INVERSIONES

En un panel organizado ayer, expertos destacaron los cambios que tuvo el régimen de zonas francas que permite seguir “jugando” bajo las reglas de la OCDE.

"Es sano que Uruguay siga adaptándose a las modificaciones que ha sufrido el régimen de zonas francas”, dijo el director de Tributación Internacional de PwC, Diego Tognazzolo, en un panel de especialistas en donde ayer se trataron las principales novedades y desafíos para el desarrollo de las zonas francas en el país.

Es que en los últimos años, el régimen de zonas francas ha mutado como respuesta a los criterios internacionales, en especial a los fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de su proyecto BEPS.

Luego de que algunos regímenes tributarios uruguayos fueron cuestionados por la OCDE y catalogados como “potencialmente nocivos”, el país comenzó un proceso de alineamiento de su normativa en materia de transparencia fiscal, que fue luego calificado por el organismo como “exitoso”, en enero de este año.

Sobre este punto, Tognazzolo indicó que el país debe “seguir en el camino de mantener reglas claras y seguir jugando este juego”, ya que, de no hacerlo, advirtió que corre el riesgo de quedar aislado del estándar internacional, lo que “puede ser peligroso para países como Uruguay” que lo que “ofrecen, buscan y necesitan es atraer inversiones”, por ejemplo a través del régimen de zonas francas.

El panel de expertos destacó los aspectos del régimen de zonas francas que observaba la OCDE y entre las principales variantes destacaron que las modificaciones (que rigen actualmente) imponen mayores controles y exigencias a las nuevas empresas que quieran operar bajo el régimen con la presentación de un plan de negocios, así como una autorización por un plazo determinado (con opción a prórroga).

Por otro lado, Luciana Ávalo, gerente de Precios de Transferencia de PwC, explicó que los usuarios de zonas francas tienen ahora la obligación de contar con un respaldo de sus precios de transferencia (precio pactado entre dos entidades al comercializar un bien o servicio) que deberá ser entregado al fisco en caso de que sea solicitado.

Esto le permitirá al fisco identificar en aquellos países donde determinada firma tiene pocos impuestos y sustancia económica en relación a una considerable cifra de ingresos.

“Si ven que el usuario de zona franca opera con jurisdicciones donde hay muchas ganancias y poca sustancia económica (actividad real), el fisco va a direccionar las inspecciones con esa jurisdicción a efectos de lograr atraer rentas que corresponden a Uruguay pero que fueron trasladadas a otra jurisdicción”, explicó Ávalo.

Si bien las zonas francas uruguayas reciben exoneraciones de impuestos, tanto Ávalo como Tognazzolo explicaron que las exigencias pueden venir por parte de los fiscos extranjeros.

Sobre este punto, Tognazzolo mencionó que el objetivo del fisco uruguayo en este caso no es “meramente fiscal” sino que se enmarca en el compromiso de cooperación que adoptó Uruguay al adherirse a los estándares internacionales.

En material legal, Macarena Rachetti, supervisora de Servicios Legales de PwC destacó que la nueva norma alineada a OCDE, permite que las firmas que operen bajo el régimen de zonas francas puedan -mediante previa solicitud al Poder Ejecutivo- reducir el porcentaje mínimo de trabajadores uruguayos al 50% en el área de servicios.

Adicionalmente, según explicó Eduardo Rodríguez de PwC, otra variante del marco legal es que permite brindar servicios desde zonas francas a contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), “en la medida en que se compruebe que se tributa dicho impuesto”.

Finalmente, Tognazzolo evaluó que desde enero, tras el “visto bueno” de la OCDE, Uruguay ofrece regímenes preferenciales que “dan garantías” de que está alineado a los estándares internacionales. “Estamos en una buena posición, hicimos los deberes y el régimen está saneado”, concluyó.