El lunes 9 debió llevarse a cabo un remate con materiales que la constructora brasileña OAS había adquirido para la construcción de la planta regasificadora. Unos días antes, la compañía uruguaya Costa Fortuna (subcontratada por la brasileña) presentó un recurso de amparo para suspender el remate y fue tomado en cuenta.

Ayer, la Justicia desestimó esa acción y se espera que el remate se pueda realizar dentro de unos 10 días. Y ahora OAS planea realizarle un juicio por daños y perjuicios a Costa Fortuna por impedir el remate y hacerle perder dinero proveniente del mismo con el que tenía programado afrontar una serie de pagos.

En un entramado quizás de difícil comprensión, lo que rodea ahora a la planta regasificadora ya no son contratos de obras, plazos para la construcción o fechas para su puesta en funcionamiento. Son denuncias, juicios y recursos de amparo entre empresas privadas que participaron de la primera etapa —trunca— del proyecto. La cronología de los hechos marca que OAS fue contratada por GNLS (consorcio local conformado por GDF Suez y la japonesa Marubeni, encargado de la construcción y puesta en funcionamiento de la planta regasificadora) para encargarse de una parte de las obras.

En marzo, el consorcio le rescindió el contrato a OAS aduciendo diferencias técnicas. En abril, la constructora brasileña se presentó a concurso. Luego, GNLS inició un recurso de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 18.387 de concursos ante la Suprema Corte de Justicia. La intención fue trabarlo.

En el argumento presentado ante la Justicia se indicó que en el contrato entre ambas empresas existía una cláusula de arbitraje que queda sin efecto con el concurso de acreedores.

Sin embargo, el lunes 19 de octubre la Fiscalía de Corte comunicó a la Suprema Corte de Justicia que a GNLS no le asistía razón en el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Ahora, esa dependencia deberá resolver ya que la opinión de la Fiscalía no es vinculante. Ese mes, como parte del entramado, Costa Fortuna le inició a GNLS una denuncia por estafa ante el Juzgado de Crimen Organizado, que también fue recurrida por el consorcio.

Para el lunes 9 se había previsto un remate de materiales adquirido por OAS para la construcción de la regasificadora. Pero el viernes 6, Costa Fortuna ingresó en la Justicia un recurso de amparo para trabar la subasta. La acción se basó en la ley de Concursos.

Esa ley permite vender o rematar hasta un 5% del valor total de la masa activa de la empresa en concurso sin autorización judicial.

Costa Fortuna, en su acción, señaló que OAS no acreditó previamente, en forma legal, si el total de los bienes a rematar superaba o no ese 5%. Y otra vez la decisión sobre la realización o no del remate pasó a la órbita judicial.

Ayer, el Juzgado de Concurso 1° desestimó la acción presentada por Costa Fortuna.

El rematador Ruben Lomiento de Prado Remates (establecimiento donde se debió realizar la subasta) dijo a El País que la sentencia que autoriza el remate fue contundente y por tanto se espera que en 10 días pueda realizarse. Eso es porque se le otorga un plazo a Costa Fortuna para poder apelar.

"Estuvo todo hecho bajo la ley, se siguieron todos los pasos correspondientes. Se eligió el remate para beneficio de los acreedores, para que hubiese competencia de precios", dijo Lomiento.

En conocimiento de la situación, añadió que OAS planea efectuar una acción judicial por daños y perjuicios a Costa Fortuna.

"OAS gastó mucho dinero en la preparación de remate, nosotros también, pero nosotros le cobramos a OAS. Entonces ellos van a ir contra Costa Fortuna no solo por dilatar el remate. Esa suspensión le generó una pérdida grande porque tenían programados realizar pagos de obra que están realizando con el dinero del remate", dijo Lomiento.

Empresa uruguaya presentó acción de amparo; subasta se había suspendido