CRÍTICA

Dos años después de haber salido, Panamá fue nuevamente incluida en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE). Esta decisión ha sido repudiada por el gobierno, la banca y empresarios panameños, aunque también hubo cierto “mea culpa” por la “falta de cumplimiento” de las leyes que se han aprobado en el país en materia fiscal.

“Esa lista es arbitraria”, dijo ayer el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, al destacar el “gran esfuerzo” que hace el país para “salir de todas las listas” que lo señalan como paraíso fiscal, un karma que arrastra desde hace años y que tomó más fuerza en 2016 a raíz del escándalo de las sociedades extraterritoriales conocido como “Panamá papers”.

El gobierno “está haciendo todo el esfuerzo” para cumplir con los estándares internacionales en materia fiscal, dijo el presidente, que pidió a la UE “un trato igualitario”, como el que se da en Panamá a las empresas europeas.

La UE volvió a incluir este martes a Panamá en su “lista negra” de paraísos fiscales porque no cumple con las normas del Foro Global de transparencia e intercambio de información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera “lista negra”, creada a raíz de escándalos como “Panamá papers”, pero en enero de 2018 salió tras comprometerse a enmendar su legislación. En marzo de 2019, la UE sacó al país centroamericano de todas sus listas de jurisdicciones no cooperantes al comprobar que había respetado el compromiso.

Ya el lunes y anticipándose al anuncio de ayer, la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, se quejó de que “desde julio de 2019 no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá”. Agregó que la reinserción en el listado “obedece a la metodología de que si un país esta en la lista de OCDE y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) automáticamente deben ser incluidos en las de UE”.

“Si bien Panamá pudo no haber cumplido técnicamente en el periodo 2017-2018 que fue evaluado en GAFI-OCDE, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra que no esta siendo considerada”, indicó la viceministra.

Además, aseguró que su país sigue siendo “duramente” cuestionado “producto de una pésima imagen internacional errónea que se generó a raíz de los mal llamados Panamá papers”.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó en un comunicado su “enérgico rechazo a la decisión adoptada por los ministros de economía y finanzas de la UE”, y denunció que el país es “víctima de actos hostiles”. Panamá “no ha sido objeto de una evaluación técnica objetiva” por parte de la UE, ni ha tenido “la oportunidad de demostrar los avances en materia de legislación y regulación”, dijo el gremio bancario.

Para el docente y exdecano de la Facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá, Rolando Gordon, los europeos lo que están viendo es que el país aprueba leyes pero no las cumple.