Sector vitivinícola

Piden US$ 1,5 millones pero el MGAP les reclama que primero salden deuda.

El sector vitivinícola atraviesa hace años "problemas estructurales" según los productores. Mientras las cosechas de uva son cada vez mejores (la actual se prevé que sea la mejor del siglo en calidad) baja el consumo de vino entre los uruguayos (hoy se toman 27 millones de litros menos que en 2001), y aparte los costos de producción complican la exportación del excedente, que se calcula en unos 55 millones de litros.

Para enfrentar esta situación, los productores y bodegueros han venido planteando que el gobierno destine un subsidio de US$ 1,5 millones —aproximadamente $ 1 por kilo de uva remitida— para intentar ser más competitivos en precio y colocar el excedente en los mercados internacionales.

Esto fue discutido en el Parlamento en varias sesiones de la Comisión de Industria de Diputados y días atrás acudieron para dar su visión las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El disparador fueron los dichos del diputado blanco Richard Charamelo —"vinculado" al sector vitivinícola—: "Respecto al tema de la exportación, se nos dice que para que esta sea rentable el gobierno tiene que dar una mano, porque los precios que se manejan internacionalmente son inferiores a los costos de producción; no dar una mano implicará que la mayoría de los que remitieron la uva para procesar vino con destino a la exportación termine cerrando sus puertas".

El ministro Enzo Benech recordó que "el sector vitícola viene con este problema (el excedente de vino) desde hace muchos años" y el MGAP ha respaldado diferentes alternativas para solucionarlo, como producir alcohol vínico y jugo de uva.

Pero además "ha apoyado con dineros retornables, que son dineros de nuestra sociedad que salieron, en su momento, del fondo de la granja (que se financia con un porcentaje de la importación de frutas y verduras, y de las ventas de las grandes superficies) hacia un sector de la vitivinicultura", sostuvo el jerarca y en este punto se basa la discusión sobre dar o no un nuevo subsidio.

Es que según informó, tras el crédito reembolsable de $ 45 millones que se otorgó en 2012 al Centro de Viticultores "hubo pagos a cuenta, pero son viejos y lamentablemente no hemos tenido devoluciones recientes".

Cuando asumió como ministro en enero, Benech se reunió con la Junta del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) donde están representados todos los actores del sector, para transmitirles un mensaje: "que conocíamos este asunto, que desde el Ministerio habíamos apoyado varias veces, con este mismo objetivo, y que no habíamos tenido la respuesta que, a nuestro juicio, correspondía, que era que se hicieran responsables de las deudas generadas, que no se había devuelto la plata y que nosotros no podíamos seguir apoyando".

La respuesta que recibió de los productores fue "un pedido de ayuda, solicitando más plata y una propuesta de bajar la deuda en forma significativa" sin ningún reembolso.

"Es muy difícil hacer una quita a una deuda que no se pagó y que está revencida. Sin embargo, nunca recibí una propuesta de pagar algo para volver a pedir", agregó y dejó en claro que "nunca dijimos que no estábamos dispuestos a apoyar, estábamos dispuestos si se honraban las deudas y si alguien se hacía responsable".

Respecto a esa deuda, el diputado Charamelo indicó que "algunos invitados" a la Comisión dijeron "que hubo algunos senadores y gente del gobierno (en referencia al exministro Tabaré Aguerre) que alentó eso y que firmaron por la necesidad que tenían de dar una solución a los productores".

A esta acusación respondió la directora general de la Granja, Zulma Gabard, quien repasó los hechos: en 2012 el Centro de Viticultores presentó un plan que se aceptó para tener una partida no retornable y otra retornable de $ 30 millones; pero "se excedió" el número de productores a atender y plantearon "que precisaban $ 15 millones más", lo que traía dificultades porque aún no se había liquidado la anterior ayuda.

"En ese momento, el ministro de turno (Aguerre) convocó a todo el consejo del Inavi y al Centro de Viticultores para tomar una decisión. El ministro, dando las garantías, dijo: Más que un nuevo convenio firmado, me importa la palabra de todos los que están acá, y accedió a un nuevo préstamo de $ 15 millones, con garantía. Ahí llegamos a la entrega de $ 45 millones a total solicitud del sector", explicó.

De ahí en adelante, según informó Gabard, "se hicieron seis devoluciones en marzo de 2013; una en el año 2014, y dos muy pequeñas en el 2017". En octubre del año pasado, el Centro de Viticultores quiso conocer la deuda y la Dirección General de la Granja la calculó: "de aquellos $ 45 millones que el Fondo prestó en Unidades Indexadas (UI), restando aportes que se hicieron y actualizando la UI, hay una deuda aproximada de $ 70 millones", sentenció.

En anteriores sesiones de la Comisión, los productores dieron su postura. Por un lado Aramir Silva y Fernando Imperiale, del Centro de Viticultores, dijeron que "la directiva quiere honrar esa deuda pero hoy no tiene dinero" y que "si en algún momento se genera algún negocio, trataremos de ir pagando o, por lo menos, de aceptar la deuda, que no es la totalidad de lo que se dice". Silva recordó que Aguerre en 2012 "respaldó al Centro para que tomara la línea de crédito" y que él mismo dijo al jerarca que no iban a poder devolver el 100%.

Además, acudieron la Asociación Nacional de Bodegueros y la Organización Nacional de Vitivinicultura, quienes expresaron "no saber" que estaban "cautivos" de la deuda del Centro de Viticultores y que por un préstamo que "ellos no pudieron cumplir" hoy también están impedidos de acceder a algún subsidio del Estado. "No nos sentimos responsables de esa deuda" y un 80% o 90% del sector no se benefició de aquel crédito, dijo Gustavo Redín.