Cambios legales

El concepto refiere a los funcionarios que pasan de compañías del Estado a otras privadas del mismo rubro, aprovechando el vínculo estatal. El Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley con cambios en el funcionamiento de las empresas públicas con ese y otros cambios.

MATHÍAS DA SILVA

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Que brindan servicios por encima de los costos de eficiencia y afectan al sector productivo, que son usadas para controlar la inflación o combatir el déficit fiscal, que sus directores hacen campaña previo a las elecciones. Esas y otras son las críticas dirigidas a las empresas públicas, cuya gestión vuelve a estar en la agenda política tanto de la oposición como del Poder Ejecutivo, que prepara un proyecto de ley con algunos cambios.

Ayer la Confederación de Cámaras Empresariales organizó un debate donde varios especialistas expusieron una serie de cambios que se podrían implementar en la dirección de las empresas del Estado.

Allí el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, anunció que se prepara una iniciativa para cambiar algunas normas de funcionamiento de los entes, como reducir los directorios, establecer concursos obligatorios para las altas gerencias e impedir que los directores ocupen luego puestos similares en el sector privado.

"A veces se hace mucho tiroteo político y se emplean palabras altisonantes", dijo García sobre el debate actual sobre las empresas públicas, pero apuntó que es un tema de larga data. Luego, anunció que "el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley", aunque aclaró a El País que no hay plazo fijado para enviarlo al Parlamento.

Se fijará "el formato del rol del propietario", es decir el método por el que el Estado ejerce su función de conductor de las políticas generales del conjunto de empresas. Los sistemas de Chile y Perú —donde hay un comité especializado— "son experiencias a tener en cuenta", señaló García y agregó que debe ser "lo más práctico posible, sin generar burocracia".

También se incluirá que los directores "no puedan ejercer puestos de dirección en actividades similares en el sector privado hasta transcurrido un período razonable desde el cese", que anticipó el jerarca podrían ser 36 meses. Con esto se busca "que no se utilice el pasaje por el Estado como ventaja en el sector privado", aclaró García ante la consulta de El País.

Un tema que reconoció lo "desvela" y sobre el que se realizarán cambios es la contratación de las altas gerencias, tomando de ejemplo la actual administración de Ancap.

"Cuando uno da un mandato a un directorio, este tiene derecho a tener el material humano adecuado para trabajar, entonces la propuesta es abrir a concurso abierto de oposición y mérito mediante un llamado público, donde pueda entrar gente de afuera y también presentarse los funcionarios", explicó.

Además, planteó que "la designación en los cargos podría tener alguna regla que permita en función del desempeño renovarse". A su vez, indicó que en algunas empresas del Estado "no son necesarios cinco directores, con tres alcanzaría".

Otros puntos que adelantó, fueron establecer las pautas de gasto e inversión "en función de los compromisos de gestión", "definir lineamientos de gobierno corporativo y buenas prácticas", y que el Poder Ejecutivo tenga asesoramiento "para la selección y evaluación de los integrantes de los directorios".

Bruno Gili, catedrático de la Universidad ORT y socio de CPA Ferrere, dijo que hoy día no se sabe "si las empresas públicas son eficientes o no, si dan un resultado razonable o tienen ventajas regulatorias, y tendría que haber alguna forma de medirlo".

Estimó en unos US$ 12.000 millones el patrimonio sumado de todas las empresas públicas, por lo afirmó que "el Estado tiene un portafolio" de al menos US$ 20.000 millones. Sin embargo, "las rentabilidades (de estas compañías) son todas bajas y con suerte cubren la tasa a la que Uruguay se endeuda".

Dando por valido que hay subsidios y negocios poco rentables (como llevar energía a un pueblo del interior), el socio de CPA marcó que "eso debería ser financiado por el Estado" para evitar "que la función política esté alojada en la empresa" y sí esté "en un ministerio o el Parlamento". Se mostró partidario de que "lo mismo que exigimos a las empresas privadas en el mercado de capitales, se lo pidamos a las públicas coticen o no", aunque luego dijo que "tiene ventajas" hacerlo porque "hay alguien más controlando".

Para Pablo Regent, decano del IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, está comprobado "que las empresas con mejores prácticas de gobierno corporativo tienen mejores resultados, en el sector público y en el privado".

Luego presentó una serie de recomendaciones a implementar para mejorar la gobernanza, como que los directores sean responsables por las pérdidas —"que les duela" una mala gestión, dijo y bromeó que así sería "complicado" conseguir alguien para el cargo— y que el Estado "no sea garante de la deuda" de una compañía de su propiedad —"la posibilidad de quiebra es lo que más ayuda para la eficiencia, no tenerla es como si en el fútbol no valieran los goles en contra", manifestó.

Por su parte, el abogado Carlos Delpiazzo hizo foco en las sociedades anónimas de derecho privado propiedad de los entes: "Superan las 100, algunas informan los resultados, pero de otras se sabe muy poco". Se usan "para escapar" de los topes a las retribuciones dentro del Estado, de las reglas de contratación y del control del Tribunal de Cuentas, agregó.

Para referirse a la falta de idoneidad de algunos jerarcas, Delpiazzo recordó cuando era senador y una venia para un director de Ancap "decía que había presidido un club de baby fútbol del interior".

Alvaro García

Director de la OPP

"Cuando uno da un mandato a un directorio, este tiene derecho a tener el material humano adecuado para trabajar, entonces la propuesta es abrir a concurso abierto de oposición y mérito mediante un llamado público (los cargos de alta gerencia)".

Bruno Gili

Socio de CPA Ferrere

El patrimonio total de las empresas públicas son unos US$ 12.000 millones, por lo que "el Estado tiene un portafolio" de al menos US$ 20.000 millones. Pero "las rentabilidades son todas bajas y con suerte cubren la tasa a la que Uruguay se endeuda".

Pablo Regent

Decano del IEMM

"Las empresas con mejores prácticas de gobierno corporativo tienen mejores resultados, en el sector público y en el privado. La posibilidad de quiebra es lo que más ayuda para la eficiencia, no tenerla es como si en el fútbol no valieran los goles en contra".

Gremiales piden "revisar tarifas" por PIB y empleo

Documento presenta medidas para ir a un sistema más eficiente

"Las empresas públicas ocupan un rol central en la provisión de bienes y servicios, tanto para la producción como para el consumo de los hogares", y si lo hacen de "forma eficiente" son claves "para la competitividad, el empleo, y el bienestar de los consumidores"; sin embargo "el sistema de empresas públicas en Uruguay tiene particularidades que determinan, en los hechos, que los mecanismos de fijación de precios no están necesariamente alineados con la provisión eficiente de servicios a precios competitivos", sostiene un documento elaborado por la Confederación de Cámaras Empresariales.

Reconocen no es un tema exclusivo del gobierno actual, ya que "en diversos episodios del último siglo la política de tarifas ha estado fuertemente condicionada por su uso como estabilizador macroeconómico, en el frente fiscal y en la inflación". Esto trae dos problemas: "desvíos respecto a los precios óptimos o eficientes", y "desincentivos para la disciplina fiscal ya que las empresas públicas operan como amortiguadores".

Otra parte del documento se centra en el marco institucional y sostiene que hay "falencias en materia de gobierno corporativo y ejercicio de la propiedad, así como en el rol de los organismos reguladores". Por eso las gremiales piden "abordar reformas" para "mejorar la gestión", así como también "profesionalizar y transparentar los esquemas de decisión con el objetivo de proveer bienes y servicios de calidad a precios competitivos".

En línea con esto, el presidente de la Confederación, Gerardo García Pintos, dijo al cierre del evento que "una revisión de las tarifas es crucial para detener la caída del empleo que se viene registrando hace cuatro años y para evitar que la desaceleración de la economía se transforme en un estancamiento duradero".