Solo resguardará la relación abogado-cliente; no a contadores ni escribanos.

Aunque no prosperó la inclusión de un aditivo al proyecto de ley de transparencia fiscal que reducía los secretos profesionales oponibles a la Dirección General Impositiva (DGI) al devenido de la relación abogado-cliente, el gobierno mantiene esta postura e incorporará una norma en este sentido en una próxima ley.

Así lo adelantó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Hacienda de Diputados. "El secreto profesional oponible a la administración tributaria es el que tiene que ver con todas las comunicaciones entre el abogado y su cliente, en el marco de la defensa de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional. Entendemos que ese es el secreto profesional que debe ser resguardado", manifestó.

De esta forma, se dejarían de lado los secretos de otras profesiones como los contadores y escribanos. Ferreri señaló que la posición del gobierno respecto al tema está "reconocida a nivel internacional" y se aplica "en la enorme mayoría de las jurisdicciones". Añadió que "la relación abogado cliente es lo que reconoce el Pacto de San José de Costa Rica; no reconoce otro secreto profesional".

Esta visión es rechazada por la Asociación de Escribanos, el Colegio de Contadores e incluso por el Colegio de Abogados, que cuestiona que su secreto sea limitado a la actuación en el marco de la defensa del cliente.

Además, el abogado y docente de Fiscalidad Internacional, Leonardo Costa, dijo a El País que hay recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) —entidad que coordina acciones en materia de antilavado— de proteger el secreto profesional de los contadores y escribanos cuando actúen como asesores o en funciones jurídicas.

Como ya informara El País, en la sesión de la Comisión de Hacienda previa a la votación del proyecto de ley de transparencia fiscal causó polémica la presentación de un aditivo al artículo 17 (referido al secreto profesional) que establecía la postura defendida por Ferreri y era apoyado por la bancada frenteamplista.

"El único secreto profesional oponible a la administración tributaria será el referido a las comunicaciones entre el abogado y su cliente en el marco de la defensa de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional", establecía la redacción propuesta. Además, aclaraba que "los abogados no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria".

Este aditivo fue finalmente dejado de lado ante las dudas de la oposición, que planteó convocar nuevamente a la Comisión a los colectivos afectados (abogados, contadores y escribanos), lo que atrasaba el trámite parlamentario.

Ante esto, Ferreri transmitió a los legisladores que "el interés del Poder Ejecutivo es que este proyecto sea aprobado rápidamente; por lo tanto, si esto es un obstáculo hay otras instancias, por ejemplo, el proyecto de ley que busca combatir el lavado de activos (a estudio en el Parlamento)", anticipando que se insistirá con la propuesta. Es que el gobierno necesita que la ley de transparencia fiscal se apruebe antes de fin de año para cumplir con el intercambio automático de información tributaria al que se comprometió.

A su vez, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Guillermo Nieves, explicó en la comisión que en base a lo establecido en el Código Tributario, la DGI entiende que ningún otro secreto profesional aparte del de los abogados "resultan oponibles en el ejercicio de sus facultades" y así actúa. Pero marcó que sería conveniente "una norma interpretativa" como la propuesta "que precise el alcance de esa inoponibilidad".

La vicepresidenta de la Asociación de Escribanos, Alicia Santos, dijo a El País que quedaron "preocupados" tras conocer la propuesta de Ferreri y destacó que "afortunadamente varios diputados defendieron" el texto original del proyecto de ley. Adelantó que los escribanos "defienden su secreto a capa y espada" porque la profesión que ejercen "exige mucha discreción y por eso la legislación" les brinda ese derecho.

También los contadores se oponen a cualquier cambio legal que afecte su secreto profesional y así lo hizo saber días atrás el presidente del Colegio de Contadores, Selio Zak, tras el anuncio de que dicho privilegio sería afectado por normas incluidas en el proyecto de ley contra el lavado de activos.

Incluso los abogados cuestionan la intención del gobierno. El presidente del Colegio de Abogados, César Pérez Novaro, explicó a El País que el secreto profesional "queda reducido al proceso administrativo o jurisdiccional" cuando en realidad ampara todas las actuaciones previas al litigio y las tareas preventivas. "Se trata de una limitación artificial que vulnera nuestro secreto", añadió.

En la sesión también algunos legisladores advirtieron sobre las consecuencias del cambio normativo propuesto por el gobierno.

Jorge Gandini (Partido Nacional) expresó que la iniciativa "barre con el secreto profesional en términos generales" y Conrado Rodríguez (Partido Colorado) señaló que "hay una vulneración de todo el secreto profesional que no nos parece adecuada". A su vez, el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica expresó su "preocupación y alarma".

Ferreri explicó en la Comisión de Hacienda una de las modificaciones introducidas en el proyecto de transparencia fiscal referido al reporte de los saldos en cuentas bancarias, que deberán hacer anualmente las entidades financieras a la DGI. "Se agregó a la obligación de acceder a los saldos de fin de año de las cuentas bancarias, la de entregar su promedio anual", que se construye con los saldos de cada mes. La razón del cambio es "porque si se entrega solamente el saldo de fin de año, puede que en los días previos a ese cierre, se produzcan maniobras de movimientos de cuentas a efectos de falsear el saldo final". El reporte al fisco de ambos datos "conforman información bastante más consistente", subrayó el jerarca.

CAMBIOS EN EL SECRETO PROFESIONAL