INFORME

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) comienza la discusión para elaborar un diagnóstico del sistema jubilatorio de cara a su reforma. El primer borrador de ese diagnóstico (que no es el definitivo y al que accedió El País) señala un problema en cuanto a las tasas de aporte patronal y personal de empresas, Estado y trabajadores.

Ayer El País informó sobre parte del contenido de este documento borrador, y particularmente sobre las tasas de aporte, expresó que el texto dice que “las tasas de aportación sobre el trabajo de nuestra economía resultan elevadas en la comparación internacional” y que subirlas “presenta restricciones, dado su actual nivel”, por lo que “las opciones para mitigar el actual desequilibrio financiero del sistema difícilmente puedan actuar significativamente sobre esta variable”.

¿Cómo llega el informe borrador de la CESS a ese diagnóstico? El documento señala que “un aumento por encima de los valores actuales podría desestimular la contratación de mano de obra o incentivar la contratación informal, afectando especialmente a aquellos trabajadores menos calificados” y que hubo “un amplio consenso respecto a este punto en las audiencias realizadas” por la CESS.

Según el informe, “la elevada fragmentación de nuestro sistema de seguridad social supone tasas de aportación sobre salarios que presentan diferencias tanto entre las entidades gestoras, como a la interna de ellas”.

En ese sentido, dice que “las diferencias se dan entre el sector privado (7,5% de aporte patronal) y el público y también dentro de ambos”.

Explica que “dentro del sector privado la principal diferencia está en el régimen de aportación general, el de la industria de la construcción y el del sector rural”.

El informe afirma que “la especificidad de la actividad de la construcción justificaría el tratamiento diferencial que se centra en la unificación tributaria, de beneficios laborales y definición del sujeto pasivo del tributo; no en diferenciación de alícuotas más allá de sus particularidades”.

En tanto, “el fundamento del tratamiento diferencial del sector rural presenta mayores debilidades”, agrega. Es que “el aporte patronal rural por los dependientes, con su actual configuración, equivalió en 2018 y 2019 a una alícuota del 2,01% y 1,92%, respectivamente de la masa salarial de los dependientes del sector, aproximadamente la cuarta parte que el sector de industria y comercio”, indica.

Por su parte, “dentro del sector público las alícuotas de aportación presentan niveles mayores. Por ejemplo: los gobiernos departamentales (incluida la Intendencia Municipal de Montevideo) la tasa es de 16.5%; la Administración Central, la alícuota es del 19.5%”, expresa.

A su vez, “en el régimen previsional militar, los activos comprendidos en el régimen anterior aportan montepío del 13%”, explica.

¿Qué sucede con la tasa de aporte personal (que se descuenta del salario del trabajador)?

El informe recuerda que “la tasa del régimen general es del 15%. La alícuota de los afiliados a la Caja de Jubilados y Pensionistas Bancarios, que eran empleados de las instituciones ya comprendidas antes de la reforma de 2008 (es decir todos menos aquellos de administradoras de crédito y financieras) es del 17,5%”. Mientras, “en el régimen previsional militar, quienes estén comprendidos en el régimen anterior a la reforma de 2018 aportan montepío del 13%”, añade.

A eso se suma que “los retirados militares y policiales continúan aportando montepío hasta completar 36 y 30 años de aporte, respectivamente”.

¿Qué conclusiones extrae el informe de esta situación de tasas de aporte patronal y personal?

“La heterogeneidad indicada no tiene fundamento previsional y afecta una adecuada valoración del equilibrio o desequilibrio financiero de los beneficios jubilatorios contributivos”, afirma.

“La diversidad de tasas de aportes conspira con la deseable neutralidad en lo que respecta a las tasas de imposición sobre el trabajo. Esto distorsiona la asignación de recursos de la economía, generando pérdidas de eficiencia”, cuestiona el documento.

Además, esa “diversidad de tasas vigentes supone la existencia de mecanismos redistributivos poco transparentes, poco eficientes y de dudosa progresividad”, critica.

“La aplicación en el sector público de tasas de aporte patronal mayores a las del régimen general, lleva implícita una subestimación de las necesidades de asistencia financiera de los subsistemas estatales”, añade el informe.