Hay señales claras del equipo económico de gobierno que la prioridad en política macroeconómica está en controlar el déficit fiscal. De a poco se comienzan a visualizar las pautas que se van a seguir en la elaboración del Presupuesto para los próximos cinco años y todas las señales son hacia la austeridad.

Es que el déficit del 3,6% del PIB (más de US$ 2.000 millones) es alto y las tendencias internas de gasto e ingresos hacen temer que se amplíe si no se toman medidas.

La austeridad en este caso responde a una necesidad preventiva ya que desde el exterior las noticias no son alentadoras y seguramente los próximos años exijan más esfuerzo en la distribución de la riqueza porque se va a sentir más la escasez de recursos. Es bueno ingresar a la zona de turbulencia con el mayor margen de maniobra posible para evitar situaciones con alto costo social.

De las manifestaciones de los principales integrantes del equipo económico, se traduce que el énfasis de la política en el corto y mediano plazo se centra en el abatimiento del déficit. Por cierto que no se desconocen otros desequilibrios macroeconómicos existentes como la inflación y la pérdida de competitividad, pero en este momento la prioridad está en las cuentas públicas.

La preocupación se entiende y se comparte. La principal razón es el contexto económico en el que se va a desenvolver el nuevo gobierno, que difiere del de las dos administraciones anteriores. La economía uruguaya creció en promedio al 5,4% anual en la última década, pero las proyecciones hacia el futuro son de un crecimiento inferior.

El ministro de Economía, Danilo Astori en oportunidad de hablar de los lineamientos para el próximo presupuesto señaló que proyecta un crecimiento inferior al 3% para este y el próximo año (entre 2,5% y 2,8%) y según otros trascendidos hacia el fin del quinquenio la economía estaría creciendo entorno al 3%. Tal trayectoria, que se asemeja al comportamiento de largo plazo de la economía uruguaya, puede ser incluso más lenta según cómo evolucionen nuestros vecinos.

Un crecimiento más lento tiene implicancias importantes en materia fiscal y dado el elevado nivel que alcanzó el déficit se entiende la preocupación. Se verán afectados tanto los ingresos como los egresos.

Uno de los puntos centrales de impacto financiero negativo va a estar en el mercado laboral. El ciclo del mercado laboral determinará que se logren menos ingresos para un gasto que quedará igual o se incrementará.

El elevado crecimiento que registró la economía en la última década se vio reflejado entre otros en un mercado laboral muy dinámico, que alcanzó niveles de empleo que no se habían registrado en el pasado y muy bajos niveles de desempleo, prácticamente la economía alcanzó el pleno empleo y la desocupación se reduce a la población con muy baja calificación con dificultades de encontrar un puesto.

Un crecimiento más lento tornará menos dinámico el mercado laboral, es de esperar un descenso del empleo y un aumento del desempleo. En los últimos años la recaudación tributaria más que acompasó al nivel de actividad y en particular la recaudación del IRPF (que recae mayoritariamente sobre los salarios) fue el tributo que más aumentó. Por otra parte, si disminuye el empleo, aumentarán los gastos por seguro de desempleo.

A su vez el gobierno debe hacer frente a una serie de gastos que no puede evitar y que son muy rígidos. Ese es el caso de los salarios, las pasividades y el financiamiento del déficit del Sistema Nacional Integrado de Salud, que continuará incorporando beneficiarios hasta el próximo año cuando toda la población este comprendida.

Un déficit elevado se puede financiar con endeudamiento. Hoy día Uruguay tiene el grado inversor de su deuda pública, lo que le permite acceder al mercado voluntario, es decir coloca sin mayores dificultades deuda en los mercados internacionales a tasas razonables. Ese grado de inversión, que fue ratificado recientemente por las principales agencias internacionales, se basa en la sustentabilidad de su deuda, es decir en la capacidad objetiva de honrarla. En tiempos de dificultades, la señal del déficit fiscal y su trayectoria se transforma en un elemento central para convencer a los inversores.

De persistir elevados niveles de deuda que ameriten un mayor endeudamiento, se podría ver afectada esa sustentabilidad, eventualmente se perdería la confianza y aumentaría el costo del endeudamiento.

En tal sentido, así como el Presupuesto del quinquenio anterior se puso como objetivo disminuir el peso de la deuda, de manera tal que se pudiese adquirir el grado de inversión, en las circunstancias actuales el objetivo debería ser no perderlo. Son contextos distintos, en aquellos años la economía crecía a un ritmo elevado, pero mayor era el aumento del empleo y la recaudación, lo que posibilitó una mejora fiscal. Si bien la deuda subió en términos absolutos, en relación al PIB cayó. Las proyecciones para el próximo quinquenio, si no se toman medidas, van en el sentido opuesto.

Preservar la solvencia de las cuentas públicas es importante también para diferenciar a Uruguay de sus vecinos en los mercados de capitales de forma tal que eventuales dificultades por las que puedan atravesar no nos afecten.

El presupuesto está en sus fases iniciales de construcción y hay un esfuerzo por evitar el aumento de impuestos y el eje de las exigencias se volcó hacia mejorar el desempeño fiscal a las empresas públicas.

Con respecto a estas últimas el ministro Astori señaló que se le exigirán en su conjunto un aumento en la contribución al resultado fiscal de US$ 600 millones, poco más del 1% del PIB. Esa contribución debería provenir de mayores aportes directos al gobierno y de una mejora en el resultado primario. Es un objetivo lógico, ya que las empresas públicas en su conjunto han sido deficitarias a lo largo de los cuatro últimos años, cuando históricamente no lo fueron. Pero no sólo por eso, sino que por su propio funcionamiento deben ser superavitarias.

Tal vez el aspecto más cuestionable sea el objetivo de déficit global hacia el fin del quinquenio. Se aspira a bajar tan sólo un punto a lo largo del período, del 3,6% actual al 2,5%. Es cierto que el gasto es muy rígido y que las promesas electorales implican mayores recursos, pero con la poca información disponible, prácticamente todo el ajuste estaría recayendo en las empresas públicas.

"Tal vez el aspecto más cuestionable sea el objetivo del déficit global. Se aspira a bajar tan solo de 3,6% a 2,5% a lo largo del período de gobierno".

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