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En respuesta a las denuncias del sindicato en el Parlamento.

Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) acudieron al Parlamento a responder diversas denuncias que había planteado la Asociación de Empleados de Estadística y Censos.

El mes pasado El País dio cuenta que el sindicato había dicho en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que la sección del INE encargada de evaluar la calidad de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) "hace más de un año que no está trabajando", entre otros planteos. En la sesión del miércoles de la comisión legislativa la directora técnica del INE, Laura Nalbarte, brindó sus explicaciones y defendió los procedimientos de control que se aplican, al afirmar que "garantizan la calidad de la información" que genera el organismo.

Manifestó que hay "un equipo técnico que trabaja en el análisis y control de los datos" de la ECH, una sección creada en 2008 que "se está reestructurando porque queremos aggiornar los procedimientos, de acuerdo con los avances tecnológicos que existen". Agregó que esa repartición "se considera que es necesaria y se justifica su función, pero no la forma en que se estaban llevando adelante los procedimientos", por eso están siendo "revisados". Por ejemplo, se analizó "si las preguntas que se hacían sobre el empleo estaban bien hechas y si la población las entendía".

Nalbarte expresó que hoy "la tecnología nos da la posibilidad de levantar la información en teléfonos inteligentes y realizar controles de consistencia en el hogar", cuando antes se debía volver a visitar al encuestado ante una inconsistencia en los datos recabados. La funcionaria informó que se visitan unos "4.000 hogares por mes".

Por otra parte, Nalbarte realizó "precisiones" sobre los contratos laborales de los encuestadores, ya que el sindicato había denunciado "inequidades de horario y salario". Explicó que hoy en día hay "funcionarios en provisoriato y presupuestados", tras un cambio en la metodología en los últimos años, y son "destajistas pero tienen todas las garantías y derechos de un funcionario público", y rechazó asociar eso con la "precariedad" laboral.

Señaló que la remuneración es a destajo "porque tiene que ver con la forma de trabajo" ya que hay zonas del país donde "el tamaño de la muestra no llega a la cantidad de encuesta para cubrir" el sueldo mínimo de un funcionario del INE ($ 35.700). "El precio de una encuesta urbana es $ 435 y de una rural $ 652. Si un trabajador hace 100 encuestas por mes, tiene un sueldo de $ 43.500", remarcó la directora técnica.

Acerca de las quejas por la falta de elementos de comunicación y porque no se solventa el transporte de los encuestadores, Nalbarte reconoció que existen "algunos problemas" con los teléfonos y que trabajan para solucionarlo, pero rechazó lo relacionado a la locomoción: "a veces se manda locomoción para hacer (zonas) rurales, se paga el combustible del vehículo que utiliza el funcionario o se le reembolsa el valor de los boletos"; y en Montevideo "se da locomoción para las zonas alejadas que puedan tener problemas de seguridad".