POSICIONES DOMINANTES

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Con la próxima apertura de fronteras del lado argentino, la preocupación por la diferencia de precios en el litoral —debido a la brecha cambiaria entre ambos países— y por la vuelta del “bagayo”, se hace presente en las autoridades de gobierno y el sector privado. En tanto, esta preocupación hace surgir nuevamente la antigua discusión sobre por qué es caro Uruguay.

Este contexto movilizó a comercios, free shops y distribuidores, ya que sostienen que no serían suficientes las medidas que están sobre la mesa, como el descuento de tarifas y aportes patronales. “Hoy la única posibilidad para bajar los precios, es liberar la importación”, afirmaron fuentes de la industria de alimentos y bebidas a El País.

A su vez, afirman que la competencia no sería por categorías de productos, sino con la misma marca ya que al haber en muchos casos un único importador, genera una posición dominante al marcar los precios, permitiendo que estos sean mayores.

En esta línea, el presidente del Centro de Comercio e Innovación de Salto (CCIS), Ricardo Paulino, afirmó que “Uruguay es un país de primeras marcas”, lo que genera que, “por costumbre”, los consumidores siempre opten por la marca con mayor renombre.

Del mismo modo, destacó como otro atenuante, que “la primera marca, dentro del supermercado, tiene que tener un 80% de la góndola en exhibición y deja el resto para las otras”, lo que permite un mayor sobreprecio en estas marcas.

Por otro lado, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, ejemplificó, en relación a los sobreprecios en Uruguay, que “un producto de San Pablo, por la vía minorista de Brasil, pagando los impuestos directos y los indirectos, y después de los márgenes de ganancia de vendedores, llega a    $ 17 a Barra do Quaraí (localidad fronteriza con Bella Unión). El mismo producto, sale del mismo lugar a precio mayorista, sin pagar impuestos directos ni indirectos, entra al Puerto de Montevideo con arancel cero, y llega a Bella Unión a $ 82”.

Los motivos que explican esto, afirmó, no son ni los costos de transporte ni la prefinanciación del IVA, sino que son “el exceso de regulaciones que encarecen la autorización de ingreso, almacenamiento y transporte del producto, y la otra es márgenes abusivos, por posición dominante”.

Por este motivo, sostuvo que está trabajando en un proyecto de ley, para autorizar micro importaciones a comercios de frontera. Para esto ha trabajado con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; y el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

“Es micro, porque cargás un vehículo pequeño. Es una autorización menor a $ 100.000 por cada vez”, explicó Botana.

Este proyecto busca, según el senador, que los “comercios formales”, puedan “liberarse de la competencia desleal”.

De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el contrabando en nueve departamentos del país, representó en 2019 un valor de US$ 320 millones.

En tanto, explicó que en su proyecto la capacidad máxima de micro importación, se establece en proporción a la cantidad de cotizantes que tuvo la empresa en el Banco de Previsión Social (BPS), en el año anterior. “Si tenés más gente aportando al BPS, más podés importar”, afirmó el senador.

Agregó también que, en este proyecto, “se pagaría el mismo arancel cero que se paga en el puerto de Montevideo. Se pagaría la misma tasa consular y se pagaría un adelanto de IVA no descontable”.

“En vez de pedir que prefinancies el IVA y encarecer el producto, en frontera pagás el IVA por tu ganancia, es un 2% más si es IVA mínimo y un 4,4% más si es IVA general. Esto suponiendo un margen de 20%, que es altísimo en esos casos, porque si el margen es excesivo a la gente no le conviene y va para el otro lado”, explicó Sergio Botana.

“¿Cuál es la única ventaja que ofrece mi sistema? La diferencia es que no pide que se tenga que presentar el estudio a la importación”, afirmó.

En este sentido, agregó que “iría primero por solucionar el tema de las fronteras, después iría por ir liberalizando más, autorizando importaciones de los productos, en donde después de que alguien los estudió, no haya que estudiarlos de vuelta; o lo otro más inteligente que se puede hacer es acordar con los países vecinos el reconocimiento de los laboratorios del otro país”.

A su vez, señaló que estudian la incorporación de “alguna medida” similar al régimen de encomiendas, que permita determinada cantidad de importaciones desde Estados Unidos, para las empresas.

En tanto, sostuvo que ante este proyecto, “los importadores seguramente tengan que hacer otros ajustes. Si ellos no están abusando de los márgenes, no tienen por qué ser perjudicados”.

Por otro lado, desde el sector privado ya se requería la liberalización de las importaciones, afirmaron fuentes de la industria de alimentos y bebidas.

En este sentido, explicaron que meses atrás hubo molestias con la entrada en vigencia del decreto que permite a los comercios uruguayos en régimen de free shop, vender en el mercado local.

Esta molestia, se debió a que la mercadería importada por los free shops, no tienen controles de calidad en Uruguay, ya que están “en tránsito”, como sí los tienen aquellos importados con destino a los consumidores locales. De este modo, no se demandaba que los free shop fuesen controlados, sino que se liberaran las importaciones para los comercios del mercado local.

Para esto, sugirieron un “registro único de importador”, en el que si el producto ya está registrado en el país, pueda ser importado sin necesidad de contar con el prospecto del fabricante, sino que pueda regularse a través de la factura, la cual sería de una empresa establecida y de productos “registrados mundialmente”, permitiendo la trazabilidad del producto.

En tanto, Botana concluyó: “Si a esta baja general de precios de la economía, que provocaría un conjunto de medidas de este tipo, no la hace Uruguay por voluntad propia, la van a hacer los Tratados de Libre Comercio (TLC). Se va a hacer por el nuevo régimen de competencia que tengamos cuando venga el TLC”.

“Somos muy culpables de nuestro monopolio interno, como consumidores, como cadena de valor que genera el supermercado y como cadena que la genera el importador. No es culpable el almacén o el supermercado, sino todo el aparato”, expresó Ricardo Paulino, del Centro de Comercio de Salto.

Afirmó que, “dentro de la lógica ”de ser un país de primeras marcas, “las grandes superficies mueven el mercado. ¿Qué hacen las grandes marcas para seguir siendo fuertes? Cuando viene la importación no marcan solo con lo que tienen que ganar, marcan arriba un 15% o 20% para pagarle a las grandes superficies, donde se mueve el 80-20 del pareto del negocio, mueven ese dinero para darle un 10% de llave y un 10% de retorno a fin de año. Ese porcentaje por encima, no lo paga el dueño de la empresa, lo paga el consumidor final, porque eso aumenta el precio”, dijo.

“Si aparezco con una marca de pasta de dientes cualquiera que es competitiva y lo trato de vender, no me dejan entrar al mercado porque ya están comprados los espacios, en los que mueven la aguja. A su vez el consumidor no lo compra porque es consumidor de primeras marcas”, concluyó.

Según señalaron desde la Intendencia de Montevideo, en la actualidad hay en el entorno de 39.700 productos registrados, de los cuales el 63% aproximadamente son importados.

Mientras que los productos alimentarios importados por los free shops, se basan en los requerimientos de la normativa internacional, los cuales según Ricardo Cabrera, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), algunos se asemejan a los estipulados por Uruguay, los productos locales requieren una serie de certificados para su registro, como el certificado de sanidad del establecimiento elaborador o certificado de libre venta, y controles por parte del Latu, el Inavi, entre otros.

En este sentido, el director de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido, explicó que según la complejidad y el porte de la empresa, el costo de los controles pueden variar entre cuatro y 50 Unidades Reajustables.

En tanto, Garrido señaló que no se animaría a pensar en un “riesgo sanitario” por la falta de controles estatales en productos en free shop, ya que el país de donde se exportó, “certificó como lo hacemos nosotros”.