PROYECTO DE LEY

Así lo planteó la CNCS y la Asociación de Supermercados en el Parlamento.

Más de una década después de aprobada la Ley de Defensa de la Competencia, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para modificar algunos aspectos y avanzar en los controles. Las delegaciones empresariales que han acudido a la Comisión de Hacienda del Senado -que analiza el texto ya aprobado por Diputados- plantearon cambios en la redacción y cuestionaron las multas vigentes por prácticas anticompetitivas.

Los principales avances en la fiscalización son la posibilidad que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- investigue determinados acuerdos colusorios (entre empresas competidoras) sin tener que verificar las condiciones de mercado -se denomina regla per se (ver aparte)- y la efectivización de un control previo en fusiones que impliquen una concentración.

Los cambios, según explicó el gobierno, surgen de una auditoria que se encargó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Santiago Portela, que integró la delegación de la Asociación de Supermercados (ASU), criticó que del “cumulo de recomendaciones” que surgen de la revisión, “el proyecto prácticamente recoge las que fortalecen la actividad de la CPDC pero muy poco las que hacen precisiones sobre dar más garantías para el administrado”.

En tanto, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) apuntó que los nuevos controles sumarán “burocracia” y pueden transformarse en un “obstáculo” para los negocios.

El gerente jurídico Juan Mailhos explicó que “el cambio esencial” del nuevo proyecto es que “determinadas prácticas, concentraciones y hechos van a estar sometidos a la autorización de la CPDC”, pero la gremial pretende que se mantenga como hasta ahora y que sea necesario solo una notificación (hoy la Comisión no puede impedir una operación). La disposición traerá a la CPDC “muchísimo más trabajo y (necesitará) más recursos”, con los que hoy no cuenta, indicó Mailhos.

Lo aprobado por Diputados bajó el límite a partir del que se interviene en las fusiones a 600 millones de UI -unos US$ 71,4 millones- cuando el proyecto del gobierno lo ponía en 750 millones de UI, lo que provocó opiniones encontradas. Para la CNCS es “razonable”, pero la Liga de Defensa Comercial (Lideco) pidió “bajar el monto” para abarcar más operaciones y propuso 250 millones de UI.

También Cambadu -que núclea a los almacenes y autoservice- señaló que ese umbral en un sector “en recesión” podría significar “comprar una franja de mercado significativa”, por lo que solicitó bajarlo.

La ley de 2007 establece una serie de sanciones para las empresas involucradas en prácticas anticompetitivas, desde una multa mínima de 100.000 UI -US$ 11.900- a una máxima de 20 millones de UI -US$ 2,4 millones- y un 10% de la facturación anual, o tres veces el perjuicio generado.

“No hay un criterio para determinar las sanciones. No se toma en cuenta la gravedad de la conducta, y pueden ocurrir inconsistencias que lleven a sancionar en forma rigurosa conductas que pueden más leves que otras”, dijo Mailhos. Pidió “rebajar los montos de las multas” y que se otorgue un trato benévolo a “las empresas que proporcionan información”, lo que hoy está reducido a la primera que brinde datos.

También la delegación de ASU consideró “excesivo y desproporcionado” el monto de la sanción, y planteó reducirlo al 1% de la facturación del infractor. El umbral vigente va “contra el principio de preservación de la empresa” porque “puede llegar a determinar el cierre definitivo y la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo”.