Lo afirmó el abogado y exjerarca del gobierno, Gonzalo Fernández.

Desde comienzos de año rige la ley integral de lucha contra el lavado de activos, que tiene como principales novedades la inclusión de un nuevo grupo de profesionales y entidades como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y la fijación de la defraudación tributaria como delito precedente al lavado de dinero.

El abogado penalista y exjerarca frenteamplista —fue secretario de Presidencia, ministro de Defensa y canciller durante el primer mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010)—, Gonzalo Fernández, analizó la nueva normativa y consideró que "será muy rimbombante pero es un mamarracho".

Al exponer el jueves en un evento por los 125 años del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), sostuvo que "detrás de esta ley está el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)" y al igual que otras legislaciones que impulsan entidades internacionales "las elaboran expertos que casi sin excepción no pertenecen a ninguna universidad, por lo cual uno no sabe de dónde proviene su expertise, pero que están en el negocio de elaborar leyes".

En la misma línea, agregó que "hubo una época feliz, en que en este país las leyes —sobre todo las penales— las elaboraban catedráticos y así aparecían leyes sistematizadas". Pero ahora "cuanto más complicadas mejor porque después se necesitan leyes complementarias o decretos que aclaren lo que oscurecen", indicó Fernández según declaraciones difundidas por la organización del evento.

La nueva ley incorporó a los contadores públicos (junto a los abogados cuando realicen ciertas operaciones, así como clubes deportivos, asociaciones civiles, partidos políticos y fundaciones) entre los obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales que pueden configurar un delito de lavado de activos, con multas que van desde 3.000 a 20 millones de Unidades Indexadas (UI) —desde $11.590 a $ 77 millones—.

El Cceau había manifestado en el Parlamento durante la discusión del proyecto su oposición a quedar incluidos en el reporte. Habían advertido que se vulneraba su secreto profesional y la Constitución, al tiempo que auguraron que su actividad se va a "desmantelar" y muchos clientes acudirán a profesionales del extranjero.

Según dio cuenta El País al comienzo de esta semana, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley integral, consultando a los sectores involucrados en la obligación de reporte. Esa tarea la realiza con "cierta premura", ya que necesita que la reglamentación esté vigente y aplicándose este año, ya que en 2019 la normativa antilavado de Uruguay será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

LA LUCHA CONTRA EL DINERO SUCIO