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OCDE destaca que los regímenes tributarios especiales de Uruguay no son nocivos

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Foto: OCDE
OECD Conference Centre Entrance, New 50th Logo/Banner 31st January, 2011 Paris, France
Michael Dean

INFORME

Reporte destacó los cambios realizados en ley de zonas francas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó un reporte actualizado sobre los regímenes con prácticas tributarias nocivas y Uruguay no tuvo ninguna observación.

Años atrás, la OCDE había advertido por ejemplo que las zonas francas locales estaban entre las jurisdicciones con “incentivos fiscales dañinos” y no respetaban las medidas para el combate a la evasión que impulsa el organismo multilateral.

El gobierno respondió al llamado de atención y promovió una serie de cambios normativos, siendo el más relevante la actualización de la ley de zonas francas, aprobada a fines de 2017 y que terminó de reglamentarse el año pasado.

El reporte de la OCDE publicado la semana pasada indicó que las zonas francas uruguayas son un sistema “no dañino” y que sufrió “modificaciones”, cumpliendo el “requisito de sustancia”. Sobre esto último, el tributarista Fabián Birnbaum había explicado a El País que la advertencia era para evitar que se aprovechen de un régimen tributario preferencial “empresas de papel” (sin actividad real).

Igual mención hace el informe sobre los sistemas preferenciales para la biotecnología y el software, así como para los centros de servicios compartidos.

A nivel de zonas francas, las nuevas reglas afinan los requisitos para recibir el permiso de instalación, mejora los controles sobre los usuarios ya instalados y fija plazos menores de habilitación.

La evaluación de OCDE incluye a Uruguay ya que adhirió en 2016 al Marco Inclusivo BEPS, iniciativa que contempla distintas acciones enfocadas en combatir la evasión y erosión de las rentas empresariales. En este caso se centró en la Acción 5, que controla “los incentivos fiscales (regímenes tributarios preferenciales) que se aplican a los ingresos comerciales móviles, a los ingresos financieros y de servicios, y a los ingresos de la propiedad intelectual”.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había indicado previo a los cambios normativos que se buscaba “avanzar en mejoras (legislativas) a efectos de que Uruguay no sea incluido en una lista negra y que, por lo tanto, quienes producen servicios desde zonas francas, software o biotecnología no tengan problemas al exportar”.

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