Proyecto antilavado es como “matar un mosquito con misil”.

Varios expertos defendieron el martes el secreto profesional y el derecho a la defensa vinculando ambos aspectos al proyecto de ley sobre lavado de activos que espera aprobación parlamentaria. En esa normativa se excluyó a los abogados como sujetos que deben declarar operaciones sospechosas.

La limitación al secreto profesional es resistida por abogados, contadores y escribanos. En un evento organizado por el Colegio de Abogados (CAU), su presidente, César Pérez Novaro, sostuvo que el proyecto de ley es desproporcionado. Afirmó que con la normativa "se piensa matar un mosquito en una pared con un misil". Indicó que para combatir el narcotráfico existen otros modelos para instrumentar y expresó que hay países que no han seguido las recomendaciones antilavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre ellos destacó a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Israel o Nueva Zelanda.

A su vez, el experto en derecho constitucional, Martín Risso señaló que limitar la relación entre abogado y cliente estaría afectando el acceso a la justicia y esa acción, por tanto, sería inconstitucional. Añadió que ya "no queda nada del derecho a la intimidad".

A su turno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, explicó que su condición no le permitía "bendecir ni maldecir" ninguna norma. Igualmente, señaló que "todos tenemos etapas que queremos mantener en nuestra reserva y aspectos que no se conozcan o se hagan públicos". Y por tal motivo, cuando una persona acude a un profesional espera que guarde reserva. Indicó que la visión de que el secreto es un beneficio para los profesionales, pero no un derecho para los ciudadanos no sería jurídicamente correcta.

Pérez Manrique manifestó que una norma que en vez de ser una garantía se convierte en una "afrenta" para la ciudadanía, debería ser observada con atención. Por su parte, el fiscal adjunto de corte, Ariel Cancela dijo que una ley es inconstitucional cuando se pretende quitar el secreto profesional a un abogado. "La tutela del secreto es un derecho y un deber del abogado, pero también de quien patrocina", concluyó Cancela.

LAVADO DE ACTIVOS