CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

En el año 2017 se aprobó en Uruguay la ley integral contra el lavado de activos y posteriormente en 2018 se aprobó el decreto reglamentario que, entre otras cuestiones, determinó que diferentes actores del sector no financiero estarían incluidos -en el registro de la Secretaría Antilavado- como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Entre esos sujetos obligados, la normativa incluyó a inmobiliarias, constructoras, casinos y profesionales como contadores, escribanos, abogados, entre otros. Mientras que las zonas francas ya habían sido catalogadas como “de alto riesgo” en términos del control del lavado de activos al momento de la evaluación nacional de riesgos realizada en 2017.

A dos años de la promulgación de la regulación y en el marco del Compliance Day organizado por el estudio brum & Costa Abogados, la gerenta general de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Lydia Cazaban y Luis Silveira de la Cámara Inmobiliaria (CIU) dieron su visión respecto del impacto de la normativa.

De acuerdo con Cazaban, los controles que actualmente tienen las zonas francas para prevenir el lavado de activos “son altísimos” y dijo que la Dirección Nacional de Aduanas puede ver “todo lo que ingresa y egresa de las zonas francas así como todo el registro y controles de inventario” de forma online “en el momento en que sucede”.

Si bien Cazaban señaló que inicialmente las zonas francas habían sido consideradas como un sector “de alto riesgo”, en 2019 un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “reportó la revisión y el progreso” de las zonas francas de Uruguay que “fueron consideradas no dañinas al sistema”. Según Cazaban “hubo un cambio muy importante” en el trabajo que han realizado las zonas francas junto con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), y señaló que para que las zonas francas “puedan fluir” es “muy importante” seguir mejorando la calificación que tiene el sector en esta materia.

Por su parte, Silveira resaltó que desde que rige la normativa, el sector enfrentó “muchas dificultades” para poder cumplirla y dijo que fue difícil “agregarle otra obligación a nuestros socios de la cámara”.

Sin embargo, destacó que después de un trabajo en equipo con la Senaclaft, “ellos fueron comprendiendo cuál era el negocio inmobiliario y nosotros pudimos participar y entender qué era lo que ellos querían”, explicó.

No obstante, Silveira manifestó que desde este sector siguen “considerando que la regulación es excesiva” porque, entre otras cosas, afirman que el umbral (de hasta US$ 300.000) que determina la ley para considerar una operación como de riesgo “es muy bajo”.

A su entender, el riesgo “tanto para el sector como para el Estado” está en las inmobiliarias extranjeras que operan en el país y criticó “el vacío legal” que implica que “no puedan ser controladas”.