El 30 de agosto vence el contrato que le otorgó a Los Cipreses (Buquebus) la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo y ya se tomó la decisión que su administración pasará, al menos provisoriamente, a manos estatales.

Pesó en la determinación un recurso que la empresa presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), refutando la última prórroga concedida que es, precisamente, la que vence el mes próximo. La decisión ya fue comunicada a la compañía propiedad de Juan Carlos López Mena y encendió la polémica.

En 1994, Los Cipreses S.A. (Buquebus) firmó un contrato con la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la concesión de la terminal fluvio marítima de pasajeros del Puerto de Montevideo por un plazo de 10 años prorrogables por períodos adicionales y sucesivos por un máximo de 30 años, es decir, hasta 2024. En 1995 comenzó a operar.

En 2005, durante la primera administración de Tabaré Vázquez, el ministro de Transporte de ese período —que también es el actual—, Víctor Rossi, concedió una prórroga por cinco años.

En 2010, comenzó a correr una nueva prórroga por otros cinco años, pero recién se firmó el año pasado y la autorización fue retroactiva.

En ese momento, la resolución de Presidencia, firmada por José Mujica, estableció que esa sería la última prórroga que se le concedería a Buquebus y que para la nueva concesión de la terminal de pasajeros debería realizarse una licitación. En desacuerdo con la decisión presidencial, Buquebus presentó un recurso ante el TCA que todavía no tiene resolución.

Ese recurso fue una limitante para que el gobierno armara un nuevo proceso licitatorio. Y ello, también pesó a la hora de tomar una decisión sobre el futuro de la terminal en el puerto de Montevideo.

"De acuerdo a la interpretación jurídica que se ha hecho, el 30 de agosto termina la concesión de la terminal y entonces el concesionario tiene a partir de allí 30 días más para irse", confirmó a El País el presidente de la ANP, Alberto Díaz.

"Sabemos que el concesionario presenté un recurso ante el TCA, pero no sabemos cuando el TCA se va a expedir ni cuando termina todo. Entonces, la decisión que se tomó es que la ANP se hace cargo de la terminal, por lo menos hasta conocer el fallo", añadió el jerarca. Luego, superada esa instancia se "estaría licitando u otra cosa, dependerá de la decisión del tribunal", señaló Díaz.

Claramente, la postura de Buquebus es diferente a la estatal. "Ellos (por Buquebus), no comparten el cálculo que se hizo de las fechas y por otro lado están pidiendo quedarse en la terminal hasta que finalice el estudio del TCA. Nosotros no llevamos esa posición y por eso la ANP va a asumir la administración de la terminal a partir del 30 de agosto", afirmó Díaz.

Además, confirmó que la decisión ya fue comunicada a la empresa de López Mena.

La postura gubernamental es que se pondría en riesgo a la ANP si se realizará una licitación previa a la resolución del tribunal administrativo.

"Entonces fue por eso que se decidió este camino", remarcó el presidente de la ANP.

Para las autoridades marítimas la premisa es que los pasajeros "sufran lo menos posible y que los servicios se mantengan", dijo Díaz.

En ese nuevo escenario, Buquebus será "un armador, va a traer el barco, sus pasajeros y va a hacer su negocio en el barco como hace hasta ahora", expresó. La nueva forma de operar tiene como referencia a lo que ocurre en Colonia, donde también la ANP es quien administra la terminal marítima de pasajeros.

Por su parte, López Mena señaló a El País que "Buquebus está amparada por el contrato actual hasta el año 2024 por lo que esperábamos que se respetase el plazo contractual. La ANP nos ha comunicado que al 30 de septiembre tomará a su cargo la administración de la terminal de pasajeros. Nuestra esperanza es que se respete el principio de seguridad jurídica que ha hecho de Uruguay un destino atractivo para la inversión y nos conceda una prórroga dentro de lo que establece el contrato".

El empresario sostuvo que la compañía presentó sus argumentos ante el Ministerio de Transporte y está esperando una respuesta gubernamental.

"Si finalmente se estatiza la terminal de pasajeros de Montevideo haremos todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar en sostener la misma calidad de servicio que hasta ahora. Sin duda que hemos invertido mucho en el desarrollo de la terminal, pero aún queda mucho por hacer", dijo. Y agregó que si finalmente se llega a esa situación, Buquebus espera que la ANP "haga las obras que necesita la terminal y en las que nosotros íbamos a invertir".

En ese sentido señaló un estacionamiento techado de 300 plazas unido a la terminal por un puente, mejoras en el área de embarque y desembarque de vehículos e incorporación de tecnología para facilitar el trabajo de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Eso representa para la compañía una inversión de US$ 5 millones.

Por último, López Mena expresó que "las empresas necesitan mirar lejos en el horizonte para poder proyectarse, invertir y aumentar la cadena de valor. Cuesta entender que una empresa que ha invertido lo que invierte Buquebus deba pasar por estas situaciones de incertidumbre."

La ANP toma la gestión porque entiende que venció plazo de concesión