DECISIÓN

Tras la postergación de una semana, la Intendencia de Montevideo (IM) se reunió virtualmente con representantes del sector gastronómico, para dar respuesta a las peticiones de rebajas impositivas.

Luego de la campaña realizada por el Colectivo Gastronómico Uruguay (CGUY), donde se reclamaba estar trabajando con un 50% de aforo, mientras que se les seguía cobrando el 100% de sus impuestos, la IM accedió a planteos del sector.

En primer lugar, una de las rebajas que obtuvieron los gastronómicos, es que desde el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre, se exonera un 100% el uso de espacio en la vía pública con o sin entarimado.

Luego, desde el primero de octubre al 31 de diciembre, el cobro del entarimado será del 50% para los espacios preexistentes y un 100% para las ampliaciones. La exoneración prevista desde el 1º de mayo a septiembre del 100%, aplica para espacios preexistentes y ampliaciones.

En todos los casos requiere de la gestión ante el comunal.

En segundo lugar, la Tasa General y Adición Mercantil se difiere para el 2022 y 2023, en caso de que el empresario sea inquilino. Del mismo modo, si es propietario, se difiere la Tasa General y, según la preferencia del empresario, la contribución inmobiliaria o Adicional Mercantil.

Para obtener este beneficio, no pueden haber deudas anteriores sin estar conveniadas, dijo a El País el directivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Alberto Latarowski,

Por otra parte, el pago de la tasa bromatológica se posterga para el 2022.

En cuanto al Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME), se difiere el pago de la tasa anual para el 2022 y se prorrogan los vencimientos hasta fin de año.

“No podemos decir que es fantástico, pero se valora el esfuerzo y, sobre todo, el interés y la eficiente devolución en cada tema planteado”, sostuvo Latarwoski.

A su vez, se plantearon incentivos fiscales para las empresas que tomen personal o los reintegren del seguro de desempleo. Esta medida, que integra el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC), fue enviada a la Junta Departamental de Montevideo, la cual espera aún por ser aprobada. Su vigencia será de un año, luego de su promulgación