratería y el Contrabando.

A nivel aduanero se es consciente del incremento exponencial que han tenido las compras en el exterior a través de Internet. Y es por eso que las autoridades afinan nuevos mecanismos de control.

En ese sentido, el gerente de control y gestión de riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Fernando Wins, informó que la oficina trabaja en la creación de una unidad de contralor al comercio electrónico. "Por el desarrollo de ese comercio, se entendió que se tiene que reforzar aún más el accionar en esa dirección", expresó.

Precisamente ayer, había un encuentro entre técnicos de diferentes dependencias de la DNA para seguir avanzando en la conformación de esa unidad. Wins añadió que al igual de lo que ocurre con el comercio exterior es "imposible controlar el 100% (de la mercadería que ingresa). Por eso, estamos trabajando en una mejora en la selección de riesgo".

Dentro de la unidad a crear funcionarán dos grupos: uno destinado al análisis y estudio de la mercadería que ingresa al país a través de los distintos puestos de frontera y otro vinculado a las compras a través de la franquicia que permite hasta cuatro operaciones en el exterior a través de Internet sin pagar impuestos siempre que se cumplan con determinados requisitos. En este último caso, los controles incluirán al Correo y a los couriers privados.

A nivel privado también se realizan controles al comercio electrónico. El estudio Cervieri Monsuárez & Asociados ofrece un servicio de monitoreo online donde con un software realiza seguimientos a operaciones de comercio electrónico. Esa operativa le permite suspender páginas web y productos falsos.

En diálogo con El País, Frachia indicó que la realidad ha mutado y por tanto ya no se observan puestos "repletos" de mercadería de contrabando o falsificada en zonas donde antes era común verlos como 18 de Julio, 8 de Octubre o el Paso Molino. "No quiere decir que no exista, pero se pudo limpiar bastante", dijo la experta. En contrapartida, marcó el crecimiento del informalismo en el comercio online. Señaló que ese aumento se produjo no solamente en las plataformas de venta, sino también en las redes sociales. "Tenemos muchos problemas con Facebook por ejemplo, donde se ofrecen productos. No existe impunidad absoluta, pero la tarea se dificulta bastante, aunque no es imposible", detalló.

Frachia añadió que el estudio, al constatar irregularidades, presenta denuncias al departamento de Delitos Informáticos de Jefatura y también ante Interpol. Explicó que mediante el IP (que identifica cada computadora o dispositivo) se logra llegar a la dirección física de cada persona y allí se le realiza un seguimiento. "Hemos tenido varias incautaciones y procesos exitosos", expresó.

Ejemplificó que la semana pasada se detectó en Maldonado a un vendedor de calzado deportivo a través de Facebook. Luego de la identificación se lo allanó e incautó la mercadería. "Hay muchos casos; lleva consigo una complejidad extra. Es más fácil cuando el vendedor da una dirección física. Cuando no la hay y, por ejemplo, la venta se realiza en una esquina es más difícil", finalizó Frachia.

El evento efectuado ayer contó con un segundo panel donde se expuso sobre los efectos de los cambios recientes en materia de inclusión financiera en el desarrollo de la actividad empresarial.

Uno de los disertantes fue el abogado Julio Facal, quien patrocina un recurso de inconstitucionalidad presentado por comerciantes contra algunos artículos de la ley de Inclusión Financiera. En su exposición señaló que el "mundo va tendiendo hacia la bancarización y las nuevas tecnologías, pero eso no puede darse por imposición; tiene que darse por incentivo".

Añadió que "cuando hablamos que el comerciante puede optar en aceptar la tarjeta o no es una falacia. Hay cuatro o cinco actores que ejercen un monopolio legal (para las transacciones electrónicas); no existen mecanismos sustitutivos para el que no acepte la tarjeta de crédito y eso implica que cualquier distorsión del mercado lo va a afectar".

En consonancia con eso, añadió que la ley no es inclusiva y añadió que la bancarización necesitaría una regulación específica.

Facal indicó que los comerciantes han detectado varios problemas que la ley trae aparejados.

"No son solo los aranceles que las tarjetas tienen. Están también las condiciones impuestas por los medios de pago en las contrataciones del servicio. Otro tema es cuando el pago es en cuotas, el arancel de la tarjeta es descontado en la primera", enumeró.

Recordó que hace años los comerciantes habían presentado denuncias contra las tarjetas de crédito ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) por prácticas abusivas.

"La Comisión estudió y determinó que esas prácticas eran abusivas sin perjuicio de seguir estudiando el tema. Allí, el Banco Central (BCU) se declaró competente, pidió los expedientes y los archivó", dijo Facal.

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