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La historia detrás de la venta de una empresa con deudas, que ahora es denunciada por estafa

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Grupo de acreedores de La Constancia reclama estafa de la empresa

LA CONSTANCIA

Unos 50 acreedores reclaman deudas impagas por más de 2 millones de dólares.

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Un grupo de más de 50 acreedores de la empresa de chacinados La Constancia, afirman que fueron estafados por la forma en la que se llevó adelante el concurso de esta compañía y su posterior venta. Denuncian que se les deben unos US$ 2,6 millones debido a las “irregularidades” y “falta de transparencia” del proceso de liquidación y venta de la empresa.

Así lo afirmó en diálogo con El País, Santiago Fernández, uno de los acreedores de La Constancia quien, junto a otras seis empresas afectadas, decidieron agruparse y contratar abogados para iniciar una denuncia penal.

Antecedentes

En septiembre del año pasado, el encargado de compras de La Constancia convocó a los proveedores a una reunión, en la que les informó sobre la solicitud de concurso de acreedores presentada por la empresa. El 1° de febrero de 2022 se declaró el concurso de la compañía y la Asociación de Peritos del Uruguay (Aupe) fue designada por la Justicia como el síndico del proceso y la encargada de administrar la empresa de ahí en más.

El grupo La Constancia está compuesto por dos sociedades: Mirnabel S.A. (el frigorífico) y Madibel S.A. (el negocio de la granja productora de cerdos).

Fernández informó que durante todo el tiempo que duró el proceso concursal, desde Aupe “avalaron” que todas las compras que debía hacer la empresa para asegurar el funcionamiento de la granja, fueran canalizadas a través del frigorífico (Mirnabel S.A.).

Por este motivo, los proveedores facturaron los insumos vendidos para la operativa de la granja, a la sociedad titular del frigorífico, en lugar de hacerlo a la empresa propietaria de la granja, es decir a Madibel S.A. Según Fernández, esa forma de facturación se dio así tras la indicación de los funcionarios de La Constancia y posteriormente también del síndico.

Sin embargo, lo que ocurrió fue que “poco a poco” los pasivos “se fueron concentrando” en una sola de las sociedades (Mirnabel S.A), mientras que los activos se concentraron en la otra empresa.

“Le seguíamos vendiendo sin saber que era una empresa insolvente. No éramos conscientes de la maniobra que en realidad estaban haciendo, que implicaba insolventar una empresa y dejar todos los activos en la otra. Le vendíamos insumos a la granja, se lo facturábamos al frigorífico pero ellos después no hacían una facturación interna, la estaban insolventando”, relató Fernández.

El 1° de junio de 2022 se liquidaron las sociedades y el 22 del mismo mes, el síndico presentó una oferta de adquisición de ambas sociedades, que había recibido por parte de la familia Urgal (dueños del Frigorífico Pando) y del grupo español, Vall Companys.

La situación fue descubierta por los acreedores el 8 de julio cuando se concretó la venta en una “subasta privada” y Aupe estableció que la distribución del precio recibido por la operación (que incluía ambas empresas) sería asignada entre las dos sociedades.

Por tanto, el síndico definió que el dinero recibido por la venta de los activos sería distribuido en un 9,52% para Mirnabel S.A. (el frigorífico) y en un 90,48% para Madibel S.A. (el negocio de la granja).

“La distribución del precio recibido por el grupo fue asignado de tal forma entre ambas sociedades, que los proveedores cobraron poco más del 3% de lo que se les adeudaba”, indicó el grupo de acreedores a El País.

Si bien Aupe informó que tenía unos US$ 2,7 millones por la subasta de los activos en concurso, como la normativa uruguaya indica que cada empresa debe realizar su propio concurso de forma separada (y no como grupo), los acreedores del frigorífico no pueden cobrar sus deudas (que ascienden a unos US$ 2,6 millones aproximadamente) porque figuran como acreedores del frigorífico, la empresa insolvente.

“Los US$ 850.000 para repartir significan el 3% de nuestra deuda, mientras que los US$ 2,7 millones fueron para la granja que no tenía pasivos. Esa plata se la llevaron los accionistas, los dueños de la empresa y sin embargo, declararon el concurso de la granja como fortuito”, criticó Fernández.

La calificación del concurso como fortuito significa, en este caso, que Aupe entendió que en la insolvencia del grupo La Constancia no existió dolo o culpa grave por parte de la empresa, sus dueños y administradores.

“La plata está, fue una maniobra muy rara”

El grupo de acreedores solicitó al síndico que el concurso de la granja se declare como culpable, pero desde Aupe les respondieron que ellos no podían opinar sobre ese concurso porque figuraban como acreedores del frigorífico y no de la granja.

“Es como un chiste porque el mismo síndico nos hacía facturarle al frigorífico, avalaban esa operativa y ahora nos dicen que lamentablemente le estábamos facturando a una empresa insolvente”, criticó Fernández. El empresario dijo a El País que hay unos 50 acreedores afectados y que un grupo conformado por siete empresas decidió reunirse, contratar abogados y presentar una denuncia penal.

“La plata (para pagarle a los acreedores) está, el tema es que con esa maniobra se la están llevando los dueños. No nos sentimos defendidos (por el síndico) porque no fue un proceso de venta y liquidación transparente y porque además nos castigaron diciéndonos que como no figuramos como acreedores de la granja no podemos recibir nada de esos US$ 2 millones, pero eran ellos los que nos hacían facturarle al frigorífico. Fue una maniobra muy rara”, criticó Fernández.

El grupo de acreedores duda sobre el proceso de venta y liquidación de La Constancia y cuestionan “la falta de transparencia”. Sobre eso, Fernández relató que “fue muy raro” que el síndico recibiera una propuesta de un grupo español y de la familia Urgal “a solo 20 días de haber liquidado la empresa”.

Además, dijo que hubo otros oferentes interesados en participar de la subasta, como la empresa Camposur, una de las principales competidoras de La Constancia, quien “tuvo varias demoras en acceder a la información necesaria para ofertar y pocos días antes de la subasta, le dijeron que precisaba conseguir US$ 500.000 de garantía si quería presentarse. Fue todo muy rápido y poco transparente, si hubiera habido más tiempo para analizar (la propuesta), seguramente la maniobra hubiese saltado antes”, cuestionó.

Consecuencias de calificar un concurso culpable

El grupo de acreedores de La Constancia busca que la Justicia declare al concurso como culpable y no como fortuito. Según la normativa uruguaya, si la sentencia de calificación declara culpable al concurso, se deberán determinar las personas afectadas por la calificación, así como también se deberá determinar las personas cómplices. Los cómplices son aquellos que “actuando con dolo o culpa grave, hubieren colaborado en la producción o agravamiento de la insolvencia” de la empresa.

Si el concurso es declarado culpable, la Justicia determinará la inhabilitación del deudor, de los administradores o liquidadores y de los miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora (es decir, el síndico que participó), para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a 20 años, así como para representar a cualquier persona durante ese mismo período.

Otra consecuencia es la “pérdida de cualquier derecho que tuvieran tanto los cómplices, como los acreedores concursales, y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados”, indica la normativa.

Por otra parte, la ley establece que en el caso de que el deudor, “cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable, fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva”. Es decir que en ese caso se podrá ver afectado el patrimonio personal de los administradores de la empresa, de los cómplices y del síndico.

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