Persisten dudas sobre futuro argentino

Escenario. Aunque el riesgo no es inmediato, sin cambios el mediano plazo es incierto

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BUENOS AIRES | GUSTAVO STOK

ESPECIAL PARA EL PAÍS

¿Volverá Argentina a tropezar con la misma piedra de 2001? En las últimas semanas esa pregunta volvió a tomar fuerza luego de una sucesión de señales negativas que ahondaron las dudas sobre el futuro económico del país.

La serie de malas noticias empezó a comienzos de este mes, cuando Argentina debió resignarse a pagar una tasa del 14,8% en una colocación directa de US$ 1.000 millones en bonos a Venezuela.

El nivel de la tasa -apenas inferior al pactado en el "megacanje" de bonos de junio de 2001, cuando la economía argentina estaba a un paso de desplomarse- fue leído por inversionistas y analistas del mercado como una señal inequívoca de las urgencias que empieza a afrontar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para honrar los compromisos crecientes de deuda pública.

Para peor, a esa colocación le siguió la reducción de la nota de la deuda argentina por parte de las calificadoras Standard & Poors y Moody´s, además de recomendaciones de analistas de Wall Street a sus clientes para que disminuyan sus inversiones en el país ante la posibilidad de un default o una reestructuración forzosa de la deuda.

A simple vista el cóctel luce explosivo, pero para buena parte de los economistas argentinos las predicciones de crisis inminente resultan exageradas.

"Las variables fundamentales de la economía son muy diferentes hoy a las de 2001", dice Paulino Caballero, economista de la consultora Economía & Regiones.

Aunque con tendencia declinante, todas las proyecciones indican que los superávits gemelos -fiscal y comercial- se mantendrán en 2009.

Además, con más de US$ 47.000 millones de reservas, el Banco Central está en condiciones de controlar una eventual corrida cambiaria.

Y, si bien con una notoria desaceleración respecto a las tasas del período post-crisis, el PIB crecerá 5% el año próximo, según la comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Motivos. Entonces, ¿qué factores están impulsando las nuevas dudas sobre el país? El principal es la incertidumbre en torno al rumbo que tomará el gobierno de Cristina Kirchner.

"Mucho se especuló con que, finalizado el conflicto con el sector agropecuario, el gobierno iba a empezar a abordar las asignaturas pendientes, pe-ro eso todavía no se ve.

La duda es si el gobierno quiere recomponer el orden político para luego hacer cambios económicos o si profundizará el esquema actual.

Si hace esto último, sí habría problemas en el mediano plazo", dice Mariano Lamothe, economista jefe de la consultora Abeceb.

El consenso de los economistas confía en que, con esfuerzo, el gobierno podrá afrontar los US$ 19.104 millones que vencerán el año próximo entre capital e intereses de la deuda.

Contará para ello con un superávit fiscal estimado entre 2,8% y 3% del PIB y con que buena parte de los vencimientos son en pesos y con residentes institucionales (bancos, AFJP y aseguradoras), lo que facilitará su refinanciación.

El resto se completaría con nuevas ventas de bonos a Venezuela. Pero el problema no es la foto, sino la película. "Hoy en día no están dadas las condiciones generales para que Argentina caiga en default.

Sin embargo, el manejo reciente de la economía ha puesto gran presión sobre la flexibilidad del gobierno para encontrar nuevos recursos", dice Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI y analista del centro de estudios Inter American Dialogue, en Washington.

Sin acceso a los mercados internacionales de crédito por las deudas con el Club de París y los bonos que se mantienen en default, y con los inversores de títulos públicos ajustados por inflación en huida por la manipulación en los datos del Indec, Argentina debería presentar un superávit fiscal creciente en los próximos años si no quiere aumentar aún más su dependencia de Venezuela.

Pero la tendencia marcha en sentido contrario. Aún con los altos precios internacionales de los commodities agrícolas sobre los que Argentina aplica retenciones, el superávit fiscal viene cayendo arrastrado por la imparable alza de los subsidios, destinados en buena parte a los sectores de altos ingresos.

Según la consultora Ecolatina, los subsidios para mantener sin mayores cambios los precios de los combustibles y las tarifas de electricidad, gas y agua sumarán este año US$ 11.000 millones, un 90% más que en 2007.

Los incrementos de las tarifas eléctricas para consumos residenciales mayores a 650 kw/h anunciados a comienzos de mes, constituyen una primera señal de que el gobierno tiene intenciones de detener esa bola de nieve. De hecho, los ajustes podrían alcanzar en los próximos meses también al boleto de transporte público, a la distribución de gas natural, a los peajes y a otros servicios. "Eso sería útil para detener la suba en la tasa de crecimiento de los subsidios, pero para que el incremento sea menor harán falta mayores ajustes tarifarios y el problema es que eso deberá hacerse en un contexto inflacionario", dice Caballero. La estimación de las consultoras privadas ubica la inflación de este año en torno al 25%.

Hay margen para rectificar el rumbo

El alza de los precios está empujando hacia arriba los niveles de pobreza de la población argentina, que, según la consultora Sociedad de Estudios Laborales, comprende al 31,6% de la ciudadanía.

Para algunos analistas, ese deterioro del cuadro social y el creciente malhumor de los sectores medios constituirán un freno a los ajustes en la economía, más aún con las elecciones legislativas de fines de 2009 en el horizonte.

Para otros, el gobierno de Cristina Kirchner ya no tiene espacio para posponer los cambios si pretende no pagar costos aún mayores más adelante.

"El gobierno tiene por delante una situación complicada aunque no necesariamente catastrófica, y debe actuar con decisión para no llegar a tener problemas", dice Loser.

Recomponer la credibilidad del Indec y negociar con el Club de París -integrado por los países desarrollados en su calidad de acreedores y que fuera creado en 1954 justamente para reestructurar la deuda argentina- para abrir los mercados de crédito, hacer menos dependiente el superávit fiscal de los ingresos por retenciones y adoptar una política anti-inflacionaria son algunas de las medidas que, según los expertos, reducirían drásticamente los riesgos de un nuevo default. Argentina aún cuenta con margen para corregir el rumbo y no volver a tropezar con la misma piedra de 2001. Pero la cuenta regresiva para implementar los cambios ya comenzó.

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