Así lo decidió una corte en Gran Bretaña. Mientras que en EE.UU., una ley estatal en Nueva York tiene también en aprietos a Airbnb.

Las decisiones de organismos a ambos lados del Atlántico amenazan con cambiar la manera como operan dos de las compañías más representativas de la denominada ‘economía colaborativa’.

La primera fue el fallo de una corte británica que determinó que Uber Technologies debe pagar salario y otorgar vacaciones pagadas a sus más de 40.000 conductores en Londres. El caso fue presentado por dos conductores de la empresa.

El juzgado no solo falló en contra de Uber, sino que dejó claro su desagrado por las actitudes de la firma de San Francisco (EE. UU.), de la cual dijo se aferra a la “débilmente ridícula” noción de que es una plataforma digital y no una empresa de transportes.

De hecho, el juez Anthony Snelson llegó a citar el texto de Hamlet que reza: “La dama protesta demasiado, me parece”.

No es el primer traspié legal de este año para Uber, que recientemente vio cómo un acuerdo de 100 millones de dólares con 385.000 conductores y exconductores en California y Massachusetts fue rechazado por un juez federal.
Para Uber, el fallo afecta “solamente a dos personas”, pero indicó que apelará de inmediato.

No obstante, otros ven en la decisión un precedente de gran importancia. “Esto reconoce la contribución fundamental de los conductores al éxito de Uber y confirma que no son empleados independientes, sino que trabajan para Uber como parte de su modelo de negocios”, apuntó Nigel Mackay, abogado que representó a los conductores.

En sentido contrario se pronunció el Institute of Economic Affairs. “Es un error pensar en Uber como empleador, porque no es diferente de docenas de plataformas como Airbnb o eBay. Sería risible que alguien que vende sus artículos en eBay espere que esa empresa le pague vacaciones”, dijo Mark Littlewood, director general de esa entidad.

El caso de Airbnb, que llevó por mucho tiempo (sin poder evitarlo) el mote de ser ‘el Uber de los hoteles’, puede terminar siendo tan doloroso como el de Uber por la misma razón: podría terminar sirviendo de precedente para otras áreas.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó en octubre pasado una ley estatal que contempla multas de entre 5.000 y 7.500 dólares para ciudadanos particulares que renten por menos de 30 días propiedades en servicios multiunidades de la Gran Manzana.

Aunque se reportaba este martes que Airbnb y el estado de Nueva York discuten caminos para acordar una salida a la demanda, es sumamente significativo que los términos del acuerdo busquen eximir a Airbnb, no a sus usuarios, de la multa contemplada en la ley.

Como sea, es un golpe al corazón de la operación de la marca en la segunda ciudad más turística de Estados Unidos.

Pero sin importar si hay o no acuerdo, muchas propiedades en Nueva York son y seguirán siendo ilegales a la luz de una norma del 2010, por lo que la discusión en realidad gira en torno a la voluntad de la administración municipal de hacerla cumplir, en medio de la creciente presión de la hotelería tradicional.

A esta coyuntura se suman señalamientos a ambas marcas por no hacer suficiente para combatir fenómenos de discriminación y racismo entre sus usuarios. Un estudio demostró que los conductores de Uber en Boston cancelan sus carreras con más frecuencia (hasta dos veces más) si el pasajero tiene un nombre común entre afroamericanos. Un fenómeno similar se registra en Seattle. Airbnb cambió recientemente sus políticas de uso para decir que no tolerará conductas racistas de huéspedes o anfitriones, pero se ha negado a retirar las fotos de perfil de su servicio.

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