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“Ningún uruguayo/a tiene responsabilidad alguna en esta crisis. La pregunta clave es: ¿vamos a buscar la forma de absorber colectivamente este shock y organizar una salida ordenada, potente y justa, o vamos a dejar que caiga donde caiga y que cada quien se arregle como pueda?”, preguntó ayer en su Twitter el investigador Mauricio De Rosa, especialista en temas de desigualdad.

Junto a otros integrantes del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración —Bibiana Lanzilotta, Ivone Perazzo y Andrea Vigorito—, elaboraron un documento con propuestas para paliar los efectos del coronavirus en la actividad, como aumentar los impuestos a la renta y la riqueza, duplicar las transferencias sociales a los hogares, y que los apoyos a las empresas tengan como condición que no despidan personal.

El documento fue publicado el lunes y se trata de la primera entrega de una serie de trabajos del Iecon titulados "Aportes y análisis en tiempos de coronavirus".

Los investigadores comienzan planteando que “desafortunadamente, las medidas que han mostrado ser efectivas para contener la pandemia tienen graves consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la actividad económica”. Por esto, es que “al menos una parte de estos daños económicos se mantendrá luego de que la prevalencia de la enfermedad se reduzca y las medidas de prevención se desmantelen”.

En ese contexto, subrayan que “las políticas económicas y sociales que se desplieguen en el presente pueden contribuir a mitigar el impacto negativo o, por el contrario, exacerbar las desigualdades preexistentes”.

Algunos efectos que mencionan son: el destino de mayores recursos públicos para los sistemas de salud; menos producción, suba del desempleo y caída de la demanda por el aislamiento de las personas; menos exportaciones e ingreso de divisas por turismo.

“La simultaneidad y la rapidez con la que el virus y sus efectos se expandieron en todo el mundo están generando una mayor competencia en la búsqueda de financiamiento para las políticas que deben desplegarse con urgencia. En el caso de América Latina y de Uruguay en particular, se agrega que la enfermedad llega en un contexto de reducido (o nulo) crecimiento económico y aumento del desempleo, aunado a la finalización del ciclo de la caída de la pobreza y redistribución de ingresos”, señalan sobre el contexto previo a la pandemia.

Los investigadores ante esta realidad consideran “sumamente relevante” discutir “quiénes pagan los costos de las consecuencias económicas de las políticas sanitarias para detener la propagación del COVID-19”. Además, plantean que “en períodos recesivos anteriores, como el que tuvo su pico en la crisis de 2002, Uruguay tuvo poca iniciativa para implementar respuestas enérgicas de contención a la rápida caída de ingresos y el aumento del desempleo”.

Las medidas anunciadas por el gobierno hasta el momento en que se elaboró el documento, fueron evaluadas como “insuficientes” y con efectos “de escala reducida”. En tanto, repasan que “en buena parte de los países afectados se han desplegado enérgicas medidas que buscan mitigar los efectos de la crisis sobre los ingresos de los hogares y sobre las empresas afectadas por interrupciones en el suministro y por la caída de la demanda”.

“Las políticas económicas que se adopten deben tener una escala adecuada y proporcional al potencial perjuicio económico. Incluso aquellas que podrían parecer adecuadas desde el punto de vista de su diseño, pueden ser inefectivas si su escala es insuficiente”, dicen los investigadores del Iecon.

Respecto a los impactos del coronavirus, aunque aclaran que aún son “difícilmente estimables”, proponen un supuesto —que cada semana de cuarentena tiene un efecto a la baja de la actividad económica equivalente al de la Semana de Turismo— que indica que “la paralización transitoria durante tres semanas de la actividad interna debido a la cuarentena podría provocar una caída del PIB, de al menos 1%”.

Otro criterio a la hora de implementar las medidas que mencionan es referido al momento de aplicación. “Los paquetes de estímulo serán menos efectivos si se implementan una vez finalizada la crisis sanitaria”, advierten.
Los autores del trabajo también piden seguir “criterios de capacidad de contribución y justicia distributiva” a la hora de repartir los costos de estas medidas entre la sociedad. “Utilizar impuestos regresivos como el IVA o el aumento de tarifas es fuertemente desaconsejable y puede llegar a neutralizar efectos virtuosos de otras políticas”, dicen al respecto.

A su entender, “el gobierno deberá emprender una política de gasto contracíclica y focalizada en sectores prioritarios”. El foco principal debería recaer sobre la política fiscal, “aunque seguramente los recursos disponibles sean insuficientes y se requiera de un mayor endeudamiento y un incremento de los impuestos a la renta y a la riqueza de manera de lograr que la contribución sea más elevada para quienes disponen de más recursos”, señala el Iecon.

Los énfasis de los apoyos deben apuntar, según los investigadores, a “las personas desempleadas y quienes mantienen una inserción laboral precaria; en particular si tienen a su cargo niños pequeños o adultos mayores”.

También hay comentarios acerca de la forma de procesar estas medidas por parte del sistema político: “el Estado debe tener un rol central en la conducción del proceso y la racionalización de los recursos disponibles”; pero también “es fundamental favorecer espacios de intercambio y deliberación pública a través del Parlamento y de los diversos actores de la sociedad civil, para que las medidas que se pongan en marcha se nutran de los aportes de toda la sociedad y cuenten con el más amplio apoyo”.

A su vez, plantean como “clave” poder “coordinar medidas de política económica con los restantes países afectados y, más aún con los de la región”, tanto para acceder a financiamiento como para crear esquemas de cooperación, en donde “Uruguay debe poner al servicio de otros sus capacidades técnicas”.