EN LA UNIÓN EUROPEA
La oposición de casi una decena de países de la Unión Europea (UE) bloquea por el momento las posibilidades de acuerdo para introducir un impuesto sobre las ventas de las grandes empresas digitales, cuya negociación a nivel político comenzó en el Consejo informal de ministros de Economía y Finanzas.
"Hay muchas opiniones diferentes en torno a la mesa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero creo que hay una base amplia de apoyo para la propuesta de la Comisión Europea y, en general, la voluntad de discutir", dijo en la rueda de prensa tras la reunión el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, responsable de la propuesta.
Es la primera vez que los ministros debaten la iniciativa, que plantea imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.
Se trataría de una tasa temporal como medida urgente para paliar las bajas contribuciones de estas compañías por el impuesto de sociedades hasta que se adopte la solución que Bruselas plantea a largo plazo y que consiste en tener en cuenta la presencia digital a la hora de calcular dónde pagan impuestos.
Los países parten divididos en la negociación, dónde se necesita conseguir la unanimidad de los 28 para aprobar la medida.
Irlanda, Malta, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido rechazan medidas unilaterales y piden una solución internacional, según las fuentes consultadas.
Por el contrario, Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, están a favor del impuesto temporal, en tanto que el resto de los 28 mantienen posiciones ambiguas.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, insistió en que espera un acuerdo antes del fin de 2018. Sin embargo, los países reacios, teman que el impuesto mine la competitividad y atractivo empresarial de Europa y que Estados Unidos lo interprete como un ataque hacia sus compañías.
"No estamos en una carrera para frenarlo, pero no queremos una solución individual que no funcione", dijo el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna.