El abogado del estudio Posadas, Posadas & Vecino, Diego Gamarra afirmó que la ley de Participación Público Privada (PPP) aprobada en 2011 no tuvo en los cuatro años pasados el despliegue que en su momento se proyectó.

En este sentido, recordó que en el período pasado de gobierno solo se iniciaron dos proyectos "bastante modestos": el centro de reclusión de Punta Rieles ya adjudicado y la construcción y mantenimiento de las rutas 21 y 24 que está en procedimiento de contratación.

Para Gamarra, ello no se debe a un problema en el régimen jurídico establecido, sino que el problema principal se manifestó en la etapa de definición, selección y desarrollo de los proyectos.

"Las flaquezas parecen haberse generado más que nada por ausencia de impulso político en dicho sentido", afirmó Gamarra, que participó el martes en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo, junta a los economistas Pablo Rosselli y Gabriel Oddone.

"Se crearon grandes expectativas por la aprobación de la nueva norma, pero no se tuvo en cuenta que para poner en marcha semejante andamiaje era necesario un considerable elenco de proyectos interesantes y una cierta maduración institucional", dijo.

Para el abogado existen aspectos a mejorar en el diseño institucional y de procedimiento que es "excesivamente pesado". De todas formas, indicó que la base normativa es "suficientemente firme" para esperar resultados "alentadores". "Lo que parece haber sucedido es que se colocó la carreta delante de los bueyes. (...) Ahora los bueyes parecen encontrarse en su sitio", finalizó el experto.

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