PROYECTO POLÉMICO

Tras meses de análisis —con varias polémicas incluidas—, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley de gestión integral de residuos, que entre otras medidas establece el cobro de un impuesto a los envases de materiales no descartables (como el plástico).
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?La iniciativa fue votada solo por el Frente Amplio, y recibió críticas de la oposición y los sectores empresariales.

La sesión del miércoles 24 de julio estuvo marcada por los cuestionamientos del senador colorado Pedro Bordaberry al texto a estudio y por la dura respuesta del titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, a lo expresado en contra del proyecto por la Cámara de Industrias (CIU).

El texto votado en Comisión tiene mínimos cambios al enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, y Nario explicó a los legisladores que “la ley genera distintos instrumentos para lograr” la gestión de los residuos.

Por un lado está la “responsabilidad extendida", que se aplicará en algunos sectores —puso el ejemplo de los neumáticos, donde ya se realiza y “tenemos una tasa de recuperación del 65%”— e implica que fabricantes e importadores asuman “los costos totales” del tratamientos de los productos luego de utilizados.

Para el resto de los sectores, como el de envases plásticos, donde “quedó claro que la responsabilidad extendida no era adecuada”, se aplicará una tasa del Impuesto Específico Interno (Imesi) a pagar por el fabricante o importador del producto para financiar la gestión de los residuos que generan.

El texto establece el valor máximo de ese impuesto por unidad —luego deberá fijarlo el Poder Ejecutivo—: 180% para bandejas y cajas descartables utilizadas para contener productos; 20% para film plástico; 180% para vasos, platos, cubiertos y demás utensillos de mesa descartables; 180% para bolsas plásticas de un solo uso para transportar bienes (incluidas las biodegradables impulsadas por la ley de bolsas aprobada recientemente).

En el caso de los envases plásticos y de otros materiales no descartables, el proyecto dice que el impuesto “se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física, cuyo valor máximo será de 10 Unidades Indexadas (UI) —unos $ 42 a valores de hoy— por kilogramo”.

Nario dijo que el valor de esta tasa “no va a interferir en la competitividad internacional porque es un tributo interno”.

Sobre lo expresado por la CIU de que será un impuesto que pagarán los consumidores, el jerarca respondió: “Si pensamos en un producto de uso masivo como puede ser una bebida de un litro y medio, estamos hablando de (una tasa de) menos de un peso. Son bebidas que están en el entorno de $ 100 y, por lo tanto, pasarían a costar $ 101. Quien piense que esto va a generar algún problema en la competitividad de alguna empresa de refrescos, está equivocado”.

El planteo de Nario de que en el sector de envases plásticos no sirve la responsabilidad extendida responde a que el proyecto de gestión de residuos implementado en acuerdo con los privados desde 2007 no dio buenos resultados. Dijo que hay “una tasa de recuperación del 3%” que es “claramente insuficiente y demuestra que la estrategia no ha funcionado y no ha tenido cobertura territorial, ya que después de diez años está presente solo en seis departamentos”.

“Opino lo contrario a lo que se dijo en un comunicado de la CIU en cuanto a que podemos tener problemas con la Unión Europea (UE) por esta ley. Estamos convencidos de que vamos a tener un problema con la UE si no avanzamos en esta ley, porque tener un 3% de recuperación es una vergüenza internacional”, añadió el director de Medio Ambiente.

Hace unas semanas, el presidente de la CIU, Gabriel Murara, había manifestado a El País que tanto el proyecto original como el nuevo surgido de la Comisión son “un tema tributarista y no de mejora del medio ambiente en general”. Agregó que se incorpora “un impuesto que lo va a terminar pagando la población, vamos a perder competitividad y a seguir facilitando el producto importado”.

Nario retrucó esa visión y planteó por el contrario que se establece “una equidad tributaria”, porque señaló que “se genera un tributo ambiental, cuyo único fin no es de recaudación, sino financiar el funcionamiento del sistema” de clasificación y tratamiento de los residuos.

Indicó que “hoy todos los uruguayos están pagando por recoger sus envases, o está pagando el ambiente por no recogerlos, cuando, en realidad, deberían pagar quienes hacen uso del producto que termina dejando un envase en el medio ambiente”.

En esa línea, el titular de la Dinama expresó en un mensaje a empresarios y consumidores: “no es contamino y me olvido, sino asumir la responsabilidad”. En base a “algunos comentarios públicos”, Nario remarcó que la discusión del proyecto demuestra “que en realidad, lo que no hay es voluntad para financiar la gestión” de los materiales no descartables.

A su vez, el jerarca señaló que el sistema de gestión de residuos reflejado en el proyecto de ley “fue construido en colectivo”. Subrayó ante la Comisión de Medio Ambiente que “podríamos haber tenido esta ley mucho tiempo antes, propuesta por el Poder Ejecutivo, pero ese nudo que implicaba tener en cuenta la visión de los clasificadores, de los distintos subsectores comerciales, de los gobiernos departamentales y de los organismos públicos, nos llevó un proceso largo, pero fructífero”.

Un punto donde sí se tuvo en cuenta los reclamos de la oposición y empresarios fue al incorporar una devolución del impuesto para aquellas industrias que gestionen sus residuos.

“La lógica es que se le cobra un tributo ambiental a un envase, cualquiera sea su destino posterior, y después se permite un crédito fiscal a quien realice determinadas actividades. Por ejemplo, quien genere un 100% de retornabilidad tendrá un crédito fiscal igual al tributo que se le estableció”, detalló Nario.

Reconoció que esto se incorporó por “pedido de las empresas, para evitar que no tengan ningún incentivo a realizar otro tipo de gestiones” con sus desechos. “Si las empresas no quieren que se les cobre ningún tributo en el saldo neto, simplemente tienen que ir al sistema de retornabilidad o captar en el sistema privado la misma cantidad de envases que vuelcan al mercado”, dijo el jerarca.

La oposición en contra de poner una tasa y de otros artículos

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que se expresaron en contra del proyecto de ley fueron el senador colorado Pedro Bordaberry y la nacionalista Carol Aviaga, aunque ambos aclararon que comparten el espíritu de la normativa. Sus críticas apuntan al método de financiamiento y a algunos aspectos técnicos del articulado.

Aviaga, presidenta de la Comisión, dijo que la responsabilidad extendida “debe generalizarse” imponiendo a todos los integrantes de la cadena “planes de gestión de residuos vinculados a metas de eficiencia fácilmente comprobables y atadas a incentivos y frenos establecidos de forma general mediante programas públicos”.

También indicó que para la financiación “la mejor opción es crear una tasa ambiental de gestión de residuos”, y Bordaberry complementó que debiera ser pagada por “quien utilice el sistema” de tratamiento de los materiales no descartables, para evitar cargar al consumidor.

Además, el legislador colorado no avaló que se mandate a los gobiernos departamentales a establecer mecanismos de recolección selectiva de residuos —es potestad de las Juntas y podría ser inconstitucional— y cuestionó que se imponga un tributo a las bolsas biodegradables “que alentamos que se produjeran”.