LA HISTORIA DETRÁS

El gobierno de Estados Unidos consultó a Uruguay sobre sus relaciones comerciales con China en un encuentro anual en Washington, en el marco del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA por sus siglas en inglés), donde las partes además identificaron “potencial” para ampliar los vínculos en servicios.

En la reunión, que se produjo el 13 de junio y fue catalogada como “muy positiva” por “ambas delegaciones”, participaron representantes de la Oficina Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) y del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, dijo a El País el embajador de Uruguay en EE.UU., Carlos Gianelli. El Departamento Económico Comercial de la Embajada trabajó en la coordinación de la reunión.

Ante la consulta sobre si EE.UU. manifestó preocupación por el fuerte vínculo comercial de Uruguay con China (con el que Washington mantiene una “guerra comercial”), la respuesta de Gianelli fue: “Efectivamente el vínculo comercial de Uruguay con China surgió en curso de la descripción de las relaciones comerciales con sus principales socios comerciales”.

En su respuesta la delegación uruguaya admitió que China es el principal socio de Uruguay -en 2018 demandó 26% de las exportaciones, US$ 2.328 millones, según datos oficiales-, y que “el relacionamiento es estratégico”.

“Sin embargo, en el área de las inversiones no se registran flujos importantes de ese país a Uruguay” se matizó en la reunión, dijo Gianelli. Esta aclaración de la delegación uruguaya resulta muy relevante, dado que en EE.UU. existe preocupación por la influencia geopolítica de China en América Latina a raíz de las millonarias inversiones que ha realizado el gigante asiático en los últimos años.

A su vez, Argentina y Brasil hicieron públicas días atrás las intenciones de que el Mercosur negocie un acuerdo comercial con EE.UU. y otro con China, tras alcanzarse uno el viernes 28 con la Unión Europea.

A través de su oficina de prensa, la USTR declinó hacer comentarios a El País sobre lo conversado en la reunión en Washington más allá de lo expresado en un escueto comunicado que divulgaron las delegaciones en forma conjunta. Allí se especifica que estuvieron presididas por John Melle, representante para América Latina del USTR, y Ana Teresa Ayala, directora general de Asuntos Económicos de la Cancillería (quien tampoco accedió a responder a El País).

“Los funcionarios discutieron una amplia gama de temas de comercio e inversión, y compartieron perspectivas sobre sus respectivas iniciativas comerciales y las posibles oportunidades bilaterales. Las cuestiones clave incluyeron la facilitación del comercio, las barreras reglamentarias al comercio, las cuestiones agrícolas, incluida la biotecnología agrícola, la inversión y el comercio de servicios, y la protección de la propiedad intelectual”, se limita a consignar el comunicado. Agrega que la próxima reunión será en 2020 en Montevideo.

El cónclave de Washington estuvo orientado a facilitar el comercio bilateral. La delegación uruguaya expresó que el comercio bilateral es “bastante equilibrado”, ya que el año pasado Uruguay exportó US$ 600 millones (es el cuarto destino de exportación) y EE.UU., US$ 620 millones. Gianelli añadió que “se mencionó la importancia” que tienen las inversiones directas de EE.UU. en el país, “que significan el 8% del total”, y unas 200 empresas estadounidenses “están facturando alrededor de US$ 4.000 millones anuales” en Uruguay con activos totales que superan los “US$ 11.000 millones”, según cifras del Departamento de Comercio de EE.UU.

En los últimos años, EE.UU. eliminó barreras al ingreso de productos que permitieron que empresas uruguayas colocaran en ese mercado arándanos, cítricos y carne ovina (con y sin hueso). El principal rubro de exportación de bienes de Uruguay es la carne y sus derivados y la delegación uruguaya hizo algunos planteos.

Las exportaciones de tecnologías de la información y la comunicación fueron otro de los aspectos centrales que planteó Uruguay, ya que -suman US$ 300 millones- superan las de carne, resaltó Gianelli. “Las perspectivas de incrementar nuestras exportaciones de bienes son bastante reducidas teniendo en cuenta que nuestros principales rubros de exportación están limitados por contingentes arancelarios o deben enfrentar aranceles altos”, explicó. A ello se suma que Uruguay perdió los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) “por superar los niveles de ingreso per cápita exigidos para beneficiarse de ese programa”, agregó.

Hubo acuerdo en que “existe un importante potencial para ampliar vínculos en el sector servicios. Sugerimos que en el próximo TIFA a desarrollarse en Uruguay el año que viene se analice este fenómeno y cómo esta repercutiendo en los diversos acuerdos que Uruguay ha negociado con EE.UU.”, indicó.

Uruguay además planteó que el capítulo de economía digital “podría ser enriquecido. A los representantes de EE.UU. les pareció una buena idea y quedaron a la espera de un planteo de acciones concretas a ser analizadas en la próxima reunión del TIFA”, informó el embajador.

Las preocupación del gobierno de EE.UU. y de varios think tanks por la influencia de China en América Latina se incrementó a raíz de la iniciativa “One belt, one road” que lanzó Beijing en 2013. Con un nombre que alude a la antigua Ruta de la Seda que unía Asia con Europa, se trata de una de las ambiciosas metas del gobierno de Xi Jinping para hacer resurgir a China como potencia mundial.

Hasta el momento, su alcance en la región consistió en que empresas y bancos estatales chinos financiaran proyectos de infraestructura multimillonarios poco transparentes y a tasas de interés muy elevadas en distintos países que terminaron generando una fuerte dependencia con el gigante asiático.

Los casos más polémicos se ubicaron en Argentina (por ejemplo, las represas en Santa Cruz “Jorge Cepernic” y “Néstor Kirchner” adjudicadas a Electroingeniería) y Ecuador (la represa Coca-Codo Sinclair, un proyecto rechazado por varios organismos multilaterales). Esos países negociaron préstamos con China por US$ 1.000 millones cada uno.

También fueron significativas las inversiones chinas en Brasil y Venezuela. En agosto de 2018 durante la tercera reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Fondo China-Brasil se acordaron posibles inversiones en infraestructura por US$ 4.000 millones, consignó el think tank The Inter-American Dialogue.