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El futuro de la TV paga y el riesgo de ser otro “Bip-bip radiomensaje”

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Los cableoperadores están en un momento de transición y las plataformas (Netflix) crecen.

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Los ejecutivos de las empresas nacionales de televisión para abonados analizaron el futuro del sector y cuestionaron la imposibilidad de dar servicio de Internet, lo que dicen “limita el negocio”. De no haber cambios en la regulación, ven riesgo de quedar “fuera del mercado”.

En la década del 90 se hizo popular en Uruguay un dispositivo electrónico llamado “Bip-bip radiomensaje”, que enviaba textos escritos a los usuarios a través de una operadora central que oficiaba de intermediaria. Pasaron los años y la masificación del celular terminó por extinguir el sistema.

El ejemplo fue utilizado por Andrés Ham, gerente general de Nuevo Siglo, para subrayar que si no permiten a las empresas de televisión para abonados brindar más servicios -están limitados por la normativa- en un mediano plazo probablemente corran la misma suerte. “Bip-bip radiomensaje era bueno y barato, pero no pudo competir” con compañías que ofrecían al cliente múltiples servicios, indicó.

Los desafíos a futuro del sector fueron analizados ayer en un panel del evento “Reinventar la caja”, donde los ejecutivos coincidieron que el mercado está en baja mientras crecen las plataformas de contenidos como Netflix y otros servicios de streaming. Pusieron el foco en criticar las regulaciones que consideran excesivas, y lo contrastaron con la “total libertad” que tienen para reproducirse por Internet los contenidos “piratas”.

Ham dijo que la normativa local “es una ficción, no es real, porque no está adecuada al negocio y genera mayores costos”. Además, señaló que la regulación es “discriminatoria porque mira con lupa a las empresas nacionales y las de afuera no tienen ningún control, se manejan con más holgura”.

El principal reclamo de las compañías de televisión para abonados pasa por poder proveer banda ancha, un servicio monopolizado por la estatal Antel, aunque también cuestionaron varias disposiciones incluidas en la denominada ley de medios. “No poder dar Internet ni ser operadores de tecnología limita el negocio, si esto se mantiene así nos va a dejar afuera del mercado”, remarcó el ejecutivo de Nuevo Siglo.

El gerente general de TCC, Javier Ruete, dijo que al impulsar un marco regulatorio de este tipo “el Estado es más una carga que una ayuda”.

Al tiempo que Ham sostuvo que mientras los operadores locales cumplen con todas las imposiciones y las obligaciones impositivas, “los IP (servidores) del exterior ni saben dónde está” la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

La gerenta general de Montecable, Fabiana Orlotti, expresó que aunque Uruguay está entre los países donde la televisión para abonados es más cara en la región -lo que todos los ejecutivos asociaron a la imposibilidad de ampliar los servicios y diversificar costos- “perdemos muchos lugares en materia de rentabilidad”. En esa línea, su par de Nuevo Siglo indicó que “hace tres años que la facturación de las empresas nacionales no acompaña a la inflación”.

Ruete manifestó que frente al cambio “de hábito” de los consumidores, que prefieren contenidos a demanda, el objetivo debe ser competir por “generar suscripciones” más allá del medio de transmisión del producto, esto es “romper los esquemas tradicionales” de la industria.

“¿Cuántas veces tuvieron contacto con Netflix? Nosotros atendemos al cliente ante cada consulta, pero la tendencia es que al ser el servicio tan robusto no se necesita una gran estructura detrás”, analizó el ejecutivo de TCC y sostuvo que las empresas locales deben avanzar hacia un modelo similar.

Por su parte, Martín Ois habló por las empresas de televisión por cable del interior y dijo que la falta de controles del Estado sobre la difusión de contenidos ilegales (lo son todos los que se reproducen por Internet sin licencias) “naturaliza el delito”.

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Ley de medios: críticas de Andebu y abogados

La denominada ley de medios fue aprobada por el Parlamento en 2014, pero varios de los artículos fueron recurridos por las empresas del sector audiovisual y algunos declarados inconstitucional por la Justicia. Las disposiciones que contiene, que rigen también para los cableoperadores, son “muy severas y restrictivas”, dijo la abogada de TCC, Soledad Moreno, y criticó que no regule los servicios de transmisión por Internet. La normativa también controla el tiempo y los contenidos de la publicidad, “lo que afecta una fuente directa de ingresos”, añadió.

Respecto a esa limitación, el abogado de Nuevo Siglo, Álvaro Carrau, ejemplificó que una publicidad considerada violenta podría salir “en un partido de fútbol transmitido por Facebook, pero no si es transmitido por la empresa que tiene los derechos”, en referencia al canal Fox Sports. En igual sentido, Mario Garmendia, representante legal de Montecable, señaló que se restringen los contenidos en el horario de protección al menor pero “si alguien quiere ver algo (censurado) va a Internet” y lo hace.

Mientras que el presidente de Andebu -gremial que agrupa a las empresas privadas de radio y televisión-, Omar de León, dijo que Uruguay es “un caso único en el mundo por prohibir” a los cableoperadores brindar el servicio de Internet y evaluó que hubo “una década pérdida” en materia de regulación del sector. También cuestionó que el órgano que controlará la aplicación de la ley de medios “tenga tanta dependencia del Poder Ejecutivo”, y la obligación de transmitir determinadas campañas de bien público de forma gratuita -“ninguna ley obliga a los taxis a dar viajes gratis”, indicó-.

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