EFECTO

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió días atrás a la Comisión de Medio Ambiente del Senado un nuevo diseño de los artículos más polémicos del proyecto de ley que busca poner impuestos al uso de envases plásticos no retornables. Sin embargo, la industria sigue pensando que el proyecto afectará su actividad e impactará en los precios de los productos.

La iniciativa tiene 70 artículos, la mayoría ya aprobados en la Comisión. Pero siguen generando polémica los artículos 42 y 43, que tratan sobre la responsabilidad extendida de la gestión de residuos y establecen los valores máximos del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los envases plásticos para financiar la gestión de la basura, respectivamente.

La redacción original establecía que el valor máximo del tributo sería: 5% para productos puestos en el mercado en envases no retornables; 180% para bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos; 20% para film plástico utilizado como material de embalaje; 180% para vasos descartables; y 180% para bolsas plásticos para transportar y contener productos y bienes.

La nueva alternativa, elaborada por el MEF, deja de lado la propuesta original de gravar los productos puestos en el mercado en envases no retornables y plantea que el impuesto a los envases “se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física” vendida, y su máximo será 10 Unidades Indexadas (UI) -$ 42 a los valores de hoy- por kilogramo.

Las tasas para el resto de los productos plásticos se mantienen sin cambios y se aplicarán sobre el precio de venta sin impuestos del fabricante o importador.

Respecto al otro artículo controversial, la propuesta del MEF establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales, salvo en aquellos casos en que sean gravados por Imesi.

Sobre este punto, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo en la Comisión de Medio Ambiente que la redacción es “poco jurídica”, dado que fija costos pero no establece cuáles son ni cómo se gestionarán.

Asimismo, el legislador colorado indicó que dicho artículo “será de muy difícil aplicación” y que “debería ser más concreto porque, en definitiva, vamos a imponer obligaciones a los ciudadanos”.

Durante la evaluación de la nueva propuesta en la Comisión del Senado, y tras los cuestionamientos recibidos, la presidenta del órgano, Carol Aviaga, resolvió invitar a un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), así como del MEF para tratar las modificaciones planteadas.

Según Aviaga, “es muy necesario” para que se apruebe este proyecto, pero indicó que “no debemos olvidar que la carga de implementar este sistema (...) tiene que ser equitativa y, entre otras cosas, debe generar un proceso de transición desde el punto de vista social y económico para las empresas que están trabajando, a efectos de no provocar más desempleo”.

La alternativa propuesta por el MEF no convenció al sector industrial. Jorge Pereyra de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) fue crítico con el proyecto de ley.

Manifestó que los industriales “mantienen de su puro esfuerzo económico y sin ventaja alguna del Estado”, diversos planes de gestión de residuos que abarcan el tratamiento de envases no retornables, envases usados de fertilizantes, espuma y poliestireno.

En agregado, destacó que el sector mantiene el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) cuyo laboratorio está “especialmente diseñado para el análisis del plástico y sus mejores aplicaciones”.

Es por esto que, según la visión del representante gremial, “no se requieren más impuestos, menos aún selectivos”. Además, dijo que “desde hace ya unos cuantos años, la responsabilidad extendida está en pleno funcionamiento”.

El problema y la solución al tema ambiental -de acuerdo a la visión de Pereyra- es el tratamiento de los residuos a nivel doméstico. Al respecto, mencionó que “la clave del éxito de todo plan” es la segregación en origen de los residuos de cada hogar. “Mientras todo se disponga junto y en la forma como hoy lo realizan, no hay plan, ni impuestos, ni plata que lo arregle”, sentenció.

A su vez, el sector industrial advierte que la aprobación y ejecución del proyecto de ley influirá en los precios al consumidor final y generará mayor desempleo. “Un impuesto selectivo solo generará inflación en su inicio y elevará precios al consumidor final”, indicó Pereyra en la Comisión.

También manifestó que existen “miles de puestos de trabajo formal y capacitado” para la gestión de residuos, por lo que consideró “una medida política con más de demagogia que de real solución” que el proyecto establezca -mediante un fideicomiso público- promover la creación de cooperativas de recolectores.

“No hay solución mágica ni veloz, y menos por la vía de los impuestos”, sentenció el delegado de AUIP.

Las autoridades del MEF no ven conveniente poner impuestos a un sector que ya atraviesa dificultades, según consignó El País semanas atrás.

Así lo dejó claro además el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al comparecer ante la Comisión del Senado a mediados de mayo, cuando expresó que tal y como estaba redactado el proyecto, “podría implicar una carga importante para las empresas”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los datos de la industria reflejaron que en mayo la producción se contrajo 2,5%, aunque el núcleo industrial creció por primera vez en el año. El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, dijo días atrás que la actividad se ubica en niveles similares al 2008 y explicó que de 60 sectores que mide la gremial, hay 33 que mostraron una evolución a la baja.