Coronavirus

Luego de la paralización que está viviendo la economía producto del aislamiento por el coronavirus, “necesariamente hay que aumentar el shock de oferta, que vuelva la producción, que la economía comience a dinamizarse, para así tener un contexto más ‘normal’ donde poder tomar decisiones más sensatas y con sentido común”, planteó el gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Aníbal Durán, en un artículo publicado en la revista de la gremial.

Es que los constructores están pensando en el día después, que por el momento sería el 13 de abril, cuando las obras volverían a trabajar luego de la licencia especial acordada entre los empresarios y el sindicato del sector (Sunca) por la emergencia sanitaria.

Para ese entonces, Appcu espera que el gobierno —tal como se comprometió el presidente Luis Lacalle Pou con la gremial en los diálogos que mantuvo durante el período de transición— ya haya emitido la nueva reglamentación para el régimen de vivienda promovida o de interés social, que establece exoneraciones tributarias para quienes realicen proyectos edilicios.

El cambio legal significaría volver al esquema inicial de la ley votada en 2011, derogando un decreto de 2014 que topeó el precio del 25% de las unidades construidas bajo el régimen, y otro de 2017 que estableció un tope en el precio de arrendamiento a quienes invierten en viviendas para alquiler —si superan los valores fijados, la exoneración es del 40% y no del 100%— además de que el 10% de las unidades debían ser destinadas a la Agencia Nacional de Viviendas (ANV).

En febrero, una fuente del nuevo gobierno dijo a El País que uno de los objetivos que perseguirá la nueva reglamentación será que haya una promoción de proyectos “más equitativa entre Montevideo y el interior del país”, porque en los últimos años los emprendimientos con exoneraciones se concentraron en la capital.

Durán había apuntado en esa ocasión que en algunas zonas del interior el tope de precios llegaba al 100% de las unidades construidas.

En el artículo publicado en la revista de gremial, Durán señala que “ya el gobierno tiene en su poder una serie de medidas que Appcu ha sugerido, tanto en vivienda promovida, como en megaproyectos”.

Sobre esto último, la petición de los constructores privados es que se extiendan los beneficios para obras de gran parte que implementó el gobierno anterior y rigieron hasta diciembre.

Según supo El País, está previsto que la próxima semana el gobierno haga llegar a la gremial un borrador con las modificaciones que prevé hacer en el régimen de viviendas y de megaobras. “Estamos en la recta final”, dijo una fuente.

Durán subraya en su nota que los promotores “seguramente” tengan que “otear (mirar con atención) el horizonte y ver cuan despejado está” luego de los impactos del coronavirus, pero destaca que “desde siempre han arriesgado e invertido en el país, sin medir muchas consecuencias”.