En un escenario que tiene a Uruguay en un proceso acelerado de cambio en el sector de la energía por una fuerte incorporación de renovables y gas natural a la matriz —a lo que se suma la posibilidad de que el país pueda contar con hidrocarburos— expertos en economía coincidieron en que las empresas públicas del sector deberían incorporar algunas prácticas en su gobernanza e institucionalidad para posicionarse mejor frente a estos nuevos desafíos que se avecinan.

En una conferencia organizada por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica (UCU), el economista de Deloitte, Pablo Rosselli, remarcó como uno de los puntos centrales a cambiar, la necesidad de que las empresas públicas tengan una tasa de rentabilidad "definida explícitamente para evaluar mejor su performance".

"Cuando hablamos de explicitar las tasas de retorno obviamente no quiere decir que igualemos las empresas públicas a las empresas privadas, porque las públicas pueden tener algunos objetivos adicionales", afirmó. En este sentido, agregó que otro aspecto necesario es que se expliciten tanto los sobrecostos que implican algunas políticas públicas como así también los subsidios.

Una idea similar expresó el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili, para quien también se deberían fijar algunos criterios sobre una tasa de costo capital "que mida la forma en que el Estado espera" que las empresas retribuyan. El experto también coincidió con Rosselli en la necesidad de conformar un holding de empresas públicas, que definió como "una alternativa interesante" y en donde se deberían especificar por escrito "directivas claras" de cuáles serían las políticas a seguir.

Para Rosselli, pensar en un holding sería apenas un primer paso, pero que no "garantizaría nada" si luego no se introdujeran los métodos de trabajo adecuados.

En relación al rol del regulador de servicios en el sector de la energía, Gili consideró que se le debería dar "más importancia real", por ejemplo a la hora de fijar las tarifas.

"Primero se podría llegar a una tarifa técnica que corresponda a un mercado competitivo y después entrar en la tarifa política. La tarifa política debería ser la excepción. Tengo la sensación de que es la regla y me parece que eso está mal y hay que cambiarlo", afirmó.

Según Rosselli, otro aspecto clave pasa por separar la formulación de política pública, su ejecución y la regulación. "Creo que si uno piensa eso en un banco de tres patas, la pata de la regulación es una pata más corta", aseveró.

El economista reconoció que si bien "hay más eficacia" en la prestación de servicios por parte de las empresas, en cinco años será clave la eficiencia. "No alcanza con hacer cosas que antes no se lograban hacer, sino que hay que hacerlas bien", dijo el economista.

Por otra parte, Rosselli remarcó la necesidad de incorporar más inversión privada. "Tener al sector público haciendo inversiones en infraestructura que el sector privado querría hacer a tasas de retorno razonables es ineficiente", dijo. Además, indicó que se debe reflexionar sobre los límites de actuación de las empresas públicas. "Necesitamos tener otra gobernanza para que las empresas públicas tengan negocios en el exterior. Con esta gobernanza no tiene sentido. ¿Para qué tenemos negocios en el exterior, para ganar más dinero?", se preguntó.

En tanto, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, indicó que la principal reforma en las empresas públicas para mejorar el funcionamiento pasa por la introducción de competencia, para "obligar a la gente a mejorar".

"Hubo mejoras, pero se mantienen algunos monopolios como en la importación de petróleo y en la producción de biocombustibles que no sé si es legal o no. ¿Por qué solo Ancap lo hace ? Posiblemente nadie lo quiera hacer", ejemplificó.

Un documento elaborado por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la UCU, señala que el actual ordenamiento de roles y funciones "dificulta la superación" de varios desafíos que serán claves para el sector. Entre ellos, destaca la necesidad de "optimizar" los costos y fomentar los máximos niveles de eficiencia, aumentando el aporte a la competitividad de la economía; junto con la necesidad de maximizar la captación y el aprovechamiento de las inversiones disponibles, "para apalancar el desarrollo de la infraestructura nacional".

Para el observatorio, otro aspecto que se dificulta con el actual ordenamiento es la necesidad de "minimizar" el impacto del desarrollo de la infraestructura sobre las cuentas fiscales, incorporando análisis de riesgos y protecciones contra los ciclos económicos.

A esto se suma otro desafío que es la incorporación creciente del mercado de capitales y sus agentes en el financiamiento de la infraestructura, "aumentando los niveles de transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión", según el documento.

"Los problemas crecientes para realizar un adecuado control de gestión y rendición de cuentas, en un escenario de múltiples actores con objetivos superpuestos y hasta contradictorios, y soluciones ad-hoc que se multiplican, es otro de los desafíos que se deben atender, según el observatorio.

Según el trabajo de la UCU, el modelo de gobierno de los entes no resuelve adecuadamente el "problema de agencia", es decir las diferencias entre los accionistas (la ciudadanía) y los administradores. En los directorios no está claramente delimitado quién representa al accionista y quién a la administración. Los directores de los entes operan a veces como representantes del accionista (la ciudadanía) y otras veces participan del gerenciamiento de la organización en forma directa, explican. Además, agrega que a diferencia de la institucionalidad empresarial clásica, en los entes el presidente no rinde cuentas al directorio, sino al Poder Ejecutivo "en forma mucho más laxa, con una visión mucho más política y alejada de la gestión empresarial concreta".

Fijación política de las tarifas debería ser excepción y no regla, dicen expertos