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Tras la polémica entre gobierno y coalición, el difícil equilibrio para las tarifas públicas

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El presidente electo Luis Lacalle Pou se reunió con el mandatario actual Tabaré Vázquez iniciando formalmente la transición. Foto: Leonardo Mainé

TEMA DE ANÁLISIS

Los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin analizan el tema de la semana: la rispidez que se generó en la transición entre el actual gobierno y el gobierno electo por el ajuste de la tarifas.

La controversia sobre la decisión del gobierno de no aumentar las tarifas de algunos servicios públicos en enero tiene una dimensión política y otra económica financiera. Los mensajes políticos solamente desvirtuaron el carácter con el que se inició la transición.

Por su lado, el abordaje técnico de la fijación de estos precios indica que es razonable que tengan un incremento en los primeros meses del año para hacer frente a los aumentos de los costos de producción. Es un tema más en la hoja de ruta de la transición que desde el punto de vista financiero debería terminar con una proyección de cuál sería el déficit financiero si no se toman medidas por el gobierno entrante.

Las tarifas son el precio que cobran las empresas públicas por los servicios o productos que ofrecen. Dado el carácter monopólico de muchas de ellas y el alto impacto social que tienen, se trata de precios que están regulados por el Estado.

Otra razón de su regulación es poder asegurar la continuidad de las prestaciones de los servicios y el acompañamiento de los cambios que se producen en la tecnología y en el mercado. Es por eso que el Estado reconoce en las tarifas que se cobran cada año la provisión necesaria para las inversiones.

Un tercer elemento que toma en cuenta el Poder Ejecutivo al fijar las tarifas es el retorno del capital invertido por la sociedad en estas empresas, o sea sus utilidades. Varias generaciones sacrificaron recursos para las inversiones en estas empresas y es razonable que todos los años esa inversión entregue utilidades razonables desde el punto de vista social.

El tema de la pertinencia de que el ajuste ocurra en enero, en febrero o en marzo solamente afecta la cantidad de meses en los que ingresan fondos para estas empresas.

Es cierto que hay una secuencia histórica reciente de incrementos en el primer mes del año y no se ven cambios en otras variables como para pensar que es razonable modificar la cadencia.

Incluso hay ajustes de salarios previstos para enero, lo que completa una justificación para modificar los precios desde el comienzo del año junto con la evolución de un componente de costos que suele ser relevante como son los sueldos.

Quien ingrese al MEF en 2020 tendrá que afrontar temas sustanciales. Foto: F. Ponzetto
Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Fernando Ponzetto

Para poder evaluar si es importante que exista un ajuste en el comienzo del año, debemos remitirnos a la información del resultado de caja que mensualmente divulga el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el desempeño de las empresas públicas. Los datos a octubre señalan que globalmente las empresas presentaron un déficit del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 12 meses. Medido en dólares corrientes son US$ 137 millones.

Este resultado negativo acumulado es una señal clara que hay mérito para hacer una corrección, que en el corto plazo debería pasar por una suba de las tarifas. La pregunta siguiente es si ese ajuste debe ser parejo para todas las empresas. Para responderlo hay que analizar previamente el comportamiento empresa por empresa.

Poniendo el foco en las cuatro empresas grandes en el último año se tiene que Ancap y Antel muestran un resultado financiero positivo, OSE está equilibrada mientras que UTE es deficitaria.

Entonces, con una mirada hacia atrás el ajuste debería ser diferencial con un mayor énfasis en las tarifas de la electricidad. Pero hay que tener en cuenta que el ajuste de tarifas que ocurre a comienzos del año cubre los costos del año siguiente y no del pasado.

Por lo tanto, con miras al futuro, el comportamiento que muestra el tipo de cambio y las perspectivas de que siga subiendo, al tiempo que el precio del petróleo también está subiendo ameritan una suba de los combustibles.

El análisis anterior es parcial y se circunscribe estrictamente al desempeño de las empresas públicas. Pero estas forman parte del sector público y por tanto hay que analizar también la pertinencia de su modificación viendo el resultado financiero global del sector público que en la actualidad se ubica en el 5% del PIB.

En este déficit hay dos lugares de incidencia de las empresas públicas. Por un lado su resultado financiero suma al del resto del sector público y en la situación actual no quedan dudas que hay que aumentar las tarifas para reconocer el aumento de los costos en el resto del año. Por otro, las empresas generan utilidades como compensación al capital que acumuló en ellas la sociedad y eso forma parte de los ingresos de la tesorería. Esos aportes anuales a la Tesorería rondan los US$ 400 millones.

Quizás en este terreno hay una definición previa sobre cuánto es el nivel de utilidad razonable. En estos momentos hay una gran distorsión porque hay empresas como Ancap en recuperación patrimonial que no aportan utilidades, Antel que bajó mucho su rentabilidad en los últimos años y toda la carga está yendo sobre UTE. Actualmente el esfuerzo por generar utilidades de esta empresa es extraordinario ya que se le pide distribución de utilidades por US$ 300 millones, más de lo que genera de fondos libres.

No quedan dudas que hay que respetar el aumento de costos previstos para el año que viene al momento de aumentar las tarifas y que eso debería ocurrir cuanto antes.

Donde surge un dilema es en el componente de utilidades de las empresas ya que es necesario para que no se dispare el déficit fiscal porque fue una fuente de financiamiento importante en los últimos años.

Pero, por otro lado, si las tarifas siguen altas para generar estas utilidades van a seguir perjudicando la competitividad. Por lo tanto hay un equilibrio a contemplar en el corto plazo.

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