MÁS QUE EL RESTO, MENOS QUE VECINOS

Informe toma datos de 2016 y revela crecimiento de la carga impositiva.

La presión tributaria en Uruguay creció 0,9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) 2016 y llegó a significar el 27,9% del PIB. Los impuestos a los bienes y servicios fueron los de mayor incidencia (10,4% del Producto), seguido por las contribuciones a la seguridad social (8,9% del PIB) y los impuestos sobre los ingresos y utilidades (6,6% del Producto).

Así surge del informe "Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018" divulgado ayer que analizó la situación en 25 países. Se trata de un trabajo realizando conjuntamente por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

El concepto de presión tributaria hace referencia a los ingresos por impuestos (pagos al Estado sin una contraprestación definida) y las contribuciones a la seguridad social. Al utilizar datos de 2016, aún no está contabilizado en el caso de Uruguay el ajuste fiscal que implementó el gobierno a inicios del año pasado, que elevó algunas franjas del IRPF que pagan trabajadores y el IASS que abonan los jubilados, así como distintos cambios en las deducciones de esos impuestos y en el IRAE empresarial.

El registro de Uruguay lo ubica por encima del promedio de América Latina y el Caribe de 22,7% del Producto (5,2 puntos del PIB más) y por debajo de la presión tributaria de los países de OCDE —integra-do por las potencias económicas y algunos emergentes— de 34,3% del Producto (6,4 puntos del PIB menos).

Si se comparan el total de ingresos tributarios y aportes a la seguridad social de Uruguay con los vecinos, también el país queda por debajo: en Argentina suman 31,3% del PIB y en Brasil 32,2% del Producto, siendo ambos los mayores números de Sudamérica.

Del total de 25 países relevados, Cuba fue el que presentó la mayor presión impositiva con 41,7% de su PIB. En segundo lugar quedó Barbados (32,2% del PIB) y luego aparecen los vecinos, seguidos por Belice (29,6% del Producto) y posteriormente Uruguay, en el sexto puesto del listado (ver gráfico).

El resto de las naciones de la región que son de referencia para Uruguay tienen niveles bastante inferiores de presión tributaria: Chile 20,4% del PIB; Paraguay 17,5% y Venezuela 14,4% del Producto.

El relevamiento presenta datos desde 1990, que sirven para ilustrar la evolución de la presión impositiva en Uruguay: era 19,6% hace 28 años y pasó a 21,6% una década después; en el 2005 se ubicó en 23,9% y cinco años más tarde en 26,2%; mientras que creció en 2011 a 26,6%, en 2012 a 26,9% y en 2013 a 27,5%, registrando luego una baja en los dos años siguientes (fue 27,3% en 2014 y 27% en 2015) para llegar al 27,9% del 2016.

Esto demuestra que la contribución tributaria en Uruguay como porcentaje del PIB subió 10,3 puntos porcentuales entre 1990 y el año del reporte.

Los impuestos a bienes y servicios —como el IVA y el Imesi— significaron la mayor parte (10,4% del PIB) de la presión tributaria total, sin embargo es menor al registro del año previo (11,5% del PIB) y también está por debajo de los datos históricos (11,1% del PIB en 1990; 11,2% del Producto en 2000 y 12,2% del PIB en 2010).

Asimismo, Uruguay presenta el mayor nivel de los 25 países de aportes a la seguridad social (8,9%) en relación al PIB; con Argentina (6,9%) y Costa Rica (6,3%) que le siguen a distancia. El resultado también es superior al promedio de América Latina y el Caribe (3,7%) pero levemente inferior al de los países de la OCDE (9% al 2015).

La carga impositiva a los ingresos y utilidades —como el IRPF, el IASS, el IRAE, el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) e Imeba— explicó el 6,6% del PIB de Uruguay y está alineado con el promedio regional (6% del Producto). Previo a la reforma tributaria de 2007 (que reimplantó el impuesto a la renta personal), no tenían tanta incidencia este tipo de tributos: eran solo el 2% del PIB en el 2000 y el 0,9% en 1990.

En tanto, los impuestos a la propiedad —como el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales— representaron el 2% del PIB, cayendo 0,1 punto del Producto respecto al año anterior y por encima de la media de América Latina y el Caribe (0,8% del PIB).

El informe mostró que la presión tributaria promedio de los 25 países estudiados bajó de 23,1% del PIB en 2015 a 22,7% en 2016. Mientras en la edición anterior en solo cuatro naciones habían caído los ingresos tributarios, en esta fueron casi la mitad (12 países).

"La disminución refleja el ambiente económico general en América Latina y el Caribe, en donde el crecimiento del PIB se ralentizó entre 2012 y 2016. Los menores precios de los productos básicos lideraron en parte esta desaceleración y fueron un elemento determinante de la tendencia en los ingresos en los países", analizaron los investigadores a cargo del trabajo. La reducción de la presión fiscal en 2016 se debió en buena medida a la baja de 0,2 puntos del PIB de los impuestos sobre la renta, por menores ingresos por el gravamen de las rentas corporativas.

Sin embargo, a futuro esperan que "la declinación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se revierta" debido a "una recuperación del precio de los productos básicos y a una mejora en el clima económico" en la región.

De la presión tributaria total de América Latina y el Caribe en 2016, hubo un 29,3% que vino del IVA, un 27,3% de impuestos a la renta y ganancias, y un 21,2% de tributos sobre bienes y servicios. "Esto representa un movimiento hacia impuestos con valor agregado y se aleja de los impuestos basados en la renta y las ganancias", concluye el informe.

Un capítulo especial del trabajo "Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018" se centró en los impuestos a los ingresos, utilidades y ganancias de capital en la región. Es que en los últimos años se han masificado, en línea con su recaudación que casi se triplicó en las últimas décadas hasta llegar al 6% del PIB regional en 2016.

Un 57,1% de esos ingresos provienen de gravámenes sobre las rentas de empresas, mientras que un 31,9% corresponde a rentas personales —en Uruguay es a la inversa: 42,9% y 52,6% respectivamente— y el resto a otros tributos no imputables a personas físicas o jurídicas.

El informe también marca que hay "tasas de evasión alta" en los países de la región (en algunos casos superan el 50%), al tiempo que sostiene que el impacto redistributivo de estos impuestos es "débil". Esto último porque logró reducir apenas 2% la desigualdad de ingresos —comparando las últimas dos ediciones del Índice de Gini (2004-2007 y 2013-2014)— mientras en el mismo período este tipo de tributos alcanzó una reducción del 12% de las diferencias de ingresos en la Unión Europea. Pese a este desempeño calificado como "magro" por los investigadores, destacan el caso de Uruguay y otros países (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y República Dominicana) donde hubo "avances" en la redistribución, que se asocian "principalmente a un crecimiento en los ingresos por sueldos y salarios junto con modificaciones en la estructura del tributo".

También se comparan las tasas mínimas y máximas de imposición a la renta en cada país. Con las nuevas franjas de aportes tras el ajuste fiscal de 2017, el límite máximo del IRPF en Uruguay (36%) sería el segundo mayor de la región solo con Chile por encima (40%).