INFORME

Warren Buffet, uno de los personajes más emblemáticos del mundo de las finanzas dijo una vez que “solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”.

La frase, replicada incontables veces, ha sido útil para explicar la importancia de estar bien preparados —o con ropa, siguiendo la metáfora— ante una crisis. Una crisis como la que se produjo a partir del 13 de marzo de 2020 cuando se anunciaron los primeros casosde COVID-19 en Uruguay y el gobierno decretó la emergencia sanitaria.

Luego de aproximadamente530 días de pandemia en Uruguay y a partir de un informe elaborado por el Observatorio Socioeconómico y Comportamental (OSEC) —un equipo de investigación que surgió desde el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) con el interés de estudiar el comportamiento poblacional de las personas y el impacto social de la pandemia—, la respuesta a la interrogante sobre quiénes nadaban desnudos quedó clara.

Según el tercer reporte del OSEC, la “propia arquitectura de la protección social y la respuesta concreta del gobierno ante el shock” provocado por la pandemia, “desnudó y amplió la brecha” entre las personas que estaban protegidas por el sistema de seguridad social y por relaciones laborales formales y entre quienes no pudieron acceder a los mecanismos de salvaguardia “más potentes”.

En este sentido, desde el OSEC afirman que los más afectados fueron “fundamentalmente quienes se encontraban por debajo de la línea de pobreza”, así como las personas de “estratos bajos no pobres” pero “con alta inestabilidad en sus fuentes de ingresos”.

El trabajo del OSEC —grupo que tiene como líder al reconocido académico y exsubsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira— afirmó que “una parte importante” de la buena respuesta que consiguió Uruguay en el manejo de la pandemia en la primera y segunda etapa (aproximadamente entre marzo y mayo de 2020 y entre junio y noviembre del mismo año) “tiene relación con el stock de resiliencia social” que tenía el país al ser comparado con su pasado o con otros países de la región.

Ese stock permitió que tanto las familias uruguayas como el Estado pudieran —durante la primera etapa— adherir a la exhortación de las autoridades de mínima movilidad y absorber “en su gran mayoría” los costos del impacto agudo de la pandemia mediante un ajuste del consumo, el uso de ahorros previos, el acceso a seguros públicos, apoyos de familiares y en algunos casos hasta venta de capital físico.

Sin embargo, el reporte concluyó que ese stock de resiliencia estaba “distribuido desigualmente entre los hogares uruguayos”, por lo que “importantes sectores de la población prácticamente no contaban con stock”.

Eso llevó a que el país llegara a la cuarta etapa (desde julio de este año en adelante) —marcada por una “estrategia agresiva y exitosa de vacunación” y con “creciente control” de la pandemia— “sin respuestas sociales que permitan corregir las asimetrías que se fueron generando derivadas del impacto diferencial sobre diversos sectores sociales y de la respuesta asimétrica para hacer frente a los mismos”, afirmó el trabajo.

Asimismo, el reporte del observatorio afirmó que el stock de resiliencia de los hogares uruguayos “tiene su contracara en elstock de resiliencia del Estado”, el cual respondió “principalmente, aunque no solo, mediante el sistema de salud y el sistema de seguridad social”.

En relación al sistema de salud, el reporte señaló que “respondió de muy buena forma” pese a que estuvo sometido a un “fuerte estrés” durante largo tiempo.

En tanto, el sistema de seguridad social también brindó una “respuesta a tiempo y adecuada en términos de suficiencia para quienes tenían empleo formal”.

No obstante, el reporte cuestionó que pese a que se amplió la cobertura con una prestación nueva en el contexto de la emergencia y más allá de que se reforzaron los montos de las transferencias para las personas que estaban en la informalidad laboral y la población más vulnerable, “la suficiencia para alcanzar niveles mínimos de bienestar”, resultó “magra” en comparación con larespuesta que el Estadole dio al sector formal.

“Comprender la manera en que se fue consumiendo en forma diferencial el stock de resiliencia es clave” para entender “cómo se fue debilitando la capacidad de la población para mantener adherencia a las medidas de contención epidemiológica”.

Eso se evidenció —según el reporte— en el momento en que se dio un aumento exponencial de casos de COVID-19, con un “fuerte impacto” sobre las personas más vulnerables que luego de casi un año de comenzada la crisis sanitaria “había visto deteriorada fuertemente su situación.

Por otra parte, el documento interpretó tres “grandes aciertos y un desacierto” en relación a la contención epidemiológica junto a un “desacierto estructural” que acompañó las diferentes fases en términos de mitigación social.

Los tres aciertos según el reporte del OSEC fueron: “la respuesta temprana y radical para disminuir la movilidad, la apertura protocolizada y la estrategia Tetris(testear, rastrear y aislar) para contener la epidemia; y la estrategia agresiva de vacunación”.

Mientras que el desacierto estuvo dado por una “insuficiente estrategia de contención” cuando se perdió la capacidad de mantener bajo control la pandemia, lo cual también se relaciona con la aversión a implementar estrategias de mitigación social más potentes para viabilizar medidas de contención epidemiológica más agresivas”.

La estrategia de mitigación socioeconómica durante la primera etapa de la pandemia (desde que se detectaron los primeros casos hasta diciembre de 2020) fue evaluada por el OSEC en base a cuatro criterios: cobertura, suficiencia, timing de inicio y tiempo de duración de los apoyos.

En términos de cobertura de las medidas, la estrategia fue calificada como “relativamente exitosa” debido a que previo a la pandemia Uruguay ya tenía una “protección social de amplia cobertura”.

Por un lado, había un “importante porcentaje” de trabajadores en situación de formalidad y por otro lado, la población informal estaba alcanzada “en buena medida” por las asignaciones familiares del plan de equidad y la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Mientras que la población que no contaba con ninguna de esas protecciones fueron amparadas por el gobierno mediante la canasta de emergencia y otras medidas específicas como el apoyo a monotributistas.

Sin embargo, el panorama fue “menos alentador” en términos de suficiencia de las medidas. De acuerdo con el reporte, si bien al observar el monto promedio de lasprestaciones por seguro de desempleo y seguro de enfermedadse observan valores en promedio que “permiten pensar en apoyos básicos pero suficientes para los hogares”, la historia es “muy diferente” cuando se trata de la población que recibe asignaciones familiares o TUS.

“La evidencia en materia de mercado laboral muestra que esta población es la que en términos relativos sufrió mayores impactos sobre su empleo e ingresos. A pesar de ello, el apoyo adicional prestado por el Estado fue notoriamente inferior en términos per cápita a los promedios en las prestaciones de desempleo y enfermedad”, indicó el reporte.

En tanto, los parámetros de timing y duración en materia de apoyos, mostraron “algunas deficiencias”, como la falta de certezas para los más vulnerables en relación a la extensión o no de las medidas “en un contexto de alta incertidumbre”.