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El régimen de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) fue utilizado por los últimos dos gobiernos como un esquema para invertir en infraestructura ante las restricciones fiscales y como forma de transferir el riesgo al privado. Pero tiene la lápida puesta.

“Nuestra opción actual es que los contratos que están (firmados), están, algunos que no están firmados se están viendo” y “para adelante no está planificado usarlo más”, dijo en entrevista con El País el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie.

¿Cómo funciona el régimen de PPP? Por ejemplo, en una obra vial bajo la modalidad PPP, el privado se encarga de construir, rehabilitar, mantener y financiar el circuito vial y el Ministerio de Transporte le pagará una compensación económica por ello (durante los años que dure el contrato, generalmente entre 15 y 25 años).

Pero, esa compensación se paga por “disponibilidad” -en el ejemplo si la ruta no está en las condiciones que se fijaron en el contrato, no se abona- y se comienza a desembolsar el dinero una vez que la obra está concluida. Esto pone el riesgo (de construcción y de mantenimiento) del lado del sector privado.

El gobierno del Frente Amplio utilizó las PPP para construcción de carreteras, escuelas, centros CAIF y hasta una cárcel.

Pero el actual gobierno no cree que este esquema deba seguir adelante. Según Alfie “las PPP han resultado muy onerosas” para el Estado. Una de las razones es que “la estructura, todo el procedimiento, que genera unos costos fijos muy importantes desde el principio, después se traslada a la tasa de interés. Porque en el fondo si usted le pone 4% o 5% del valor de capital como gastos pre-operativos, al final eso se traslada a la tasa de interés y al precio final”.

El otro factor es que el proyecto lo encara un privado “pero tiene que tener garantía del Estado, pero como es privado cuando se va a financiar no lo hace a la tasa de interés que paga el Estado, es la tasa que paga el Estado más 2 y pico (puntos) más. Después tenemos una serie de instrumentos en el medio, los fideicomisos, esto lo otro”, que encarece el costo, señaló.

Según el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los contratos que han visto de PPP “ponen algunas condiciones de exigencias que claramente es que alguien quiso sacarse algún gusto”.

Se “ponen determinados niveles de calidad, que no tienen ni sentido. He visto contratos de rutas donde solo pasan camiones que tienen que tener un nivel de piso igual que la Interbalnearia donde uno puede correr una carrera si quiere y donde ningún auto normal de los que están, salvo de alta gama o deportivo, se da cuenta si está arriba de eso o arriba de lo otro, por ejemplo”, afirmó Alfie.

El País le preguntó y el director de OPP respondió sobre este punto. Este es el diálogo que se dio:

-En esa discusión, ¿puede haber un indicio de un supuesto arreglo o delito o coima o algo?.

-Yo no puedo suponer…

-Pero si se está haciendo una carretera más cara de lo que se necesita, uno más uno es dos.

-Bueno, aparte de eso, las penalidades (de los contratos). Hay cosas baladíes penadas igual que las cosas importantes. Cuando tenés cosas baladíes penadas igual que cosas importantes, tenés un problema porque el riesgo se te multiplica.

Alfie indicó que otro aspecto que se ha visto en los contratos por PPP “es que en algunos lugares hay planificadas determinadas rutas que no justifican… hay rutas que no tienen tránsito. No se justificaba porque económicamente no da. Justifica una mejora, pero no una obra grande porque no tienen tránsito. De hecho, seguimos discutiendo a ver si se pueden hacer algunos cambios”.

En definitiva, “el instrumento como tal, tiene sus problemas y además hemos visto esas cosas que... pucha, encarecen de por sí el instrumento. Encarecen la obra”, concluyó Alfie.

¿Cuál es entonces el mecanismo que piensa utilizar el gobierno para financiar las obras de infraestructura al descartar nuevas PPP?

La opción pasa por los llamados “contratos Crema” (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento) que son una modalidad de contratación utilizada con frecuencia, en la cual el constructor privado se obliga a realizar una obra inicial de construcción y a realizar obras de mantenimiento durante el plazo de contrato.

Alfie señaló que “el riesgo en el (contrato) Crema también queda en el privado”, pero “son plazos menores” que una PPP. En la PPP, el riesgo del privado en un contrato más largo “lleva a que tiene que hacer dos veces -y puede llegar a tres veces- la carretera. Los riesgos se multiplican. En cambio el contrato Crema es: hizo la obra, la tiene que mantener y cuando tiene que hacerla de vuelta, ya es otro contrato. No le pongo un riesgo infinito”, fundamentó.

Los contratos Crema los están “trabajando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo)” y sobre la posibilidad de utilizar concesiones de obra pública “no escuché”, dijo Alfie.

No obstante, aclaró que “nosotros (por la OPP) no somos los que definimos eso, está claro que es una órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

El Centro de Estudios de la Industria de la Construcción (Ceeic) hizo propuestas al respecto