Un informe académico cuestionó el régimen de seguro de desempleo al resaltar la poca efectividad que muestra en la protección de los trabajadores. Indicó que no fue un buen instrumento en momentos difíciles y criticó su baja tasa de cobertura.

El estudio "Seguro de paro y protección a los desempleados en Uruguay: legislación y desempeño", elaborado por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración abarcó el período comprendido entre 1958 y 2014.

El documento reseñó que la protección a los trabajadores desempleados ocupó un lugar importante en la agenda política uruguaya desde los inicios de la conformación del sistema de previsión social autónomo del gobierno central. Explicó que la manera en que tal protección se ha concretado ha ido variando, pudiéndose resumir en tres modalidades: jubilación por despido, seguro de desempleo y el subsidio de las cajas de compensación para el caso del desempleo estacional.

Sobre los beneficios otorgados por el seguro de paro el Iecon destacó una "histórica" baja cobertura, quedando fuera de su alcance los trabajadores independientes, los que buscan trabajo por primera vez, los que llevan desempleados más de seis meses y los trabajadores informales.

"A pesar de las mejoras registradas en los últimos años, habría que cuestionarse de qué manera sería posible incrementar aún más la cobertura, protegiendo a los referidos grupos de trabajadores", según el informe.

Añadió que el financiamiento del régimen de seguro de paro resulta marginal en el marco del total de prestaciones brindadas por el sistema de seguridad social uruguayo, impresión que se ve reforzada al entablar una comparación internacional.

Además, manifestó que desde 1981 el financiamiento de las prestaciones pasó a realizarse básicamente con los impuestos afectados (IVA e impuesto a los billetes de lotería) y con transferencias del Estado.

El documento indicó que en promedio, en el período comprendido entre 1971 y 2014 el seguro de paro ha cubierto solamente al 13% del total de desempleados del país. "Con la crisis del año 2002 la cobertura sufrió una dura caída, pasando de 13,9% a 6,5%, para luego registrar una sostenida recuperación que la ha conducido a alcanzar un pico de 32,5% en 2013. La tendencia ascendente registrada en los últimos años nuevamente refleja los avances en la formalización del empleo", dijo.

El Iecon indicó que la investigadora Verónica Amarante y la profesora Marisa Bucheli plantearon posibles razones para que la cobertura del seguro haya sido históricamente tan baja: el peso de los desocupados que no son asalariados privados, ya sea porque son independientes y se quedaron sin empleo o porque venían de la inactividad; la importancia del desempleo de larga duración y la incidencia de la informalidad entre los asalariados privados.

En otro pasaje, el escrito expresó que un aspecto a resaltar es "la poca efectividad que ha mostrado el seguro de paro para proteger a los trabajadores en períodos de fuertes crisis económicas. Podría decirse que el seguro ha funcionado como tal en épocas normales, pero no así en momentos críticos".

En ese sentido agregó que "en las crisis el seguro no actúa como una herramienta de política social que proteja a los trabajadores desempleados, debido al período reducido de acceso a las prestaciones, así como al requerimiento de que el trabajador deba esperar un determinado período, parte del mismo de aportación efectiva, antes de poder usufructuarlo de nuevo".

El estudio dedicó un capítulo a la ley 18.399 que en octubre de 2008 incluyó modificaciones al régimen de seguro de desempleo. Dijo que las modificaciones introducidas al seguro abarcaron el plazo del subsidio, que pasó a ser seis meses o 72 jornales en caso de despido o trabajo reducido (suspensión parcial) y cuatro meses o 48 jornales en caso de suspensión total. Recordó que con la normativa el Poder Ejecutivo puede extender la percepción del beneficio a ocho meses y 90 jornales cuando se registrara una caída del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos (recesión técnica).

Además, en el caso de trabajadores mayores de 50 años la prórroga podrá ser de seis meses o 72 jornales. Por su parte, atendiendo a la "alta especialización profesional", el Poder Ejecutivo puede fijar el beneficio por un plazo máximo de un año.

Otro cambio sustancial del nuevo sistema fue establecer una escala decreciente en el monto del subsidio a percibir por el trabajador en seguro total o parcial (el subsidio pasa del 66% del sueldo en el primer mes a 40% del sueldo en el sexto mes).

Esta medida se adoptó con el objetivo de incentivar al trabajador a reintegrarse prontamente al mercado laboral.

En el caso de despido, el trabajador tiene, además, la obligación de asistir a cursos de capacitación o de reconversión laboral que se implementen en el ámbito del Ministerio de Trabajo; de lo contrario pierde el derecho al subsidio.

El Iecon concluyó que "las mayores críticas que continúa recibiendo el sistema apuntan a la falta de conexión de las políticas pasivas y activas de empleo y a la no coordinación entre los cursos que se ofrecen y las demandas del mercado laboral".

En septiembre se observó un marcado aumento en la cantidad de personas en el seguro de paro. Ese mes, según datos del Banco de Previsión Social (BPS), divulgados por El País, los trabajadores en el subsidio fueron 44.449 trabajadores con una suba de 29,4% en comparación a septiembre del año pasado. A su vez, el promedio de personas en el subsidio en los primeros nueves meses marcó un incremento de 11,4% con el mismo período de 2014. Además, en el tercer trimestre de 2015 el aumento verificado fue de 27,7% en relación al mismo período de 2014. La construcción fue el sector con mayor cantidad de trabajadores en el seguro de paro en septiembre (10.541) y un promedio de 9.049 en los últimos 12 meses, según datos del BPS.

Baja cobertura y poca efectividad en las crisis dice el Instituto de EconomíaMAXIMILIANO MONTAUTTI