INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Estudio brinda recomendaciones en materia de agua, transporte y otros.

¿Qué son los "tributos verdes" y cómo podrían ayudar a cuidar al medio ambiente en Uruguay? Este es uno de las aspectos que aborda el estudio "Instrumentos económicos orientados a proteger el ambiente: aportes para el diálogo", del Centro de Estudios Fiscales (CEF) de Uruguay.

La contaminación es para la teoría económica una "falla de mercado asociada a las externalidades negativas en el ambiente causadas por un agente" que "genera costos sociales que deben ser internalizados". El objetivo último del trabajo es "sugerir lineamientos en materia de política tributaria y fiscal orientados a la protección del ambiente en el corto y mediano plazo".

Lo que sigue son algunas de las propuestas.

El trabajo aborda la situación, problemáticas y posibles medidas para cinco áreas diferentes: agua, sector agropecuario, residuos sólidos domiciliarios, transporte y electricidad.

En el caso del agua, se señala como su "principal problema ambiental" a la eutrofización (cuando los cuerpos de agua presentan niveles altos de nutrientes, lo que genera un hábitat propicio para la floración de algas y cianobacterias, que disminuyen la calidad del agua).

A la hora de sugerir algunas medidas fiscales, para el caso del agua bruta (en estado natural antes de cualquier tratamiento) se brindan dos: un cobro por agua bruta y un "impuesto por las descargas de contaminantes a los cursos de agua".

El trabajo también sugiere una "reestructura" de la tarifa de agua potable, "haciéndolas incrementales de acuerdo al volumen consumido o crecientes por bloques en la que los comercios/industrias que consuman más agua paguen más por metro cúbico".

El estudio del CEF también muestra algunos de los impactos ambientales vinculados a la actividad agropecuaria, entre los que menciona el aporte de nitrógeno y fósforo (tanto a la tierra como al agua), la erosión de los suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dentro de las modificaciones propuestas para los agroquímicos, está la eliminación de los beneficios tributarios para la compra de fertilizantes fosfatados; la supresión de las exoneraciones de IVA para la compra de fertilizantes y materias primas para elaborar productos fitosanitarios (se plantea una medida para reducir su impacto en los productores pequeños); la creación de un impuesto específico para los plaguicidas y sus materias primas "cuando sean adquiridas por quienes no son fabricantes de estos agroquímicos".

Según la investigación "con estas propuestas se pretende ajustar el sistema tributario para reducir la intensidad en el uso de insumos que tienen afectaciones al medio ambiente y promover prácticas más amigables con el ambiente" en este sector.

El estudio detalla que "descarta" sugerir impuestos para reducir la erosión por no existir ni en la literatura ni en la realidad ejemplos de ello, y porque "es un tema cubierto a profundidad en la regulación actual". Tampoco se abordan posibles impuestos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura "porque son sumamente indirectos y tienen diversos problemas para su implementación".

En tanto, para atacar las dificultades que provocan los residuos sólidos generados en los hogares, se coloca sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha un "sistema de recolección selectiva y clasificación" que sea más efectivo, con mayor cobertura geográfica y "mejores índices de recuperación" que el actual. Para lograrlo, marca el trabajo, el "instrumento más idóneo" es una "tarifa de reciclaje". Esto, sin embargo, "presenta características que lo hacen incompatible con el régimen tributario uruguayo" tal como se lo conoce hoy.

Dentro de lo que se considera más viable, se propone un impuesto a los envases o productos envasados, así como la creación de un "fondo que permita canalizar recursos desde Rentas Generales hacia un sistema de reciclaje para cubrir su costo neto".

A su vez, se enumeran instrumentos tributarios que ya existen pero que se podrían "adecuar de forma relativamente sencilla" para mejorar su eficacia, como aumentar las tasas de Imesi a bebidas y otros productos en envases no retornables.

En tanto, para atacar las externalidades negativas a nivel ambiental del transporte —es responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en Uruguay—, el estudio sugiere "avanzar en la reducción de la brecha en la imposición que soportan las naftas y el gasoil, de forma de que el precio final del gasoil contemple el impacto ambiental más nocivo de la utilización de este combustible". La carga impositiva de las naftas (entre 70% y 84%) es "significativamente mayor" que la del gasoil (entre 33% y 36%), pese a lo señalado más arriba.

Asimismo, se sugiere que el subsidio al transporte colectivo de pasajeros vaya a un esquema "que distribuya los recursos en base a los kilómetros recorridos" y no por los litros consumidos. También, que a la hora de comprar un vehículo el parámetro para incrementar la carga tributaria no sea la cilindrada (como sucede hoy) y sí la generación de gases de efecto invernadero por kilómetro.

En el plano de la electricidad —donde se menciona el cambio de matriz energética logrado por Uruguay— se plantea "examinar la pertinencia de profundizar la sustitución de energéticos en sectores que actualmente utilizan combustibles de fuentes fósiles como el transporte" dado que "la incorporación de la electricidad como fuerza motriz del transporte público luce como una estrategia deseable".