CRUCE

El senador del Partido Colorado, Germán Coutinho salió al cruce de la presidenta del Banco Hipotecario (BHU) Casilda Echevarría tras declaraciones de esta sobre el proyecto de ley para deudores de créditos en Unidades Reajustables (UR) del banco y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que promueve el legislador.

En la Comisión de Vivienda del Senado, Echevarría manifestó a los legisladores que impulsan proyectos para atender los reclamos de los deudores, de que incurren en un error. “Lo que se está solicitando es la adaptación de los contratos período a período, según la conveniencia del deudor. Queremos manifestar que modificar eso, que debe hacerse a iniciativa del Poder Ejecutivo y con la aprobación del Parlamento, evidentemente puede llevar a que otros deudores tengan la misma iniciativa de socorro, porque los asistiría el mismo interés. No estamos hablando de derecho, porque ninguno lo tendría, pero sí de interés”. También recordó a los legisladores del oficialismo que “hay que tener claro que el Banco Hipotecario maneja fondos públicos. No son fondos del directorio ni de los funcionarios del Hipotecario. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad social que no es solo con los deudores actuales, sino también con aquellos que pudieran obtener un crédito con los dineros devueltos por todos aquellos que han tomado un crédito con anterioridad y han de devolver”.

Coutinho envió una declaración escrita a El País en la que dice que los legisladores, y él particularmente, “tienen muy claras sus funciones, potestades y también sus limitaciones, pareciéndome, por lo menos irreverente e innecesarias, dichas manifestaciones”.

“Que tenga la tranquilidad dicha funcionaria pública que ambos proyectos (hay otro de Cabildo Abierto) son absolutamente legales, ya que nuestro proyecto tiene previsto la asignación de rubros para su financiación, sin exceder los límites legales. También claramente sabemos que manejamos fondos públicos, lo que no nos puede hacer temblar la mano para votar y usar estos en defensa de la indefensión de estas familias, ante distintas decisiones de las que no participaron y que los perjudicaron”, indicó Coutinho.

“Yendo al fondo del tema, parece no querer entender que estos contratos han sido violentados por decisiones unilaterales del Estado que han variado su situación económica. Así en el año 2007 se reforma la carta orgánica del BHU, y los deudores que habían contratado con un banco social en determinadas condiciones, pasan a deber a un banco comercial, en condiciones diferentes”, planteó.

Lo que sucedió en 2009 fue que el BHU traspasó a la ANV su cartera más problemática, lo que supuso que la agencia gestionara 54.365 créditos, con criterios sociales. De hecho la ANV aplicó “quitas muy importantes”, dijo su presidente Klaus Mill von Metzen al comparecer ante la comisión de Vivienda del Senado. Al BHU le quedaron 7.000 deudores en UR de los que “solo 300 son los que están solicitando que se les modifique la unidad monetaria de la deuda que contrajeron”, había dicho Echevarría.