TRAS EL PEDIDO DE CAMBIAR LA LEY

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Hace unas semanas el sistema de negociación colectiva de Uruguay fue analizado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de una denuncia presentada por las cámaras empresariales que fue rechazada por el gobierno y el Pit-Cnt.

Ese planteo ingresó en la lista de casos a analizar por la OIT en su reunión anual, junto a otras 23 denuncias por violaciones a los convenios internacionales de trabajo suscritos por distintos países.

Aunque se podría pensar que la situación de Uruguay pasaría desapercibida a la interna del organismo, la especialista del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, Janine Berg, confirmó estar al tanto de la denuncia y las implicancias del caso.

Tras escuchar a las distintas partes, el pasado 17 de junio la Comisión de Aplicación de Normas instó el gobierno uruguayo a modificar la negociación colectiva antes de noviembre en acuerdo con los empresarios y sindicatos.

Es que el convenio 98 de la OIT suscrito por Uruguay, privilegia la negociación bipartita (entre empresas y trabajadores) sobre aumentos de salarios y condiciones laborales, y no instancias tripartitas (con la participación del Estado) como ocurre actualmente en el país.

Sin referirse específicamente a la situación de Uruguay por tratarse de un asunto en curso, Berg explicó ante la consulta de El País -en una charla que realizó para distintos medios de Latinoamérica en Ginebra, Suiza- que la OIT prioriza la negociación bipartita “porque se asume que son la empresa y sus trabajadores los que conocen mejor la realidad del sector económico y son los más apropiados” para definir los incrementos salariales y demás aspectos de las relaciones laborales.

“En algunos países nórdicos tienen una larga tradición de diálogo social entre trabajadores y empleadores, en algunos ni hay salario mínimo y es todo definido por negociación colectiva. Si fuese (a existir en el país) un salario mínimo nacional, el Estado en la mayoría de los casos está involucrado”, indicó la especialista de OIT.

Igualmente, admitió que el gobierno de turno pueda asumir “un rol de arbitraje” ante determinadas situaciones de la negociación salarial.

En Uruguay, el Estado plantea lineamientos para la discusión de los convenios salariales y llegado el caso puede terminar votando junto a una de las partes involucradas.

Sin embargo, en la defensa que el gobierno realizó en Ginebra planteó que el sistema “privilegia la negociación bilateral y libre entre representantes de trabajadores y de empleadores”, ya que el artículo 12 de la ley señala que “no será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector”.

En esa línea, la exposición que realizó ante la OIT el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sostuvo que “la negociación colectiva en nuestro país es absolutamente libre”.

Por otra parte, Berg indicó que los especialistas del organismo que integra entienden que “es mejor” la negociación por sectores y no por empresas.

En este último caso “es más difícil lograr avances” para los trabajadores, y podría llevar a “una competencia desleal (entre distintas compañías)” en base a la existencia de “sindicatos más vulnerables” que otros, añadió.

“Por sector es mejor porque significa que están todos compitiendo por el mismo piso de derechos para todos los trabajadores” del rubro, explicó la economista.

Lo que sí admitió es dar flexibilidad a los aspectos incluidos en la negociación, promoviendo “que se puedan tratar cuestiones más allá del salario”, como “(duración de) la jornada laboral, beneficios extras, el cuidado de niños, entre otros”.

Consultada sobre la importancia de que un país ingrese en la lista de casos a analizar por la OIT -lo que estuvo en discusión en Uruguay cuando se conoció la noticia-, Berg expresó que a los Estados “no les gusta ser parte” de esos listados (ver aparte). También sostuvo que dado que el organismo “no puede poner sanciones comerciales”, la divulgación de estas listas “es una manera de asegurarse que los países cumplan” con los convenios firmados. “Es el mecanismo que tenemos”, subrayó.

El pasado 26 de junio, el ministro de Trabajo Murro recibió a representantes de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio y Servicios y a la cúpula del Pit-Cnt tras la resolución de la OIT que instó al gobierno a “iniciar medidas legislativas” para modificar la ley de negociación colectiva antes del 1° de noviembre.

Para las cámaras empresariales la reunión no significó mayores avances a los ya alcanzados en la propia conferencia internacional en Ginebra. “Y, más de lo mismo. (Murro) miraba para abajo, en su tono pastoral”, dijo a El País uno de los empresarios que participó de la reunión.

Murro dijo que “el gobierno está dispuesto a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT” y que la eventuales modificaciones se realizarán “en consulta” con las cámaras y con el Pit-Cnt.

Murro señaló que “hay gente en Uruguay que quiere eliminar la negociación colectiva” y al ser consultado a quiénes se refería, respondió que a varios empresarios y dirigentes políticos.

“Flexibilizar las leyes laborales no crea empleo” sostenible

En respuesta a preguntas de periodistas de otros países de Latinoamérica, Berg se refirió en primer lugar a los casos de Estados que contratan trabajadores a través de tercerizaciones -un reclamo que ha realizado en Uruguay la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)-. Dijo que “es un gran problema” que ocurre “en todo el mundo” y que distintos sindicatos lo han planteado en el seno de la OIT.

“Tiene que ver mucho con que los presupuestos (de los Estados) se van achicando y necesitan sumar funciones. Los presupuestos nacionales no son suficientes para todo el trabajo que el sector público debe hacer”, añadió.

A su vez, Berg fue interrogada sobre el reclamo de flexibilización de las condiciones de contratación de trabajadores que suelen realizar los empresarios en distintos países, incluido Uruguay. Si bien aclaró que hay distintas visiones dentro de la OIT al ser una organización tripartita, entre los expertos existe consenso sobre que “pueden haber otras formas de contratación, pero deben ser decentes”.

Advirtió sobre las consecuencias de una precarización de las condiciones de empleo. “Si el mundo del trabajo se precariza más, eso va a significar más pobreza y que los objetivos de desarrollo social no se van a alcanzar. Todo está muy ligado”, analizó.

Además, opinó a título personal que “flexibilizar las leyes laborales no crea empleo, o puede crearlo por cierto plazo pero es algo que tiene que venir de la demanda por mano de obra, si no hay crecimiento económico ni inversión no habrá empleo ni condiciones para mejores trabajos, menos precarizados y que paguen mejor”.

En ese sentido, recordó que “en todas las crisis en América Latina en los años 80 y 90 la respuesta fue vamos a flexibilizar el mercado de trabajo, pero eso no resolvió nada”.