LOGROS Y PENDIENTES

Tras aprobar la revisión por artículo 4° (que se da para todos los países miembros) el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó en su informe, qué expresó el actual gobierno a través de su representante en el organismo, David Vogel.

En su último mensaje al FMI, la administración frenteamplista remarcó lo que consideró como logros, compartió algunos aspectos del análisis del organismo (y discrepó con otros) y aprovechó para diferenciarse de la región.

“En medio de múltiples conmociones externas negativas de la región y la economía mundial en los últimos años, Uruguay ha mantenido el rumbo, garantizando los conceptos elogiosos del personal técnico del FMI (respecto a que Uruguay está en una posición ‘envidiable’)”, indicó la declaración escrita.

“Naturalmente, hay una serie de desafíos relevantes por delante, particularmente desde el lado interno en el frente fiscal. Al mismo tiempo, Uruguay exhibe fortalezas y activos importantes que proporcionan razones claras para ser optimistas de que el país podrá abordarlos con éxito. Estos incluyen sus fuertes reservas financieras, instituciones sólidas, el amplio consenso en todo el espectro político sobre cómo abordar los desafíos clave y el impecable historial de cumplimiento de compromisos de Uruguay”, indicó el gobierno.

Respecto al déficit fiscal que -sin el “efecto cincuentones”- se ubicó en 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) al cerrar 2019, el Fondo sugirió un ajuste “creíble” mediante la combinación de limitar el aumento del gasto corriente, racionalizar las exoneraciones de impuestos y reducir el empleo público en sectores no críticos a través de la deserción natural, entre otros.

El actual gobierno señaló ante el FMI que “la evolución en términos de actividad económica ha impactado sustancialmente las cuentas fiscales, que han sido motivo de preocupación para las autoridades. Las autoridades y el personal (del FMI) están de acuerdo en la necesidad de colocar la deuda en un firme camino a la baja”.

Pero remarcó que “si bien la solidez de las reservas financieras de Uruguay no sustituye en absoluto la necesidad de reforzar el proceso de consolidación fiscal del país, mitiga la necesidad de tomar medidas apresuradas en un corto período de tiempo”.

Un aspecto en que coincidió con el FMI es en el de la reforma de la seguridad social.

En su declaración, el actual gobierno dijo que “uno de los desafíos más importantes, en este sentido, está asociado a abordar el creciente gasto en pensiones. Las autoridades están totalmente de acuerdo con lo que se afirma en el informe (del FMI): ‘las reformas deben basarse en una revisión exhaustiva de todo el sistema, respaldada por un diálogo social informado’”.

También “las autoridades uruguayas están ampliamente de acuerdo con el conjunto de reformas sugeridas por el personal (del FMI) en el documento de Temas Seleccionados. Esto permitiría a Uruguay aumentar aún más su potencial de crecimiento e inclusión. En particular, las autoridades coinciden con la importancia de mejorar la calidad de la educación y el hecho de que el bajo crecimiento de la población y las presiones de envejecimiento podrían aliviarse aumentando aún más la participación femenina y facilitando aún más la integración de los inmigrantes en el mercado laboral”.

En varios párrafos, la administración frenteamplista quiso marcar las diferencias entre Uruguay y otros países de la región. “Vale la pena mencionar que durante el año electoral de Uruguay, que finalizó en noviembre de 2019, y el período de transición posterior que finalizará el 1° de marzo de 2020, no ha habido ningún tipo de ruido en los ámbitos económico, político y social”, indicó la declaración en referencia a lo sucedido en Argentina donde el cambio de gobierno generó temor en los mercados y un salto del dólar.

En esa línea, el gobierno señaló que “como se destacó en muchas otras ocasiones, Uruguay se distingue por la estabilidad de su sistema político, la cohesión social, las bajas tasas de pobreza y los indicadores de desigualdad, así como por la ausencia de disturbios civiles”. Esa última frase, en clara referencia a lo sucedido en Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador en los últimos meses, no había sido incluida en declaraciones anteriores del gobierno.