MULTILATERISMO

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La actual fama de capital diplomática de Ginebra -la segunda ciudad más importante de Suiza- se la debe a William Rappard, un economista liberal nacido en Estados Unidos que se radicó y trabajó allí como profesor.

Al comenzar la década del 20 del siglo pasado, utilizó sus contactos diplomáticos para convencer a las principales potencias de instalar en Ginebra la sede de los organismos multilaterales, que empezaban a proliferar al término de la Primera Guerra Mundial. Rappard vivía en el predio lindero a donde hoy funciona la Organización Mundial del Comercio (OMC), un edificio construido en 1926. Primero fue sede de la Liga de las Naciones -antecedente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que también tiene una de sus sedes principales en Ginebra-, que a los pocos años lo cedió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se trasladó en 1977 y actualmente está instalada a pocas cuadras.

Desde ese año el edificio recibió al secretariado del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido por su sigla en inglés: GATT), que luego se transformó en la OMC. En esa transición cobra relevancia Uruguay, porque Punta del Este recibió en 1986 la ronda de negociación del GATT en la que 123 países acordaron crear la OMC, lo que se concretó en 1995 tras la cumbre de Marrakech (Marruecos, en 1993).

Tan solo dos salas de las varias del enorme edificio de Ginebra llevan nombre de personas, y una homenajea al expolítico colorado y experto en comercio exterior uruguayo Julio Lacarte Muró.

El diplomático participó de la creación del GATT en 1948, fue su primer secretario ejecutivo, fue representante de Uruguay por más de 10 años ante el organismo e integrante de 1995 a 2001 del órgano de apelaciones de la OMC.

Hoy el representante uruguayo es el exsubsecretario de Relaciones Exteriores (2015-2017) y diplomático con más de 30 años de carrera, José Luis Cancela, que también preside el Consejo del Comercio de Mercancías de OMC. Este es el órgano de tercer nivel -por debajo de las cumbres ministeriales y el consejo general- más importante de la entidad, donde se discuten las preocupaciones comerciales que presentan los 164 miembros.

Aunque falte un año, la OMC ya trabaja intensamente en la preparación de la próxima cumbre ministerial -a la que asisten los ministros de Comercio o cancilleres de todos los países- que se celebrará en junio de 2020 en Nursultán (antes llamada Astaná), capital de Kazajistán.

Se trata del órgano máximo de decisión de la organización y se reúne aproximadamente cada dos años. Allí los jerarcas de gobierno ratifican los acuerdos que se fueron trabajando en la interna de la OMC en los meses previos.

Entre medio de cada encuentro de ministros, las decisiones pasan por el consejo general, que se reúne en Ginebra cada tres o cuatro meses, con la asistencia de los embajadores de todos los países miembros.

El consenso es la regla de oro dentro de OMC y cualquiera de sus instancias de decisión. Esto asegura que ninguna resolución salga si hay una visión negativa de uno de los miembros, aunque también complica los avances en puntos en los que hay acuerdo mayoritario pero no general.

Obviamente, para alcanzar el consenso no es lo mismo que la negociación la encabecen potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea, que un país pequeño. Sin embargo, la capacidad de veto es potestad de todos los miembros con representación en la OMC y ha ocurrido que naciones con escaso poder hayan trancado iniciativas.

La función principal del organismo multilateral es poner las reglas para que el comercio mundial opere sin barreras innecesarias que limiten su crecimiento. Entre todos los miembros representan el 97% de las transacciones globales de bienes y servicios.

Cada país tiene derecho a imponer a los productos que ingresan a su territorio un arancel, en función de sus intereses comerciales y de los sectores productivos nacionales que desea proteger.

Atendiendo esto, cada miembro de la OMC negocia con el resto -siempre por consenso- una “lista de concesiones”, que refleja el arancel máximo (llamado arancel consolidado) que aplicará a los distintos tipos de bienes que ingresen por su aduana. Está la posibilidad de aplicar un arancel de 0% y no hay un limite máximo preestablecido.

Todas esas disposiciones quedan registradas en un libro de acuerdos de la OMC, que se suele llamar “la Biblia del comercio internacional” y tiene miles de páginas. Igualmente, entre todos los miembros rige la llamada “regla de la nación más favorecida”, que establece que cualquier modificación posterior del arancel máximo -ya sea en nuevas rondas generales de la OMC o producto del ingreso de un nuevo país- aplica a todo el resto.

La excepción a lo dispuesto en las “listas de concesiones” son los acuerdos comerciales bilaterales (entre dos países) o plurilaterales (entre más cantidad de países o entre bloques regionales), que permiten reducir los aranceles de forma exclusiva a los participantes del convenio.

Hoy día se calcula que aproximadamente un 80% del comercio mundial se realiza en el marco de las “listas de concesiones” de la OMC o bajo el criterio de “nación más favorecida”, y apenas un 20% corresponde a acuerdos de acceso preferencial entre naciones.

(*Invitado por la OMC para participar de un seminario para periodistas)

Actualmente existen nueve denuncias cruzadas en la OMC entre Estados Unidos y China. Con este panorama y la amenaza de paralización del Órgano de Soluciones de Diferencias en unos meses, resta saber si la OMC sobrevivirá y continuará imponiendo las reglas para el comercio, o si todo quedará librado al poder de negociación de cada nación. Esto, lógicamente podría perjudicar a países pequeños como Uruguay, que no tienen el poder que les da el organismo de vetar decisiones. La incógnita está planteada y el presidente estadounidense Donald Trump tiene la respuesta.