El cambio normativo y sus efectos

Hará un control “más intenso” a las zonas francas del Interior que abran oficinas en Montevideo, les dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Hace pocos días el Poder Ejecutivo divulgó la reglamentación que complementa la nueva ley de zonas francas que se aprobó a fines de 2017. El miércoles el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó el alcance del cambio normativo en un evento organizado por la Cámara de Zonas Francas (CZFU).

El intercambio fue "ameno y cordial", comentaron a El País participantes de la reunión. Agregaron que Ferreri aprovechó para advertir que "desde el punto de vista fiscal serán monitoreadas de forma más intensa" aquellas empresas instaladas en zonas francas del interior (fuera del Área Metropolitana) que hagan uso de la posibilidad que permite la nueva ley de abrir una oficina en Montevideo.

"Son un sector de riesgo", sostuvo el jerarca según las fuentes. Antes estaba prohibido, pero ahora los exclaves del interior podrán desarrollar en una única oficina en la capital actividades de "relaciones públicas; manejo de documentación auxiliar; facturación; cobranza de bienes y servicios de carteras no morosas".

El decreto reglamentario aclaró que las acciones deben ser "de naturaleza complementaria a la actividad sustantiva autorizada y no podrán consistir en operaciones de venta de bienes y servicios ni en la promesa de venta de los mismos".

Durante el debate en el Parlamento el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se había mostrado en contra de la redacción original que tenía en la ley este aspecto, porque constituía "un cheque en blanco" para las zonas francas por el riesgo de evasión. Una redacción alternativa habilitó esas actividades con expresa autorización y dando poder de control a la Dirección General Impositiva (DGI).

Las nuevas reglas —que rigen desde marzo que entró en vigencia la ley— para las operaciones en los 11 territorios francos que hay en Uruguay hacen foco en afinar los requisitos que deben cumplir las compañías para recibir el permiso, mejoran los controles sobre los usuarios ya instalados y fijan plazos menores de habilitación, según informes de estudios jurídicos y contables que resumió días atrás El País.

Por otra parte, en el evento Ferreri presentó datos de un estudio realizado por el MEF que refleja que el 28% de las exportaciones uruguayas salen desde zonas francas, totalizando US$ 4.103 millones en 2016, casi duplicando el monto de US$ 2.000 millones del 2014. De la cifra total, un 34% corresponde al sector servicios.